Aún estamos a tiempo

¿Sabéis qué dice el art. 4.4 de dicha ley? Algo tan “sencillo” como esto: “Si el recuento de los votos válidamente emitidos da como resultado que hay más sufragios afirmativos que negativos, implica la independencia de Cataluña. A tal efecto el Parlament de Catalunya dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura electoral celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente”. ¡Casi nada!

Es por eso que el Grupo Socialista en el Parlament de Catalunya recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo hicimos en solitario, sin pedir permiso a nadie. Nos pareció que no tenía sentido resignarse a lo que parecía como inevitable. No podíamos permanecer de brazos cruzados ante una convocatoria que pretendía declarar la independencia de Cataluña a partir de la Ley de Referéndum de Autodeterminación ya suspendida por el Tribunal Constitucional y poner en marcha un denominado “proceso constituyente” a partir de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, también suspendida por el Tribunal Constitucional.

Como apoyo a nuestros planteamientos pudimos aportar la posición de los letrados del Parlament que habían recordado por escrito a la Mesa de la Cámara que “los miembros de la Mesa del Parlament tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o meterial, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia, las interlocutorias y los acuerdos de suspensión del Tribunal Constitucional citados, así como de abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento de los mismos”. O sea, si el Tribunal Constitucional ha suspendido unas leyes, el Parlament no puede aplicarlas.

Con nuestro recurso pretendíamos ganar tiempo para el diálogo e impedir la celebración de un pleno en el que se pretendían tomar acuerdos manifiestamente ilegales, que fracturarían la sociedad catalana, nos separarían del resto de España y nos expulsarían de la Unión Europea.

El Tribunal Constitucional nos dio completamente la razón. Suspendió el acuerdo de la Mesa por el que se pretendía convocar ese pleno del Parlament para aponer en marcha la aplicación de unas leyes suspendidas y se adelantó a “Declarar nulo y sin valor ni efecto alguno, cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada”.

La mayoría independentista, después de haber dicho muchas veces que ya no acepta la autoridad del Tribunal Constitucional, se ha plegado a su resolución y ya no convocará el pleno del lunes en los términos anunciados.

El presidente de la Generalitat ha anunciado su decisión de comparecer ante la Cámara el martes a las 18 horas para “informar sobre la situación política”. Esperemos que se atenga a ese planteamiento y se abstenga de utilizar su comparecencia para otros fines.

Pero el problema de la independencia no es solo su carácter ilegal. Su gran problema es que no goza del apoyo de la mayoría de los catalanes. Incluso dando por buenos los resultados de la jornada del 1 de octubre proporcionadas hoy por sus organizadores (y no por la Sindicatura electoral que está disuelta por dimisión de todos sus miembros -y eso en teoría imposibilita poner en marcha las previsiones de una ley que, encima, ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional), 2.044.038 catalanes votaron sí, es decir, un 38% de los catalanes. Y esa es la realidad: una minoría, por importante que sea, no puede imponer su voluntad a la mayoría, saltándose la ley.

Aún estamos a tiempo. Aún el president Puigdemont puede renunciar a lo que no debe hacer, que es hacer una Declaración Unilateral de Independencia (sea en directo o en diferido), podría comprometerse a no vulnerar ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía, y así podríamos encontrar cauces para el diálogo que nos permitiesen reformar tanto la Constitución como el Estatuto, consiguiendo más autonomía para Cataluña, una mejor financiación, una España federal y mecanismos democráticos para verificar si una mayoría de catalanes y una mayoría de españoles aceptan la renovación del gran acuerdo que supuso la Constitución de 1978.