Las declaraciones del ministro de consumo Alberto Garzón en relación al peligro que suponen las macrogranjas, tanto para la calidad alimentaria, como para el medio ambiente y el despoblamiento rural, y en consecuencia de la necesidad de reconducirlo hacia un modelo extensivo y sostenible, forman parte no solo del programa de la estrategia europea sino también de la estrategia del gobierno español para 2050 y de las iniciativas de los gobiernos de las CCAA más afectadas, y asimismo de las preocupaciones de una gran mayoría de la opinión pública, no solo la española sino también de la europea.

Recientemente se ha conocido la encuesta de 40dB para El País y la Cadena Ser que dibuja la imagen de un gobierno de coalición, que según lo resume su directora Belén Barreiro, lo hace bien pero cae mal.

La calidad de la democracia se mide, entre otros parámetros, por la solidez y la responsabilidad de la oposición. Hace muchos años un constitucionalista francés, Jacques Gicquel, decía que Gobierno y oposición son socios comprensivos, a la manera de una pareja, y su código de conducta es: 1) concurrencia para la conquista del poder; 2) tolerancia en el ejercicio de éste; y 3) alternancia o cambio de la mayoría política (Droit constitutionnel et institutions politiques, París, 1993, pág. 196). Viene a cuento esta idea del catedrático de la Sorbona cuando observamos el comportamiento opositor del Partido Popular y de su Presidente, Pablo Casado, un comportamiento en parte errático y en parte destructivo y cuando decimos destructivo no es destructivo del Gobierno o de los partidos que lo forman, sino destructivo del sistema democrático.

"Se puede considerar que una Reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado sino como una transformación gradual de un sistema, estructura, institución, etc".

El término reforma es polisémico, por un lado goza todavía de un alto prestigio en el ámbito político, debido a la primera etapa de la transición política y luego de la normalidad democrática, aunque en el terreno económico, sobre todo en las últimas décadas, remite mayoritariamente a la política neoliberal de los recortes y las privatizaciones y a sus negativas consecuencias sociales.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, no enviará la reforma universitaria a las Cortes si no hay una predisposición favorable a aprobarla por parte de los grupos políticos y, en caso de tramitarse, quiere el apoyo de una "mayoría absoluta", no basta con que sea "suficiente" para sacarla adelante.

Cuando Podemos concurrió por primera vez a unas elecciones era prácticamente una fuerza desconocida. Se celebraban las Elecciones Europeas de 2014 y entonces solo se sabía que era el partido del “de la coleta”, ese joven profesor universitario que aparecía en televisión, que tenía la capacidad de explicar de forma pedagógica las causas de la crisis económica que atravesaba España y de salir indemne de las tertulias de la derecha a las que acudía.

Y el PP quiere gobernar con el fascismo en Madrid, como ya lo hace en Murcia. Y gobernarán juntos si la mayoría de madrileños con valores progresistas no acude a votar el 4 de mayo.

En estos tiempos populistas, los partidos dedican ya la mayor parte de su actividad a sí mismos: a la difusión y agitación de su relato, a la defensa y la disputa del espacio electoral propio o a sus movimientos internos, las más de las veces de adhesión personal, dejando las propuestas, la negociación y el gobierno de las cosas en un segundo plano. La derecha parece haberlo entendido en la Comunidad de Madrid mejor que nadie, con su refundación trumpista y radical.