Los actuales procesos económicos y productivos -las transiciones tecnológica y medioambiental; la globalización que ha provocado un aumento de los desequilibrios y la concentración de la riqueza, junto con las deslocalizaciones, la externalización productiva, la subcontratación y deslaboralización- han elevado los poderes empresariales a costa de debilitar el derecho del trabajo y la negociación colectiva. Ante estos contextos la Confederación Europea de Sindicatos (CES) se ha manifestado repetidamente en favor de más y mejor participación de los trabajadores, considerando la cogestión o la coparticipación, como el derecho de los representantes de los trabajadores de influir en la toma de decisiones, que frecuentemente se toman a nivel europeo o mundial.

Las importantes movilizaciones de estos últimos días, tanto en el transporte por carretera como en el sector agrario, tienen una base objetiva en la subida de los precios de los insumos, la energía y los combustibles de amplios sectores, algo que se ha demostrado también en la composición transversal de los convocantes, con afectados de muy diverso tipo e intensidad, y con unos apoyos que van de la lógica reacción de preocupación y de empatía ante una situación crítica al intento de manipulación política más descarado.

Las correcciones realizadas por las instituciones sobre el crecimiento económico han levantado polvaredas en los medios de comunicación y en las esferas política y económica. Los apocalípticos han vuelto al ataque con este tema. Sin esos histrionismos, algunos economistas han desempolvado el concepto de la estanflación para resumir lo que está pasando ahora: estancamiento más inflación e incremento del paro, con un claro recordatorio a las crisis de 1973 y 1979, avivadas por el incremento en los precios del petróleo (ahora sería la electricidad el detonante). Un argumento de presión a los bancos centrales para que suban los tipos de interés, tal y como se hizo en los años setenta. Y, quizás, volver a la austeridad de la Gran Recesión. Pero los números no acompañan.

El pasado 18 de enero se hizo público uno de los documentos corporativos más esperados del año: la carta que Larry Fink, presidente y fundador de BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo con 10 billones de dólares en activos gestionados, escribe anualmente a los directivos de sus compañías participadas, en la que marca algunas claves de la situación económica mundial.

Para una gran mayoría de españoles nos resulta incomprensible que la Reforma Laboral, que ha conseguido el acuerdo de los agentes implicados y lógicamente enfrentados por tener intereses contrapuestos – empresarios y trabajadores -, no consiga la unanimidad del Parlamento porque prevalecen los intereses partidistas por encima del interés general.

Es indudable que la reforma laboral recientemente alcanzada entre CCOO, UGT, CEOE, Cepyme y el Gobierno Progresista supone un paso importante en la recuperación de los derechos de los trabajadores.

Los datos registrados en el Servicio Público de Empleo (SEPE) confirman que el año 2021 terminó con 728.233 parados menos, y casi 20 millones de afiliados a LOS BUENOS DATOS DEL PARO la Seguridad Social (19.824.911), la mejor cifra desde hace catorce años. Diciembre fue el décimo mes consecutivo con descenso en el número de parados, el período más largo de la serie histórica. No se había creado tanto empleo desde 2005, cuando la regularización extraordinaria de inmigrantes por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La semana próxima será aprobada definitivamente la “Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”. Esta ley, a la que llamaremos “El Acuerdo de pensiones”, se fundamenta en la voluntad política de preservar aquello que nos ha protegido y nos ha cohesionado como sociedad a lo largo de nuestra historia democrática: nuestro sistema de protección social. Este nuevo acuerdo hace el sistema sostenible, garantiza la suficiencia de las pensiones y supone la derogación definitiva de la reforma de pensiones llevada a cabo por el Partido Popular en 2013. Una reforma, por cierto, que no solo soslayó el acuerdo parlamentario y el diálogo social, sino que, más importante aún, suponía una transformación radical del sistema: en 20 años las pensiones se verían reducidas un 40%. Con otras palabras, abocaban el sistema a pensiones de beneficencia.