España y su lugar en el mundo

En segundo lugar, con un Reino Unido fuera de la Unión Europea y erradicado ya el lastre de los paralizantes recelos de Londres hacia París y Berlín, le cabe a Europa acceder a un estadio de arbitraje entre las dos superpotencias en liza: tiene ascendiente geopolítico, histórico y cultural propio para hacerlo con desenvoltura. Europa es un gran espacio de libertades y derechos, con economías saneadas, entre muchas otras cualificaciones. Su conversión en árbitro mundial, con ascendiente junto al del multilateralismo emergente, devolverá al continente europeo, unido, su relevancia mundial hoy erosionada. Su adscripción a bloques militares perderá sentido al perder pasadas tutelas y recobrar su propia autonomía también política.

El arbitraje como misión

En tercer lugar, hay que armonizar la competencia franco-alemana que aflora en cada hito de la agenda comunitaria. Tres devastadoras guerras enfrentaron a Francia y Alemania entre 1870 y 1945. Veleidades hegemonistas cegaron a los líderes de ambos Estados. Para evitar su reavivamiento, es precisamente ahí, en esa potencial competencia por la hegemonía europea, donde encuentra España su nuevo y diferencial papel geopolítico. Durante siglos, la política española se vio trufada de interferencias incesantes por parte de británicos, franceses y alemanes; más recientemente, por las de los norteamericanos. Es hora ya de asumir la responsabilidad de una sensata autonomía política española que, en forma de arbitraje español intra-europeo, se alinee con las nuevas funciones de arbitraje mundial a desempeñar por Europa. Nuestra autonomía arbitral, de cooperante equidistancia y amistad compartida, crucial pivote demográfico, económico y cultural de la Europa occidental y meridional, con potentes lazos iberoamericanos, fortalecerá la autonomía arbitral del continente. Y ésta será una contribución crucial a la estabilidad mundial, potencialmente tan amenazada.

¿Cómo encarar esas nuevas funciones puertas adentro de nuestro país? Con método. Es preciso fortificar y definir el papel a desempeñar por España ante sí misma a lo largo del incipiente siglo, que arrancó hace dos décadas pero sobre el que aún colean muchas inercias de la centuria anterior. La tarea será ardua. Como axioma ha de figurar la centralidad femenina en la vida social y económica española, principio capital de la igualdad como origen de todos los caminos, reformas y cambios a emprender.

Empecemos por la Economía. Los Estados necesitan de una fiscalidad eficiente para su desarrollo. Para fortalecerla en España, será preciso hacer aflorar la economía sumergida. Y desmantelar la economía ilícita, desmantelando con ella la benevolencia civil generalizada hacia los delincuentes que expropian la riqueza nacional. Tales serán dos de las bases de una reindustrialización, estatalmente inducida, de la postrada periferia y de la despoblada España interior, donde la agricultura deberá ocupar el preferente lugar que le corresponde, como capital fuente nutricia del país.

Las energías renovables –Sol y viento, dos recursos aquí sobradamente holgados- piden una apuesta firme hacia su desarrollo. Esa meta se conseguirá, además, mediante la disciplina estatal aplicada a los bancos, a los que habrá que instar a abandonar las prácticas especulativas y el desdén social manifiesto, para consagrarse a la inversión industrial y hacia la investigación. Las cuotas de beneficio para la reinversión serán proporcionadas. El mundo del dinero debe desistir de su tendencia a abducir al Estado, para dedicarse a la actividad económica atendiendo a las leyes. Hay que repatriar y gravar el dinero escondido en tantos lupanares tropicales. Existen medios administrativos y legales para conseguirlo.

Hágase tributar al capitalismo de plataformas, el que convierte subrepticiamente a los usuarios de la las redes informáticas en vivero gratuito de valiosos datos personales comercializables, el mismo que extrae ese capital sin abonar un euro al fisco. Si se logra hacerle tributar, una buena porción de capital revertirá a las arcas estatales. Las agencias de calificación y las auditorías que dictan el rango económico de los Estados europeos no pueden seguir permaneciendo en manos de compañías privadas, sino que han de ser sustituidas por fiscalizadoras independientes del capital financiero, hoy juez y parte en el proceso.

