Desde hace varios años la dirección de las grandes instituciones culturales, como son ciertos museos relevantes, ha sido oscuro objeto de deseo. A principios de este siglo se inició en España una operación destinada a arrebatar al Gobierno y a la Administración el control de los grandes museos. La fórmula: exigir que la provisión de la dirección de estos grandes museos no correspondiera al Gobierno (que dirige la política interior como establece el artículo 97 de la Constitución), sino a una comisión de “expertos independientes”. Además, la selección de director no debía hacerse por un periodo de tiempo indefinido, sino con plazos determinados. Eso es lo que a principios de siglo empezó a denominarse en el mundo de la Cultura el “código de buenas prácticas”. Era una operación muy bien pensada por parte del lobby de directores de museos privados y de algunas galerías de arte para imponer sus candidatos al Gobierno y para sacar a los grandes museos de la dirección del Gobierno que, no se sabe por qué, tenía que renunciar a la dirección de grandes centros culturales, aunque fuera responsable de los mismos ante el Parlamento.

En las ciencias sociales la invención de conceptos y categorías es siempre arriesgada por lo que puede tener de banalización o simplificación de realidades complejas. En la actualidad tenemos el concepto de “trumpismo” que empieza a aparecer en los medios de comunicación y que está conectado a ciertas conductas del anterior Presidente estadounidense Donald Trump. Sin pretender convertirlo en categoría científica, el trumpismo (podemos quitarle las comillas) puede ayudar a entender algunos fenómenos políticos relativamente nuevos que han aparecido en Estados Unidos durante la Presidencia de Trump y, sobre todo (como veremos a continuación), tras su derrota electoral en noviembre de 2020. A nuestro entender, el fenómeno del trumpismo está saliendo de Estados Unidos y se está extendiendo por el resto del continente americano y también, con otros rasgos, por Europa.

La propuesta que ha formulado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) viene a desbloquear la renovación de cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional que estaba pendiente desde junio de este año. La renovación propuesta por el CGPJ era una exigencia del actual Presidente del Tribunal Constitucional para acceder a la renovación de los Magistrados que designa el Gobierno, propuesta que hizo el Consejo de Ministros a finales del pasado noviembre y que el todavía Presidente del Tribunal se había negado a tramitar. Más abajo nos referiremos al trasfondo “trumpista” de la negativa a renovar los Magistrados del Tribunal Constitucional, pero ahora conviene glosar el acuerdo del CGPJ de 27 de diciembre.

La decisión final del Tribunal Constitucional que prohíbe al Senado tramitar las enmiendas relativas al modo de elección del propio Tribunal Constitucional que fueron incorporadas a la proposición de ley de reforma del Código Penal es, como se ha destacado por parte de juristas y políticos, una quiebra al sistema de separación de órganos constitucionales que caracteriza a nuestra Constitución. Nos vamos a limitar aquí a enumerar las gravísimas infracciones jurídicas que ha cometido el que tendría que ser el defensor de la Constitución pues incorporamos a esta edición de Sistema Digital varios trabajos de buenos especialistas y nosotros mismos ya lo hemos publicado en días anteriores (Javier García Fernández: “La reforma del modo de elección del Tribunal Constitucional” y“¡¡¡¡Última hora!!!! Nueva táctica del Partido Popular: el salto al Congreso”, Sistema Digital, 14 y 16 de diciembre de 2022; y “La desestabilización constitucional de España”, El País, 19 de diciembre de 2022).

Al socaire de la tramitación de la proposición de ley socialista y de Unidas-Podemos para la trasposición de Directivas europeas y para la adaptación de la legislación penal a la ordenamiento de la Unión Europea, los Grupos Parlamentarios proponentes han presentado una enmienda para desbloquear la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, elección que la derecha política y judicial, con apoyo del Presidente del Tribunal Constitucional, está obstaculizando desde junio de este año (Javier García Fernández: “¿Quién incumple la Constitución?”, Sistema Digital, 9 de diciembre de 2022).

