El 21 de enero de 2024, sólo tres días antes de las primarias presidenciales de New Hampshire, los residentes del estado de Nueva Inglaterra recibieron una llamada telefónica del presidente Biden en la que les instaba a reservar su voto para las elecciones de noviembre. Sin embargo, Joe Biden nunca grabó ese mensaje: se imitó su voz mediante inteligencia artificial para intentar engañar a los votantes demócratas y así desalentar su participación en las primarias.

El Estado de Derecho se funda, además de en la garantía de los derechos individuales, en el respeto de las competencias de los órganos de ese mismo Estado, competencias que ha diseñado y repartido la Constitución. Un Estado donde las competencias de cada órgano se ven mediatizadas y hasta neutralizadas por la acción de poderes de facto que pretenden suplantar a esos órganos, es un Estado de Derecho mermado. En España empieza a ocurrir que los órganos legítimos que representan a la soberanía nacional (las Cortes y, tras el otorgamiento de la confianza por parte de éstas, el Gobierno) ven obstaculizada su acción por poderes ocultos que manejan quienes se prevalen de las potestades que les ha otorgado el ordenamiento para desviarse de sus fines y lanzarse a la lucha política, siempre contra el Gobierno y contra la mayoría parlamentaria legítima. Las vicisitudes que está atravesando la tramitación de la proposición de ley de amnistía es un ejemplo de cómo ciertos poderes, que deberían estar fuera de la política se lanzan a la labor opositora. No es la primera vez que ocurre con el Gobierno del Presidente Sánchez, pues en diciembre de 2022 pudimos ver cómo el Tribunal Constitucional, presidido entonces por un activista de la derecha, intentó impedir la acción del Parlamento (véase Javier García Fernández: “La desestabilización constitucional de España”, El País, 19 de diciembre de 2022).

Resulta muy difícil hacer un comentario crítico sobre una sentencia del Tribunal Supremo, no solo por ser el órgano jurisdiccional superior, orgánicamente hablando y porque es el encargado de fijar la jurisprudencia, sino también porque quienes ejercemos en el ese Alto Tribunal, en la misma Sala de la que emana una sentencia, para llevarlo a cabo hay que dejar de lado los aspectos personales y profesionales en relación con quienes a diario comparte tareas y respeta como grandes juristas. De ahí que estas notas no pretendan ir más allá de un mero testimonio, desde la deformación profesional de quien ha ejercido de profesor de derecho procesal durante más de veinte años en el departamento de esta rama en la Universidad Carlos III de Madrid, y sin ninguna otra pretensión que aportar una visión, quizás diferente, a lo que unos juristas, sin duda eminentes, consideran se trata de una cuestión meramente adjetiva.

Alberto Núñez Feijóo quiso empatizar con los medios de comunicación (periódicos, digitales y audiovisuales), con ensayo de distensión con pulpo por medio. Aquel pulpo compartido entre jefe de la oposición y periodistas, con su sabor y textura, a diez días de la cita electoral, ha acortado precisamente en diez días la campaña que daba soporte a la convocatoria. Ni pellets ni tractores.

¿Sabías que el 62,9 por ciento de la población en España nunca ha pertenecido a una asociación, y esa cifra se dispara al 80 por ciento cuando hablamos de jóvenes entre 18 y 24 años?

Hay problemas en el campo español. Buena parte del empresariado medio en la agricultura y la ganadería atraviesa dificultades reales con la sequía, la competencia desigual de algunas importaciones, las prácticas desleales en la cadena comercial, la complejidad de los trámites de la PAC… Y, a la vez, muchos trabajadores del campo reciben de sus empresarios salarios bajos y condiciones laborales precarias.

Hoy, ante los desafíos presentes en la economía, muchas voces abogan por preservar la industria. Políticos y académicos lo afirman, sin que se acierte a explicar cómo desarrollar esa tesis. Algunos hablan de mantener calificaciones industriales en suelos de polígonos, un planteamiento que responde más bien a ideas de otro momento y que, probablemente, no se relacionen con la situación actual. Partimos de otros preceptos: la ciudad metropolitana es el ámbito en el que deberían moverse unas iniciativas que deben considerar, entre otros factores, la transición energética y el problema de la vivienda. En tal sentido, la multiplicidad de usos obliga un urbanismo que aligere la transformación industrial, en un sentido laxo del concepto, en el que incluir los servicios avanzados y, también, el turismo (sobre esto, Miquel Barceló: Innocities. Urbanismo, economía, tecnología y cambio social, 22@ Network, Barcelona).

Las movilizaciones de tractores por casi toda España, a excepción de Galicia, adquieren un alcance especial. Nuestra alimentación, la de todos, podría estar en juego y la supervivencia del campo, exageran los convocantes de la protesta, pudiera verse menoscabada. Pese a las exageraciones, las reivindicaciones que exigen los agricultores requieren de una atención especial. Las demandas no son unitarias, sino más bien diversas. A grandes rasgos, hay pequeños agricultores y grandes propietarios, que adoptan distintas formas de defensa de sus intereses. Los hay asociados en organizaciones como COAG, para los pequeños agricultores y ASAJA, para los grandes propietarios. Ahora ha surgido una plataforma que se denomina 6 F, al frente de la cual se encuentran personas vinculadas en su día al partido de ultraderecha Vox y a la Plataforma Desokupa. La nueva entidad ha surgido en las redes, convoca a sus seguidores por vía de watsapp y se propone llevar la voz cantante de un conflicto que se plantea como meta “bloquear Madrid”, como pregonan.