Vayamos a las instituciones. La experiencia señala que es preciso revertir desde las Autonomías hacia el Estado las competencias en Sanidad y Educación que ahora asumen. Las 17 voces al respecto de la pandemia y sobre las leyes educativas no han fortalecido como debieran, más bien han debilitado, la importante personalidad autonómica del país que, por su potencial descentralizador, ha de ser mantenida como una especificidad singular de la política española.

En cuanto a los partidos políticos, deberán asumir sus responsabilidades democráticas internas y abandonar el presidencialismo en el que se mueven, que los desprovee de vitalidad y de sensibilidad social. Resulta urgente que las bases y directivas partidarias controlen democráticamente el discurso y los actos de sus líderes. No es asumible la degradación inducida y la incultura política mostradas por algunos de sus caudillos. Asimismo, urge que la política de los partidos se desenvuelva con pautas de sensatez, cortesía y serenidad asentadas en la responsabilidad representativa y que descarten la previa atribución de expectativas de actuación a los adversarios. Son esas presunciones las que desencadenan las guerras preventivas que envenenan las relaciones sociales y ceban la conflictividad.

En el sistema electoral, ha llegado la hora de abrir las listas cerradas que, si bien pudieron cumplir un papel en el arranque de la democracia, hoy son un lastre que acentúa el presidencialismo de los secretarios generales. La elección nominal de cada candidato mediante el distrito unipersonal es una de las alternativas más consistentes a estudiar. Al Parlamento le concierne ampliar su ósmosis hacia la sociedad, atento a lo que la calle manifiesta y pide. Y erradicar de modo definitivo la grosería, la ofensa y la vejación de las que tanto portavoz hace gala, para escarnio general.

Jueces y democracia

En la Judicatura, es absolutamente prioritario que la formación de los jueces se impregne de los valores democráticos vigentes en otras instituciones y ante los cuales se muestra evidentemente muy rezagada. Las demoras judiciales en la emisión de sentencias perpetúan las injusticias que se pretende atajar. Y todo ello sin olvidar que la soberanía reside en el pueblo y no en de las togas ni en las puñetas y que la Justicia no es un patrimonio judicial, sino que pertenece a la sociedad y es uno de los Poderes del Estado.

En el ámbito de las leyes, España no puede permanecer en la minoría de edad democrática si persiste una ley de Secretos Oficiales que no incluye plazos de desclasificación de secretos de Estado. No puede haber secretos eternos. La memoria y la autoconciencia del país permanecen así sepultadas. Y ello da lugar a errores y expectativas equívocas, fruto del desconocimiento real de hechos que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Es apremiante abolir esta ley preconstitucional y regular el secreto ceñido a la seguridad y la defensa exterior, con plazos claros de desclasificación. La desmemoria intencionadamente inducida desde el poder ha sido la causa de los principales conflictos y dificultades de la democracia para abrirse paso en España. Un Comité parlamentario específico o bien una suerte de Ombusdman para la supervisión de las actividades secretas de la Inteligencia cubriría el evidente déficit de control democrático existente, que completaría su actual fiscalización económica y legal.

En la vida política interior, es más urgente que nunca el despliegue de la participación ciudadana y que sean los partidos y las organizaciones no gubernamentales, cívicas y profesionales, los encargados de darle curso político y expresión. La educación constitucional de la ciudadanía deviene en una tarea prioritaria del Estado autonómico. Solo a partir de ella la sociedad civil, hoy débil, contará entre los activos políticos del país.

Respecto de los medios de comunicación, es preciso que se percaten de su responsabilidad social, abandonen las prácticas de acoso y linchamiento, contrasten la información que emiten y desplieguen la libertad de expresión ateniéndola siempre al derecho a la información de la ciudadanía. La información es un bien social, no patrimonio de ningún medio. Los medios recogen y devuelven organizadamente a la sociedad la información que de ella reciben y a la que le pertenece. Es fundamental que no confundan la información política general con la política informativa particular de cada medio. Hay que poner coto a la instrumentalización política de la Publicidad que afluye a los medios. La honradez, como forma suprema de objetividad, habrá de ser la divisa que presida la actuación periodística, deslindando Información y Opinión.

