Ser joven nunca fue fácil. Sin embargo, casi siempre se mantuvo en vigor una especie de contrato generacional implícito. Ese pacto no escrito aseguraba cierta proporcionalidad entre el esfuerzo que el joven estaba dispuesto a desarrollar, el nivel de su formación y la calidad del empleo al que podía acceder. La disposición de un empleo garantizaba razonablemente también una vida digna e independiente.

Es una cita que resume tantas cosas. Me disculpen la pereza de no buscar en qué artículo la cité con fuentes. A cierta edad cuesta caminar hacia atrás. El intelectual húngaro, muy famoso por su oposición al régimen comunista explicaba su sociedad tras la caída del telón de acero: “cayó el comunismo y nos sucedió el capitalismo”. No había otra. Esa pesadumbre de lo inevitable (solo gato blanco, solo gato negro) definía las formas de vivir el presente y enjaulaba los futuros posibles.

Es frecuente que las élites patronales atribuyan a los dirigentes sindicales un practicismo limitado al menudeo y el regateo para arañar “meras ventajas salariales”. Craso error. Detrás de las prácticas encaminadas a dignificar la vida cotidiana de millones de trabajadores –pues tal es el propósito central de la lucha sindical- existe un contundente bastidor teórico; por cierto, del que suelen carecer los agentes patronales. Así lo demuestra la historia de las grandes centrales sindicales españolas, preocupadas sobremanera y desde siempre por este decisivo componente formativo de su identidad. Lo acaba de corroborar Unai Sordo (Baracaldo, 1972) secretario general de Comisiones Obreras, en un diálogo sobre la formación de cuadros sindicales, ante intelectuales, profesores y alumnos, celebrado en la Escuela del Trabajo que su sindicato tiene en el barrio de Las Rosas de Madrid. Su interlocutor fue el intelectual, político y parlamentario catalán Joan Coscubiella (Barcelona, 1954), actual director del centro, donde se pertrecha con conocimientos específicos a centenares de delegados sindicales procedentes de todo el país.

España necesita abordar una reforma de su fiscalidad para que sea justa, page más quien más tiene, se persiga el fraude fiscal y se explique a los ciudadanos adecuadamente la finalidad y la utilización de los impuestos, dentro de un nuevo contrato social para el siglo XXI, donde conseguir un aumento de la prosperidad, de la igualdad y del bienestar de la población.

Todavía hay quien desde la izquierda social atribuye al Pacto de Toledo todos los males de las pensiones y considera erróneamente que es el adversario. Sin embargo, yo sigo afirmando que el Pacto de Toledo ha sido el principal dique de defensa del sistema público de pensiones frente a la continuada ofensiva privatizadora, al apoyarse en un amplio consenso social y político, por una parte de los sindicatos y la patronal y por otra de los grupos parlamentarios de la comisión especial del Pacto de Toledo.

Resulta pronto para determinar cuál será el papel de Alemania sin Merkel.

Para los clásicos de la Ciencia Política, los partidos cumplen varias funciones, entre las que hay que destacar el reclutamiento y la formación del personal político, la agregación de demandas sociales, la comunicación entre gobernantes y gobernados y el encuadramiento de preferencias electorales (por todos, Josep Maria Vallès: Ciencia política. Una introducción, Barcelona, 2010, 8ª ed., págs. 369-371). En esa interrelación con la sociedad, la acción política de los partidos tiene efectos tangibles o irrelevantes para la propia sociedad y para franjas específicas de la misma. Para que esa acción política no sea irrelevante, es necesario que el partido, como organización, actúe eficazmente sin lastres internos. Y el momento en que se plasma la disposición de los partidos para una acción política eficaz es el de la celebración de sus congresos nacionales, cada varios años.

Han trascurrido veinticinco años desde el I Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos (I ASEC), de ámbito estatal que fue firmado el 25 de enero de 1996. El pasado 22 de septiembre se celebró el 25 aniversario, organizado por el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje -Fundación del Sector Público (SIMA-FSP)- la fundación encargada de gestionar el desarrollo del Acuerdo- con la participación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social y las organizaciones firmantes del primer Acuerdo, representadas por los presidentes de CEOE y CEPYME y los secretarios generales de CCOO y UGT.