La derecha pone en riesgo 450 mil vidas

Y porque serán 450 mil las vidas que se arriesgarán cuando un futuro Gobierno tenga que afrontar con nuevos obstáculos una eventual pandemia futura.

El dato procede de un estudio riguroso del Imperial College de Londres.

Esta es la principal consecuencia del recurso interpuesto por la ultraderecha y aplaudido por el PP. Y se muestran contentos por su proeza, además.

¿Y cuál era el propósito de los recurrentes y sus palmeros? Dar un paso más en la estrategia de deslegitimar al legítimo Gobierno de España.

Es decir, para dañar políticamente al Gobierno de su país, debilitan al Estado en plena lucha contra un enemigo mortal, y ponen en riesgo centenares de miles de vidas de españoles.

Esta es la derecha que tenemos.

En esta ocasión, casi ni disimulan.

Resulta evidente que la iniciativa no estuvo motivada por la oposición de la derecha al establecimiento de aquel primer Estado de Alarma recurrido. La prueba es diáfana: tanto PP como Vox votaron a favor de su prórroga en el Congreso.

La justificación de Casado, “invitando” al Gobierno a pactar “una reforma de la ley de 1986” se puede enmarcar en la línea de declaraciones patéticas con que nos regala últimamente: desde la denuncia de que los ministros se nombran ahora “a dedo”, hasta el cuestionamiento de que en España se vote “libremente”.

Si a ojos del TC, todo un Estado de Alarma amparado en el artículo 116 de la Constitución no ampara el confinamiento, ¿cómo va a hacerlo una simple ley de salud pública? Eso, patético.

La paradoja más escalofriante tiene que ver con la alternativa que se plantea a resultas del recurso de Vox: el Estado de Excepción.

Al grito de “¡Gobierno autoritario!”, “¡Queremos libertad!”, están invitando a futuros gobiernos impelidos a futuros confinamientos para que declaren un Estado que faculta a “la autoridad gubernativa” a “detener a cualquier persona durante 10 días”, a “disponer registros domiciliarios sin orden judicial”, a “intervenir toda clase de comunicaciones”…

Vox y PP facultan, por tanto, a un futuro Gobierno llamado llamado a combatir pandemias a “suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales…”, incluso “secuestrar publicaciones”, como periódicos, libros o revistas.

La contradicción no puede ser más ridícula por su parte.

Hemos de agradecer, en todo caso, al líder del PP que evitara cualquier duda respecto a la intencionalidad de este recurso tan celebrado, cuando lo vinculó directamente con su negativa a renovar los órganos constitucionales caducados.

Si ellos no gobiernan el Estado, todo vale para tumbar al Gobierno. Incluso sabotear al Estado, boicotear la Constitución y dar la espalda al interés general.

El Tribunal Constitucional que ha dictado la sentencia en cuestión tiene una vacante desde hace meses. La votación ha sido de 6 a 5. ¿Qué hubiera ocurrido con la vacante cubierta?

No sabemos.

Como tampoco sabemos cuáles hubieran sido las últimas decisiones del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal de Cuentas de haberse cumplido los plazos constitucionales para su renovación.

Pero hay al menos dos cosas que sí sabemos.

Sabemos que a los españoles les asiste el derecho constitucional de contar con órganos constitucional renovados.

Y sabemos que el PP obtiene beneficio político quebrantando la Constitución y vulnerando los derechos de los españoles.

Hoy sabemos más, incluso. Son capaces hasta de poner vidas en peligro.