El emérito inviolable, o la justicia real no es justicia

Una pandemia que ha contaminado de arriba abajo a la política y a las instituciones democráticas españolas, provocando una crisis de confianza y más tarde de representación que aún perduran. Posteriormente con la consiguiente respuesta por parte de la justicia, pero en menor medida del parlamento, donde siguen pendientes las principales medidas anunciadas relativas a la transparencia, la protección de los informantes y en definitiva de prevención. Una justicia democrática que sin embargo se ha parado a las puertas de la Zarzuela, dejando paso a una 'sui géneris' justicia real en la que la fiscalía y la Hacienda pública han tenido un papel subordinado a la razón de Estado. Como conclusión la Hacienda pública recobra una parte de lo defraudado y la fiscalía se limita a enumerar la relación de los ilícitos, ocultos tras la inviolabilidad y la prescripción, al tiempo que administra las comunicaciones y los tiempos con hacienda. Todo, al objeto de evitar el juicio penal al rey emérito y la consiguiente crisis institucional. Finalmente, como desde el principio se pretendía, el emérito se ha librado y la monarquía ha aplicado en el ámbito de la casa y la familia real su particular noción de la justicia.

En un principio las medidas de crítica y sanción por parte del rey Felipe VI coincidieron con el confinamiento y luego culminaron en plena pandemia con la carta de despedida, el portazo y la salida de España del rey emérito. Después hemos ido sabiendo la cadena de cohechos, donaciones, regalos, comisiones, fondos fiduciarios, fraude fiscal y blanqueo de capitales al calor de la jefatura del Estado, como si de las sucesivas olas de la pandemia se tratasen. En su última carta el emérito lamenta sus actos como errores privados y en consecuencia asume la pena de extrañamiento y de destierro, eso sí con breves visitas privadas, todo ello a instancias de la justicia del rey. El problema es que no se trata de actos privados sino de la utilización del cargo público para acumular una fortuna privada y para ocultarla al margen de la legalidad.

Además, como ocurre con la pandemia no existen garantías de que no aparezcan nuevas variantes como cuentas, fraudes o acusaciones de acoso que pongan en aprietos a la monarquía. Por eso la justicia real ha dictaminado que es mejor que el emérito permanezca en su retiro dorado de Abu Dhabi y que el anuncio de vuelta sea como mucho como un turista más, y con ello evitarse nuevas regulaciones con Hacienda.

En la carta al rey no hay más explicaciones, pero a pesar de ello el gobierno ha dicho que respeta lo acordado entre el emérito y su hijo, todo en pro de la estabilidad de la monarquía y del Estado.

En el ámbito de la derecha, y dentro de una concepción de monarquía de absoluta impunidad es mucho peor. Porque la derecha asume sin avergonzarse que sin juicio ni pena el emérito es inocente de todos los cargos y en consecuencia insta a la gran mayoría de los españoles que le han criticado a que le pidan perdón. Lo cierto es que sin explicaciones, sin colaboración con la justicia y sin juicio no es posible el perdón en democracia.

Ahora toca la reflexión en el gobierno y en particular del jefe del Estado sobre si debe incluir a la familia y a la casa real y sus bienes e intereses en la ley de transparencia y cómo restringir la inviolabilidad para que, como la inmunidad de la vacuna en la pandemia, la justicia democrática prevalezca sobre la justicia real.