La Cultura ha de ocupar una posición central en los menesteres creativos de la sociedad española, con el amparo incondicionado de las instituciones y el Estado. El legado natural, artístico e histórico del país es un patrimonio de valor incalculable a conservar y recrecer, al igual que la Ciencia, que ante el futuro despunta con pujanza propia y ha de recabar lo mejor de las apuestas estatales. El rescate de las Humanidades se torna prioridad máxima, como herramientas intelectuales idóneas de acceso al hallazgo de sentido a las sociedades y los individuos.

A propósito de la religión, es necesario fortalecer la aconfesionalidad del Estado en actos, símbolos y actuaciones. El respeto a todas las confesiones ha de ser pauta perenne. No es admisible el histórico repliegue del Estado en sus tratos con la Iglesia Católica cuando su jerarquía esgrime, como potencial advertencia, que constituye un exclusivo factor de cohesión nacional, como si se tratara del único vínculo moral entre españoles.

Nacionalismo y pedagogía

En cuanto a los nacionalismos de cuño periférico y central, su atinencia al patriotismo constitucional será garantía plena del respeto estatal hacia todas las sensibilidades en escena. La labor pedagógica conjunta es decisiva a la hora de entender y comprender este componente sustancial de la política en el país, factor cultural e idiomático que enriquece sobremanera su diversidad. La persuasión estatal ha de sustituir a las prácticas punitivas a la hora de instar a las distintas sensibilidades hacia la convicción de que la integridad estatal es la más poderosa fuente generatriz de beneficios múltiples, igualitarios y compartidos.

En lo concerniente al Estado, nunca como ahora ha sido tan necesario su fortalecimiento –y la lucha contra la pandemia lo ha demostrado con creces ante la impericia del capital privado. Y el refuerzo de la capacidad estatal para afrontar las crisis, cada vez más recurrentes y dañinas, pasa hoy por cobrar autonomía política respecto de aquel. No caben más privatizaciones de sectores estratégicos -más bien cabrían las renacionalizaciones-, ni la asunción estatal de todo el lastre deficitario de la actividad económica malversada por defectuosas gestiones privadas. La colaboración entre el capital estatal y el privado debe hacerse sobre pautas mutuamente respetuosas, mas de prelación estatal. La vitalidad de las empresas y compañías reside en el bienestar laboral de sus trabajadores y el respeto a las actividades y derechos sindicales. Los sindicatos son parte integrante de la vida del país. El Trabajo es la columna vertebral de la vida social. Por ello, la lucha contra el paro será prioritaria.

Con relación a la forma de Estado, urge la legislación parlamentaria de un Estatuto para la Corona y la Casa Real, que satisfaga los anhelos de la sociedad española por contar con una institución de su entidad e importancia, limpia y útil. La continuidad o provisionalidad de la institución dependerá del cumplimiento y satisfacción de tales exigencias, entre las que habrá de incluirse la revisión y heredabilidad de las prerrogativas vitalicias asignadas.

Tras la recuperación de la democracia en España, la percepción y la imagen de las Fuerzas Armadas han cosechado un evidente prestigio social, inexistente o muy limitado bajo la dictadura. Y ello merced a los profundos cambios operados en ellas de modo acorde con los experimentados por la sociedad española en sus valores y en sus aspiraciones compartidas de paz, libertad, democracia, defensa y seguridad. Habrá de significarse que la defensa del orden constitucional no es exclusiva de estamento alguno, sino que será competencia de la nación soberana en su conjunto.

Corolario de este programa de futuro será la absoluta necesidad de lograr la responsabilidad social de personas, organismos e instituciones a la hora de acometer la tarea nacional de delinear un perfil amable, justo y viable para el futuro de España. Y con la mira puesta en la tarea arbitral española hacia Europa y de ésta hacia el mundo. Para conseguirlo, será preciso inaugurar una fase de concordia que nos re-amiste como sociedad conviviente, democráticamente madura. Y por ello, hemos de aceptar la existencia de distintas maneras de amar a nuestro país, su diversidad, su riqueza y su vocación civilizatoria, cuya intensa luz las sombras de conductas políticas aberrantes y corruptas, pasadas y presentes, no lograron ni lograrán apagar. No hay tiempo que perder: el futuro está cargado de victorias.