Termina la función

Vamos por partes. La lógica familiar de la monarquía la rompe inicialmente el dictador Francisco Franco al saltarse la llamada legalidad y legitimidad dinásticas al excluir a Juan de Borbón y Battemberg como titular de la Corona, situando en su lugar a su hijo Juan Carlos de Borbón y Borbón. Su padre acepta a regañadientes la decisión de Franco contra su designación, y renuncia. Su hijo asumirá la Corona. Antes de morir el dictador, la presión obrera y estudiantil de masas en la calle, la impugnación de la dictadura y el anhelo de libertades democráticas surgido desde las fábricas, las aulas, las calles, los partidos y sindicatos clandestinos, incluso desde algunas parroquias, fuerzan a una democratización que cristalizará en un sustancial cambio político. Tal cambio alterará la monarquía franquista así concebida por Franco y la trocará por otra de tipo constitucional, con libertades democráticas y una ley de leyes pactada en un contexto de relaciones de fuerza adverso, aún, para los intereses de la clase obrera. En tal contexto la clave de bóveda la ocupará un Ejército que desde mediados del siglo XIX, cuando expiró su impulso liberalizador, se convierte en pretoriano y se autonomizaría políticamente de la vida civil, irrumpiendo intermitentemente en ella con pronunciamientos, asonadas, golpes de estado, restauraciones monárquicas, incluso con dos dictaduras ya en pleno siglo XX: la primera de ellas, de 1923 a 1930, ideada, entre otras razones, para esconder la corrupción de la Corona encarnada por Alfonso XIII a propósito de la Guerra de Marruecos; y la segunda dictadura, la de Franco, de cuño fascista, entre 1936, ya en las filas de su bando bélico, y 1975. El dictador decide, solo a partir de su muerte, que el jefe del Estado sea Juan Carlos de Borbón tras quebrar la tradición de la continuidad del linaje dinástico usual en las monarquías. Se le asigna la jefatura de las Fuerzas Armadas.

Con la espada de Damocles de un ejército políticamente intervencionista troquelado por Franco sobre la cabeza de la futura democracia, la Constitución de 1978 consagra el principio de inviolabilidad legal del rey en el artículo 56.3 del texto constitucional, que establece que su persona… “no está sujeta a responsabilidad”. Un teórico del régimen franquista, Torcuato Fernández Miranda, idea la fórmula “de la ley a la ley” para invisibilizar los cambios legales necesariamente en ciernes y no asustar al gigante durmiente. Pero lo que esconde realmente aquella fórmula es el intento de trasvasar a Juan Carlos de Borbón la supuesta legitimidad del régimen franquista derivada del carisma del dictador –desgraciadamente Franco sí gozaba del ascendiente popular del que gozan los verdugos sobre muchas de sus víctimas-.

Con una nueva legalidad y el trasvase de aquella legitimidad importada del dictador, Juan Carlos de Borbón asume la jefatura del Estado en noviembre de 1975. La presión de masas por obtener, consolidar y expandir conquistas democráticas choca con la resistencia del aparato de Estado heredado del franquismo. La lucha de masas se muestra exangüe tras el esfuerzo democratizador. Las relaciones de fuerza se debilitan en contra de los intereses de las clases mayoritarias. Apenas un mes después del acceso a la Presidencia de Estados Unidos del derechista Ronald Reagan, sobreviene el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que el secretario de Estado Alexander Haig, general de cuatro estrellas, define como “un asunto interno”, con la VI Flota estadounidense en estado de alerta desde días antes del golpe de Tejero, Armada y un incógnito Elefante Blanco.

Tras una nebulosa oculta bajo los arcanos de la Razón de Estado, Juan Carlos de Borbón condena un golpe “de inducción mixta”, gesto que a la postre le procurará una legitimidad propia, ya desprendida de la heredada de Franco y que apartará de la primera línea militar al sector más reaccionario de las Fuerzas Armadas, llevado parcialmente al banquillo, sin que ello implique el acceso a la primera línea del sector democrático de las Fuerzas Armadas, que también lo había, encarnado por la Unión Militar Democrática, organización castrense de izquierda que, a su pesar, permaneció intencionalmente neutralizada.

Asentado ya con una nueva legitimidad, Juan Carlos de Borbón cosechará una popularidad propia y un carisma afectivo generalizado y evidente. Así discurrirán tres décadas. Empero, su inviolabilidad legal, constitucionalmente permitida, empezará a hacer mella en su conducta personal. Se distancia de su esposa, Sofía de Grecia, una Hannover apenas visible, ideológicamente conservadora; y, tras protagonizar él distintas relaciones extramatrimoniales, comienza a desplegar una vida con pulsiones pecuniarias impropias de un jefe de Estado de una democracia constitucional. Aplica una lectura propia al principio constitucional que le acredita como “la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales” (artículo 56.1 de la Constitución de 1978) y despliega una diplomacia económica extraoficial de dudosas conexiones entre las grandes empresas españolas y los principales consorcios energéticos, señaladamente del Medio Oriente, Irán y Arabia Saudí. Pero nadie -salvo algún consejero áulico que resulta despedido-, le dice nada, por una extraña convención admitida por las instituciones, desde la Prensa a la Judicatura o el mundo de los negocios, donde comienza a actuar por cuenta propia mediante sucesivos machacas como Manuel Prado y Colón de Carvajal, que acabará en prisión.