“Este hombre no es de ayer ni es de mañana / Sino de nunca; de la cepa hispana / No es el fruto maduro ni podrido, / Es una fruta vana…”

(Antonio Machado: “Del pasado efímero”, Campos de Castilla)

Si entre 2012 y 2017 el Gobierno del Presidente Rajoy hubiera actuado con menos desidia y con más inteligencia, la declaración de la independencia en Cataluña no habría llegado tan lejos. No digo que no hubiera sido necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero la tensión habría sido bastante menor. Ello no supone responsabilizar al Gobierno de Rajoy de lo que es responsabilidad del independentismo, pero sí repartir responsabilidades de una operación política en la que muchos sujetos (el Gobierno de Maragall que inició una reforma estatutaria que nadie pedía, el Tribunal Constitucional que tardó cuatro años en dictar Sentencia sobre el Estatuto, el Partido Popular que vio en el Estatuto una ocasión de captar votos, etc.) actuaron con frivolidad, con ingenuidad y, sin duda, con desidia.

La exhumación de los restos mortales de Queipo de Llano, de su mujer y del General del Cuerpo Jurídico Francisco Bohórquez, que estaban enterrados en la Basílica de la Macarena de Sevilla, ofrece un simbolismo que debe glosarse, simbolismo que conecta con el sentido de la nueva Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. A continuación vamos a comentar el significado de sacar los restos mortales de Queipo de Llano de una basílica católica de uso público, las causas por la que las derechas españolas rechazan la nueva Ley y, en fin, la dimensión conciliadora de la nueva Ley.

Núñez Feijóo aún no lo sabe, pero la marcha atrás para su cese como Presidente del Partido Popular ha empezado a correr. La primera vez en que podía demostrar su capacidad de liderazgo en el seno del partido se ha saldado con una notable derrota en donde ha salido ganadora Díaz Ayuso. Y en política hay oportunidades que no se repiten. No volverá a tener una ocasión igual en donde pueda demostrar que es él quien manda realmente en el Partido Popular.

Entre las noticias que van filtrándose acerca de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se comenta con frecuencia que el Partido Popular no desea que los futuros Vocales de este órgano posean perfil político, es decir, que hayan desempeñado puestos políticos en el pasado, lo que comportaría vetar a ciertos candidatos que propongan otros partidos. El fin de este deseo sería, según dicen los populares y sus aliados mediáticos, asegurar la independencia de la Justicia frente a una supuesta politización de ésta. No está claro si ese veto a los políticos se refiere a todos los Vocales del Consejo o sólo a los de extracción judicial, pero ya es indicativo de la mentalidad del partido conservador. Merece por ello glosarse la coherencia de este deseo del Partido Popular, qué entienden las derechas, política y judicial, por politización de la Justicia, qué es lo que en realidad politiza la Justicia y qué tipo de exclusión comporta la postura del Partido Popular.

El jurista alemán Rudolf Smend (1882-1975) indagó sobre los elementos espirituales que subyacen bajo el Estado. Decía Smend que las formas espirituales colectivas no constituyen sustancias estáticas, sino que son una unidad de sentido en continua actualización. Por eso, el Estado se desarrolla mediante un proceso de continua renovación y Smend describía ese proceso con la expresión de integración, porque es un proceso de integración del propio Estado en la realidad. Para el jurista alemán, la eficacia de la función integradora depende de que su principio constitutivo tenga en sí fuerza integradora y que integre realmente a toda la comunidad política. Las formas de integración son muy variadas y pueden ser personales (especialmente el caudillaje), funcionales (tienden a reforzar la vivencia comunitaria en la vida social) y materiales (los fines jurídicos y culturales del Estado) (Rudolf Smend: Constitución y Derecho constitucional, Madrid, 1985, págs. 62-106).

La esperada crisis del Gobierno catalán de coalición se ha producido. Como se comentaba en la prensa catalana, la duda era si el Gobierno estallaría en este mismo otoño o después de las elecciones municipales (Francesc-Marc Álvaro: “El rito y el lío”, La Vanguardia, 26 de septiembre de 2022). Pero Puigdemont y Borràs no han querido esperar y han preferido echarse ya al monte. ¿Por qué la crisis? ¿Qué efectos tendrá en la política catalana? ¿Qué efectos producirá en la política española?

