Pulso a la justicia

Para los no enterados del conflicto, lo resumo muy brevemente. Ante muchas quejas de padres de alumnos de ver que sus hijos no aprenden ni dominan las dos lenguas oficiales: catalán y castellano, presentaron múltiples denuncias en diversos Juzgados, para reclamar el cumplimiento de educar en las dos lenguas.

Muchos años atrás, se acordó por consenso, educar vía inmersión lingüística. Veníamos de la larga dictadura, en la cual el catalán estaba prohibido. Era lógico recuperar el tiempo perdido y dedicar especial atención a la lengua materna de una gran parte de los alumnos de Cataluña. Eso, teniendo claro que todos debían terminar estudios con un pleno dominio de las dos lenguas oficiales.

Todo ha ido relativamente bien, hasta que algunas personas, colectivos y finalmente partidos políticos, vieron en las lenguas, una vía de confrontación y aprovechamiento político. A partir de ese momento, la escuela se ha convertido en lugar de batalla y todo lo que se decide es puesto en cuestión, acabando en los tribunales.

Los tribunales se encuentran con denuncias, complicadas de resolver, porque todo lo relacionado con la enseñanza es discutible y objeto de polémica. Al final, el TSJC decidió resolver, para evitar más discusiones, que el castellano debía tener un mínimo del 25% en el currículum escolar. Gran escándalo, proclamas al viento, concentraciones y manifestaciones por una resolución, inaceptable para una parte del espectro político catalán.

Pasados muchos meses, llegamos al final del plazo dado por el TSJC. Y como siempre los deberes por hacer, por parte del Ejecutiva catalán. A la vista de las consecuencias que podía acarrear el incumplimiento, se decide redactar una nueva ley que deje claro el tema lingüístico. Con una nueva ley, es cierto que el TSJC, podría dar por resuelto el conflicto.

Pero, una vez más, a los partidos independentistas no les va el acuerdo ni el consenso, y fuerzan algunos cambios, no acordados entre los partidos. Ya a las puertas del final de plazo, se sacan de la manga un Decreto que no habla de porcentajes de lengua, y deja a los claustros la aplicación de las normas que consideren oportunas.

Peligroso precedente, y sobretodo grave error, si creen que el TSJC dará por cumplida la resolución. Con la nueva ley, era viable. Con el Decreto, no. Es más, parece como si el Gobierno catalán quisiera echar un pulso y proponer una solución al conflicto, a beneficio de parte, dejando fuera a la otra parte. Esto no será aceptado ni por los reclamantes ni por el TSJC, de forma que un nuevo conflicto está servido.

La estúpida confrontación entre los partidos independentistas lleva al país al desastre. Y no solo porque no se gobierna, sino por actuaciones como esta en que pretende imponer una visión concreta a un Tribunal. Nos gusten o no, las sentencias se deben cumplir. Y en este caso la solución pasaba por una nueva ley, que aclare y proteja las dos lenguas oficiales: catalán y castellano, puesto que así lo establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Y porque es de sentido común, dominar las dos, y para poder cumplir este objetivo, es lógico permitir a las direcciones de centros, establecer los programas y condiciones para alcanzarlos. En unas partes se deberá reforzar el catalán, en otras el castellano. Y no olvidemos que todos deberían terminar estudios con tres idiomas.

El conflicto no va a terminar bien, porque la reacción del TSJC puede ser muy dura. Pueden tener la impresión de ser burlados y pretender saltarse la sentencia por la vía de la confusión o imposición de su modelo (el de los partidos independentistas). Lo veremos muy pronto, pero la estupidez nunca ha sido una virtud, para gobernar. Al contrario.