La ejemplaridad y la representación de la presencia social de la familia como timbres de la institución monárquica comienzan a verse erosionadas por tales conductas. Las transgresiones de la ley, no sancionadas por la impunidad, y el deterioro de la legitimidad propia adquirida, cobrarán toda su intensidad con el episodio de la caza de elefantes en Botswana, en plena crisis socioeconómica, cuando el titular de la jefatura del Estado pedía austeridad a los españoles que encaraban dolorosamente una crisis brutal inducida por el capitalismo financiero con el cual el rey tan estrechamente despachaba.

La presencia en su entorno más personal de Corinna Larsen Zu Wittgenstein, resultaba significativa. Se trata de una mujer emparentada con señores feudales de Spannheim, territorio germano donde se conserva una abadía singular. En aquella, en pleno siglo XV, el abad Tritemius escribió un tratado, De Estenografía, supuestamente indescifrable, que sirvió al espionaje británico para esconder sus mensajes cifrados durante varios siglos: tal tratado sería un instrumento idóneo para contribuir a apuntalar secularmente el imperio naval de la potencia anglosajona.

El caso es que se Juan Carlos de Borbón y Corinna Larsen enamoraron y establecieron una relación que, poco a poco, desbordó los ámbitos meramente amatorios para proyectarse sobre el mundo de los negocios. Un yerno del rey, el vasco Iñaki Urdangarín, protagoniza una oscura trama de influencias con el respaldo que suscita el temor reverencial que provoca su cercanía al jefe del Estado. La derecha más reaccionaria en Valencia y Baleares se pliega a sus demandas de financiación. Acabará en prisión. Él y su mujer son excluidos de la familia real.

Tiempo después, todo un sistema para ocultar transacciones dinerarias procedentes de comisiones por gestiones de alto nivel aflora mediante información cosechada, también, por un ex comisario de policía, José Manuel Villarejo, metido en operaciones encubiertas durante dos décadas, operaciones dirigidas, prioritariamente, a favor de la derecha económica más reaccionaria: bancos, prohombres, mafiosos… Dato muy curiosos: Juan Villalonga, mano derecha de José María Aznar, quien le llevara a la dirección de la compañía Telefónica durante su mandato, sería la persona encargada de poner a Corinna Larsen en relación con el ex comisario José Manuel Villarejo: toda una incógnita de enjundia político-ideológica a despejar. Corinna y Juan Carlos rompen su relación sentimental y pecuniaria, ya que éste le habría cedido gran parte de los 100 millones de euros de la comisión recibida presuntamente por Juan Carlos de Borbón del rey saudí Abdullah Ben Abdelaziz, por intermediar para compañías española en la construcción del AVE a La Meca. Entonces, la examante alemana recurre a Villarejo para, supuestamente, neutralizar las amenazas de muerte que, contra ella y su familia, le habría proferido presuntamente en Londres, según la versión de la alemana, Félix San Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia. Por cierto, un año después de jubilarse, quien tuviera en su mano la gestión de la Razón de Estado de España como jefe del espionaje, el contraespionaje y la acción encubierta “oficial”, Sanz Roldán, acaba de fichar como asesor internacional de la compañía Iberdrola. Todo lo demás o es conocido, o está en manos de los jueces.

Ahora, responder a la segunda pregunta formulada al comienzo de esta crónica, ¿quién sería aquí la gorda que, hasta que no salga, no terminará la función? Hay varias respuestas posibles, pero en opinión de quien esto escribe, la gorda será la Justicia española, esa institución tan impredecible, que lo mismo sale por los cerros de Úbeda que lo hace por peteneras, que diría un castizo. No olvidemos que se trata, de las instituciones del Estado, la que, salvo sorprendentes excepciones, se ha mostrado menos evolucionada en clave democrática; pero ante ella no cabe prejuzgar, desde luego. Vamos a ver en qué queda todo esto. Desde luego, el rejón que la herencia simbólica que Juan Carlos de Borbón lega a Felipe VI –a la herencia económica de su padre éste renunció- es de una letalidad evidente. Otras monarquías, como la holandesa o la británica, por ejemplo, se estarán frotando las manos con lo sucedido –la rivalidad histórica fue proverbial-, si bien en Londres no hayan sido capaces de levantar aún la alfombra para descubrir abiertamente ni las sintonías nazis de algunos de sus titulares ni la pederastia de algún allegado. Pero lejos de consolar a tontos, aquellos y estos hechos plantean hoy cuál es en verdad la función de una institución como la monarquía, cuyos representantes acostumbran mostrarse recurrentemente incapaces de cumplir legal y legítimamente las tareas que se les imponen y que ellos asumen. Si, además, la inviolabilidad arropa sus actos, resulta explicable –jamás justificable- que adquieran la costumbre de transgredir las leyes cuando abandonan la impunidad legal que les protegía.

Como demócratas y constitucionalistas, los sectores mayoritarios de la clase obrera confían hoy en que lo acaecido en torno a Juan Carlos de Borbón no sea utilizado por distintos poderes fácticos reaccionarios, siempre al acecho en los momentos más graves de la vida nacional como se ha demostrado durante la pandemia, para erosionar -todavía más- la textura de libertades que con tanto sacrificio aquellos tejieron en su día.