El peso político de las instituciones de la Unión Europea es limitado. En los medios de comunicación y en ciertos políticos hay expresiones engañosas que se suelen utilizar con fines políticos torticeros como “Europa ordena” o “Europa recomienda”. Normalmente, Europa no ordena ni recomienda porque todos los órganos de la Unión (especialmente la Comisión y el Parlamento) conocen muy bien el alcance del Derecho comunitario y saben por ello que muchas de las materias que algunos políticos de los Estados miembros invocan para que “Europa” tire de las orejas a los Estados son de competencia nacional o, al menos, no son materias de competencia comunitaria conforme a los Tratados. Eso es lo que está pasando con el agotador e inacabable tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ en lo sucesivo), donde las derechas españolas, política y judicial, han intentado apoyarse en un Comisario europeo, el liberal belga Didier Reynders, para obligar al Gobierno a renunciar a su concepción democrática de la composición del CGPJ y, de paso (aunque es un tema conceptualmente distinto), a que renuncie a su potestad constitucional de proponer al Rey el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional. Otra vez la historia interminable.

El resultado de las elecciones de Italia ha confirmado no sólo los sondeos, sino la impresión que adelantaban muchos analistas de que se trata de una situación política volátil y en ebullición cuyo rumbo final aún no se conoce. Con unos datos que empiezan a sentarse vamos a examinar: a) el sentido de los resultados; b) las posibles causas de estos resultados; y c) las previsiones políticas inmediatas, tanto internas como en el ámbito de la Unión Europea.

El descubrimiento de las fosas de Izlum, con cerca de quinientos cadáveres, se viene a unir a otros descubrimientos similares o la matanza de la prisión de Olenivka. Moscú tiene oficio en la perpetración de matanzas como se vio en Katyn y el caso de Izlum es otro más, porque si algo se ha comprobado en la agresión rusa contra Ucrania es que Putin no duda en atacar a la población civil y a las infraestructuras civiles como viviendas y hospitales. Nada nuevo en las guerras: estos días estamos viendo Londres con ocasión de los actos mortuorios de la Reina Isabel II, pero deberíamos recordar cómo era Londres a mediados de 1945, tras los bombardeos alemanes. Precisamente en los lugares donde ha estado expuesta la Reina, en el Hall y en la Abadía de Westminster, hay placas que recuerdan a las personas que murieron por causa de los bombardeos alemanes. No ha de extrañar por ello que tras los bombardeos alemanes en muchos países de Europa (Rotterdam, Belgrado, etc.) la propia Alemania fuera arrasada por los bombardeos aliados, empezando por Dresde.

El presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, está necesitado de mostrar que es el líder de la oposición y de su partido. De modo que, como inicio de la nueva temporada política, desafió al Gobierno pidiendo un debate en el Senado, que es la Cámara donde él está presente. Pensaba que el Gobierno no aceptaría el desafío, pero no fue así y de inmediato el Gobierno solicitó una comparecencia de su presidente, para debatir la crisis energética, comparecencia que ha tenido lugar el 6 de septiembre. No se puede decir que el debate haya servido para consolidar el liderazgo de Núñez Feijóo en la sociedad y en su partido.

El primer debate sobre el Estado de la Nación que ha convocado el Presidente Sánchez se ha resuelto de manera muy positiva, tanto para el Gobierno como para el conjunto de los ciudadanos españoles. Veamos, en primer lugar, el sentido político de la intervención del Presidente del Gobierno y, en segundo lugar, las respuestas de los distintos sujetos. Pero antes, conviene avanzar dos acotaciones.

El desmesurado aumento del límite de renta familiar para solicitar becas para estudiar el bachillerato en los centros no públicos de la Comunidad de Madrid (desde 10.000 euros al año a 100.000 euros) no es anecdótico. Tampoco es anecdótica la justificación de esta elevación por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad: