El undécimo día de la guerra en Ucrania llega tras la suspensión este sábado de la evacuación de la población civil de Mariupol y Volnovaja debido a la continuación de las operaciones militares y a la espera de que mañana lunes comience la tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas para buscar un cese de hostilidades.

En la agresión que Vladimir Putin –no Rusia– está perpetrando contra Ucrania en estas horas está pasando desapercibido el papel jugado por lo que, en Derecho Penal, se califica como el cooperador necesario en la comisión de un delito.

La política de Estados Unidos y Europa en Ucrania parece basarse en un simple cálculo: si los beneficios de la paz superan a los de la guerra, el Kremlin se abstendrá de utilizar la fuerza armada. Los responsables de la OTAN amenazan regularmente a Rusia con toda una serie de represalias que serían insoportables para un país con un PIB similar al de Holanda, con un gasto militar comparable al de Francia y que, además, sabe que un conflicto abierto con Ucrania, cuya población, salvo en el Este, le es mayoritariamente hostil, le resultaría muy costoso.

Hay momentos en la historia en los que el destino nos alcanza, por mucho que lo hayamos estado rehuyendo hasta entonces. En esa situación se encuentra el Partido Popular tras las elecciones de Castilla y León. En Murcia, Andalucía y Madrid ha podido ir esquivándolo bajo la fórmula de no incluir a Vox en los gobiernos, aunque sí recabar su apoyo parlamentario cada vez que ha sido necesario para aprobar presupuestos o leyes importantes. Pero, ahora, el sí de Vox es imprescindible para investir un gobierno de derechas en Castilla y León y Vox exige a cambio formar parte de él.

No voy a ayudar con mi artículo a clarificar la posición, más bien todo lo contrario. Veo tantos matices que me siento incapaz de pronunciarme de forma contundente sobre la necesidad de crear un cordón sanitario a Vox.

Me encuentro ante dificultades morales y estratégicas.

En el centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se realizaron dos encuestas de intención de voto en la pasada campaña electoral de Castilla y León. La primera con trabajo de campo del 7 al 22 de enero, con un total de 7131 entrevistas y la segunda del 31 de enero al 2 de febrero, con una muestra de 3918. Se trata de las encuestas con mayores muestras con anterioridad al día de las votaciones. En ambas se incluyó la pregunta de intención de voto directa, pregunta que permitió extraer una submuestra de aquellas personas que contestaron que votarían a una de las distintas opciones de lo que viene en denominarse las candidaturas de la España vaciada. Pues bien, con la fusión de los dos estudios, el número de personas que dijeron que tenían decidido el voto por alguna de esas candidaturas fue de 613. De este número, 306 optaron por Unión del Pueblo Leonés (UPL), 79 por Por Ávila (XÁvila), 120 por Soria Ya y 108 por distintas opciones como Vía Burgalesa (27), Zamora Decide (29) o España Vaciada (56).

Algunas reflexiones personales sobre lo de ayer en Castilla y León.

1. Cuenta atrás para Casado:

Enorme fracaso del PP, pero, sobre todo de Pablo Casado. Iban a por la mayoría absoluta, y si se descuidan no les salen los números ni encamándose con Vox. Resultados cantan: el PP ganó ayer dos escaños en relación a 2019, pero pierde 55.000 votos. Siendo el primer partido, le saca al PSOE, el segundo, tan solo un punto y tres décimas y 15.000 votos de diferencia; una miseria. El presunto prestigio de Casado está políticamente liquidado tras las elecciones de Castilla y León: dinamitó un Gobierno estable del PP en la región que contaba con un socio fiable (y encadenado) como era Ciudadanos, para cambiarlo por otro que dependerá de Vox, el partido fascista que le está comiendo el electorado a bocados en todas partes.

El Real Decreto Ley 32/2021, la norma en materia laboral preparada por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, tiene como objetivo, para algunos, derogar y para otros, modificar la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno popular de Mariano Rajoy.