¿Es urgente la renovación del Tribunal Supremo?

El Tardofranquismo sería hijo del Tejerazo o golpe blando de 1.981 en el que los líderes políticos confinados en el Congreso fueron “invitados” a aceptar un acuerdo tácito por el que se declaraban intocables el establishment asociado al sistema monárquico, al sistema político bipartidista y a la “unidad indisoluble de la nación española” y estaría plasmado en la todavía vigente Constitución de 1.978, Carta Magna que estaría blindada ante cualquier cambio institucional que se pueda producir en el Estado español con lo que se cumpliría una vez más la profecía:“Todo está atado y bien atado”. La cartografía de la corrupción abarcaría a todas las Comunidades Autónomas estando los políticos presuntamente implicados en casos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias protegidos en un primer estadio por el status de “aforado” y en segunda estancia por la benignidad de los magistrados del Supremo a la hora dictar sentencias condenatorias, de lo que sería paradigma el llamado “Master Casado” o el reciente esperpento jurídico en el que el TS anula su propia sentencia que obligaba a la Banca a pagar los impuestos de las Hipotecas y que hubiera supuesto para la Gran Banca una sangría estimada por Moddy´s en 4.000 millones €.

¿Es urgente la renovación del Tribunal Supremo?

En el paroxismo de la deriva involucionista del Estado español, asistimos a la implementación de la Doctrina Aznar que tendría como ejes principales la culminación de la "derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa" y el mantenimiento de la "unidad indisoluble de España" y el objetivo último sería criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español, elementos constituyentes de la llamada “perfección negativa”. Dicho término fue empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal” y que tendría a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela como brazo ejecutor. Así, dicha juez sería la encargada del llamado “affaire Alsasua”, en el que siete jóvenes de la localidad navarra de Alsasua podrían ser condenados a penas estratosféricas de 52 años de prisión al ser acusados de “delitos de terrorismo” tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y que en su día fue calificado por el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”. Asimismo, Lamela sería la responsable de ordenar el ingreso en prisión incondicional del Vicepresidente Oriol Junqueras y ocho Consellers de la Generalitat por presunto delito de rebelión que podría acarrearles penas estratosféricas de 30 años para cada uno de ellos, todo lo cual representaría un auténtico ejercicio de “terrorismo jurídico” que generará una inmediata reacción de repulsa popular e institucional y que será un proceso judicial de largo recorrido que terminará indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo. En conclusión, el Tribunal Supremo habría devenido en garante y tabla de salvación de las élites político-financieras del establishment inmersas en el top-ten de la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias por lo que se antoja urgente la renovación de las cúpulas judiciales para mantener los valores primigenios de las genuinas democracias formales.