Los jueces no están para cambiar los gobiernos

El problema de la arbitrariedad judicial no es algo nuevo en la democracia, pero, ante la magnitud y la sofisticación actuales, es preciso que la democracia luche con más fuerza contra él. Ya en 1789, Condorcet señaló que “el despotismo de los tribunales es el más odioso de todos, porque emplea para sostenerse y ejercerse el arma más respetable: la ley”.

Condorcet formuló esta advertencia cuando Europa comenzaba a desmontar los privilegios del Antiguo Régimen. Su temor no era que los jueces aplicaran la ley contra quienes gobernaban; era que la autoridad judicial utilizara la legalidad para ejercer un poder arbitrario difícil de combatir precisamente porque se presentaba como justicia.

Dos siglos después, la encuesta del CIS muestra una desconfianza casi unánime. El 88,8 por ciento de los españoles no cree que la justicia trate igual a un político y a un ciudadano corriente, y solo el 10,7 por ciento cree que el trato es equivalente.

La respuesta admite dos lecturas aparentemente contradictorias:

• Una parte de la población puede pensar que los políticos disfrutan de privilegios, recursos y protección.
• Otra puede pensar que están sometidos a una exposición pública, acusaciones y una severidad que no sufriría un ciudadano anónimo.

Ambas percepciones conducen al mismo lugar: la creencia de que el nombre del investigado pesa más de lo que debería.

La desconfianza es especialmente intensa entre las personas de 25 a 34 años (93,9 % rechaza la igualdad de trato), entre la clase trabajadora (92,6 %) y la clase baja o pobre (93,7 %). Y también existe entre los sectores más acomodados: el 87,2 por ciento de la clase alta y media alta cree que políticos y ciudadanos no son tratados de igual forma.

Tampoco es una opinión exclusiva de la izquierda o de la derecha. El 82 % de los votantes del PP, el 90,2 % de los del PSOE, el 91,6 % de los de Vox y el 92,4 % de los de Sumar creen que no hay igualdad de trato. Lo que significa que, en una España cada vez más polarizada, pocas cuestiones generan un acuerdo tan contundente.

El segundo dato es igualmente grave: el 76,9 por ciento de la gente está en desacuerdo con la afirmación de que la justicia sea siempre imparcial en los procesos que afectan a partidos políticos. Solo el 21,8 por ciento confía en esa imparcialidad. Incluso entre los votantes del PP y Vox, que ofrecen la valoración menos negativa, el 63,3 % del PP y el 73,9 % de Vox expresan desconfianza. Entre los votantes socialistas sube al 86,1 % y entre los de Sumar, al 90 %.

Esto no significa que la mayoría de los jueces actúe por motivaciones políticas. Un sistema judicial puede funcionar correctamente en miles de asuntos y ver deteriorada su legitimidad por unas pocas causas de enorme repercusión política. Pero esta percepción de los ciudadanos es clave, ya que en democracia la confianza también es un hecho institucional.

El problema aparece cuando se permiten investigaciones prospectivas que están prohibidas en nuestro ordenamiento constitucional, y una denuncia deja de ser el punto de partida para investigar hechos determinados y se convierte en una oportunidad para rastrear indefinidamente la vida de un adversario.

La justicia penal democrática no puede funcionar mediante investigaciones prospectivas. La situación es tan grave que hay que recordar que primero se identifica una conducta presuntamente delictiva y después se recogen pruebas.

Lo que no puede ser es que, por no conseguir un gobierno, alguien diga que “quien pueda hacer que haga” y a partir de ese momento se elija primero a las personas para buscar después qué delitos pueden imputárseles.

Las causas contra el hermano del presidente del Gobierno o su mujer constituyen el ejemplo más visible de este conflicto. Primero un seudomedio de comunicación digital escupe un bulo o un titular; después, organizaciones de ultraderecha, o incluso partidos políticos como PP y Vox, llevan esos titulares a los tribunales cuando la jurisprudencia dice que eso no se puede hacer. Pero da igual: entonces algunos lacayos con toga actúan para conseguir recompensas presentes o futuras.

El resultado es que se tortura la justicia al servicio de intereses políticos espurios. El resultado es que inocentes son condenados porque alguien decidió que lo que no ganó en las urnas tiene que ganarlo en los tribunales. El resultado es que aumenta la sospecha sobre la justicia.

Todo lo dicho no significa que los tribunales deban abstenerse de investigar a gobernantes, familiares de gobernantes o dirigentes políticos. Sería inadmisible. La democracia necesita jueces capaces de perseguir la corrupción, aunque afecte al Ejecutivo, a la oposición o a la Corona. Pero el control judicial del poder no puede transformarse en sustitución judicial de la soberanía popular.

Los gobiernos se cambian mediante elecciones, mociones de censura, cuestiones de confianza y los demás mecanismos previstos por la Constitución. Los tribunales determinan responsabilidades jurídicas individuales. Cuando una causa penal se utiliza deliberadamente para producir un resultado político, la justicia deja de ser árbitro y se convierte en jugador, en actor político.

Para evitarlo no basta con pedir silencio a los políticos cuando se ven huelgas encubiertas en la judicatura prohibidas por la Constitución. Se necesitan instrucciones delimitadas, resoluciones comprensibles, recursos resueltos con rapidez y controles efectivos frente a las investigaciones prospectivas. La acusación popular debe preservarse como instrumento ciudadano, pero hay que impedir que partidos y organizaciones ultras la conviertan en una prolongación de su oposición al gobierno.

Los jueces, por su parte, deben ser protegidos frente a amenazas, campañas personales y presiones gubernamentales. Pero la independencia judicial no significa que toda resolución sea incuestionable o que cualquier crítica equivalga a atacar el Estado de derecho. El Poder Judicial debe dejar de protegerse internamente porque su poder emana del pueblo, y tiene la obligación —que no está cumpliendo— de apartar a los jueces corruptos y prevaricadores.

La legitimidad de la justicia depende de un doble límite:

• Ningún gobierno está por encima de la ley (si se rompe, aparece la impunidad).
• Ningún juez está por encima de la democracia (si se rompe, aparece el gobierno de los jueces).

Por último, otra obviedad necesaria en estos tiempos del «que pueda hacer que haga»: la ley no puede ser el arma con la que una élite minoritaria pero poderosa sustituya la voluntad electoral de la mayoría de los españoles. Debe ser la garantía que obliga a todos —gobernantes, oposición, jueces y ciudadanos— a jugar con las mismas reglas.