Jeanine Áñez cumple un mes en prisión con anuncio de más procesos contra ella
- Escrito por Gabriel Romano
- Publicado en América
La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez cumplió este martes un mes en prisión por el caso llamado "golpe de Estado" con manifestaciones de apoyo y a las puertas de nuevos procesos contra ella derivados de acciones durante su Administración (2019-2020).
La petición de justicia de una multitud de seguidores se sintió nuevamente en La Paz con una manifestación de grupos opositores al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) que reclamaron la liberación de Áñez, de dos de sus exministros y de exjefes militares detenidos bajo acusaciones de terrorismo, conspiración y sedición.
Una marcha atravesó varias calles de la ciudad hasta llegar al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, donde se entonaron consignas contrarias al Gobierno, a la persecución política y a lo que los manifestantes consideraron una utilización instrumental de las normas del país.
CARTA DE ÁÑEZ AL PUEBLO BOLIVIANO
Como fondo estuvo una carta manuscrita que Áñez dirigió "al pueblo boliviano" y que fue leída ante los asistentes y los medios, al principio y al final de la movilización, por la hija de la exmandataria, Carolina Ribera.
"En este mes he aprendido algo, voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena y voy a resistir porque no estoy sola.
Mucha gente dentro y fuera de Bolivia ha entendido que esto no es sobre Jeanine Áñez, esto es sobre la libertad, la democracia y Bolivia", señaló la exgobernante en su texto.
Áñez también enfatizó que ha estado encarcelada un mes por algo "que nunca ocurrió" y que en su caso el Gobierno del presidente Luis Arce ha demostrado una buena gestión "en la persecución y muy mala en la vacunación" contra la pandemia.
INVESTIGADA EN OTROS PROCESOS
En esta jornada trascendió una notificación de la Fiscalía a los abogados de Áñez para que preste declaración próximamente "en calidad de investigada" por otros procesos que inició el Ministerio de Justicia por acciones efectuadas durante el período del Gobierno de transición, entre los meses de noviembre de 2019 y 2020..
En marzo pasado, la Fiscalía admitió denuncias contra Áñez por supuestos delitos vinculados a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al incumplimiento de deberes, contra la salud pública y por discriminación, entre otros, en los que también se imputa a colaboradores de su Gobierno.
Los casos tienen que ver con la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización del Parlamento que generó intereses para el Estado, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión durante la cuarentena rígida decretada en 2020 y una concesión por quince años del Registro Público y Comercio.
Además de la orden para que las fuerzas de seguridad impidieran el retorno de bolivianos procedentes de Chile durante un periodo de la pandemia.
UN MES DE ENCARCELAMIENTO
Jeanine Áñez fue aprehendida el pasado 13 de marzo en su región natal, la amazónica Beni, y luego llevada a La Paz en un avión militar y bajo una fuerte custodia policial, al igual que sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, también detenidos en cárceles de la capital administrativa de Bolivia y sede del Gobierno.
Los tres son acusados de participar en la crisis de 2019, tras los comicios fallidos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia del país, que el actual Ejecutivo considera como un "golpe de Estado" y que para la oposición fue consecuencia de un fraude electoral a raíz de que se declarara al entonces gobernante ganador para un cuarto mandato.
El proceso judicial por sedición, conspiración y terrorismo fue iniciado en noviembre del año pasado por la exdiputada del MAS Lidia Patty, y en él también están denunciados líderes como el ahora gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exaltos jefes militares y policiales, junto a exministros de Áñez.
Varias de esas personas no han sido halladas, mientras que otras se han declarado en la clandestinidad, han salido del país o han decidido pedir asilo político al considerar que las acusaciones en su contra son producto de una persecución política.
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