El ciberespionaje es otra amenaza grave para la democracia

Este caso de espionaje, que parece no ajustarse a la legalidad vigente, podría socavar los principios básicos del Estado de Derecho. Ante este atropello, la democracia tiene que responder de inmediato con la activación de los mecanismos oportunos.

Con el ciberespionaje están en juego los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como la calidad y credibilidad de nuestra democracia. Por tanto, es imprescindible que el Gobierno de izquierdas actúe con decisión para explicar si se produjo, cuándo, por qué y por quién.

Y si se cumplió el procedimiento legal. La respuesta a los hechos ha de hacerse con firmeza, poniendo en marcha los mecanismos gubernamentales y de acción parlamentaria.

En especial, dar explicaciones con la mayor transparencia, un control parlamentario específico en la Comisión de Secretos Oficiales, la investigación interna y la rendición de cuentas por el Gobierno.

Nada podía favorecer más las posiciones independentistas, ahora que se trata de avanzar hacia la normalización de la sociedad catalana y de las relaciones políticas, que un supuesto caso de escuchas ilegales de algún organismo o instancia del Estado ante lo que no cabe echar balones fuera.

Por ello, la petición de comparecencia en el Congreso por parte de la propia Ministra de Defensa, Margarita Robles, es un primer paso obligado. Es verdad que las nuevas tecnologías han supuesto muchas ventajas y oportunidades para adquirir mayores conocimientos y facilitar la comunicación.

Pero también nos ha traído problemas graves para el funcionamiento de la democracia global. Por eso, hay que actuar en defensa de la democracia ante estas nuevas formas de amenaza como el ciberespionaje, las Fake News y la utilización de los algoritmos en las redes sociales por parte de plataformas para influir y condicionar las decisiones de la población. Y hacerlo sin dilación a no ser que no queramos ver el elefante en la habitación.

En una sociedad global en la que la gran mayoría de la ciudadanía permanece conectada a su móvil, las organizaciones gubernamentales y los parlamentos, en especial el Europarlamento, deben aprobar una regulación que garantice un uso legal de dispositivos de espionaje como el Pegasus.

Nos va la democracia en ello. Lo que puede conllevar la adaptación de la ley española sobre secretos oficiales y la ley del CNI a las necesidades de un control judicial y parlamentario efectivo, como exige una democracia avanzada en el siglo XXI.