Trece interrogantes sobre la situación penal del presidente Rodríguez Zapatero

Primer interrogante. Si esto ocurre hace veinticinco años nadie hubiera puesto en duda el alcance y la finalidad estrictamente penal del procedimiento. Se sabía que los integrantes del Poder Judicial eran preponderantemente conservadores, pero sometidos exclusivamente a la Ley. Hoy, la opinión pública progresista recuerda la causa de los ERE andaluces, donde la instructora, la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo se saltaron el principio de separación de poderes acusando y condenando a los miembros del Gobierno andaluz por decisiones parlamentarias. También se recuerda la instrucción del Magistrado Hurtado, la investigación de la UCO y la condena final al Fiscal General del Estado García Ortiz, condena basada en hechos no probados. La opinión pública progresista, asimismo, recuerda la inacabada instrucción del Magistrado Peinado donde se pide una condena de más de veinte años contra la esposa del Presidente del Gobierno y contra su asistente por un supuesto delito sin daños ni víctimas. Lo mismo puede decirse de la acusación contra el hermano del Presidente del Gobierno que, según parece, no tiene derecho a ser contratado por una Administración distinta de la que dirige su hermano. La opinión pública recuerda, en fin, las sentencias del Tribunal Supremo que anularon nombramientos legítimos del Gobierno, como el de la ex Ministra Dolores Delgado y el de la Presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio. Como se ve en el muy reciente libro de José Antonio Martín Pallín (Visto para sentencia, Madrid, 2026), no es que haya unos Jueces que de manera individual se meten en peligrosos senderos políticos: es todo el Poder Judicial (con valiosas excepciones) el que se ha introducido en la senda de la rebelión contra el Gobierno: la Audiencia Provincial de Madrid podía haber parado en seco el cuestionado procedimiento del Magistrado Peinado, pero ha permitido que siga su camino y toda una Sala del Tribunal Supremo ha podido vulnerar los derechos del Fiscal General, derechos que tendrá que restablecer el Tribunal Constitucional. Hay más, todos hemos visto a los Jueces y Magistrados manifestarse revestidos de sus togas y hacer huelgas contra Leyes del Parlamento sin que nadie les sancione. La última hazaña viene de la Audiencia Nacional que ha consistido en suspender, a instancia de Díaz Ayuso, la instalación de una placa de la Memoria Democrática en la DGS de Madrid. ¿Para qué legisla el Parlamento si luego el Poder Judicial boicotea las Leyes que molestan a la derecha? Con estos antecedentes, hay que preguntarse si en esta acusación no estamos ante un nuevo caso de utilización política de la Justicia.

Segundo interrogante. Blair, Sarkozy, Schroeder (a sueldo de Putin) disponen actualmente de un patrimonio mucho mayor del que poseían cuando llegaron al Gobierno. La mayoría de los ex-Presidentes españoles también. ¿Por qué estos temas no saltan a la opinión pública? ¿Cómo han incrementado su patrimonio si no han aceptado ser Consejeros de Estado? ¿Son comparables las actividades profesionales y privadas del Presidente Rodríguez Zapatero con las de sus antecesores? ¿Y su patrimonio?

Tercer interrogante. Según informa la prensa y corrobora Enric Juliana (América, América, La Vanguardia, 24 de mayo de 2026), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha tenido un papel relevante en las pesquisas, de modo que incluso el instructor va a pedir su cooperación. Aquí tenemos otro caso del lobo cuidando a los corderos. ¿En qué cabeza cabe pedir al Gobierno de Trump que dé información sobre el Presidente español que retiró a las Fuerzas Armadas españolas de Irak y, antes, no se levantó al desfilar la bandera de la Potencia agresora? ¿La información proveniente de la Administración Trump no debe inadmitirse a limine en esta causa por ser sospechosa de manipulación?

Cuarto interrogante. Igual que no está regulada la figura de los asistentes de los cónyuges de los Presidentes del Gobierno (pero es una figura barata y útil), en el ordenamiento español no están regulados los trabajos de intermediación que responden al nombre de lobby y a fortiori las labores de lobista que puede hacer un ex-Presidente. En el supuesto de que el Presidente Rodríguez Zapatero hubiera intermediado en la obtención de los créditos públicos para Plus Ultra (que habría que demostrarlo y no se ven conductas reales y singulares en el auto), ¿toda acción de consulta o de asesoramiento por parte de un ex-Presidente es delictiva? ¿No se circunscribe el delito a que se dicten actos administrativos que vulneran el ordenamiento?

Quinto interrogante. En su labor de participar en la oposición a los Gobiernos legítimos, el Poder Judicial, como se ha visto en la sentencia condenatoria de García Ortiz, trabaja demasiado con conjeturas, hipótesis e inferencias y poco con hechos probados. ¿Cuándo veremos a estos Jueces, a estos Tribunales, trabajar con hechos ciertos y tangibles y no con suposiciones?

Sexto interrogante. Como ha señalado el Catedrático de Derecho Penal Jordi Nieva (La credibilidad de la Justicia, El País, 21 de mayo de 2026), en este embrionario momento procesal es impropio situar al Presidente Rodríguez Zapatero, como hace el auto, como líder de una trama de tráfico de influencias y además afirmarlo de manera innecesariamente reiterada. Esa afirmación ha servido para que ABC de 2 de mayo dedique su primera plana al tema con grandes titulares: “Zapatero lideró una trama criminal”. ¿Los instructores no pueden ceñirse a los hechos concretos y ciertos, dejar para la posterior instrucción la verificación de sus respetables hipótesis sin adelantarse en el tiempo y, sobre todo, no dictar autos que parecen sentencias y vulneran el derecho constitucional a la presunción de inocencia?

Séptimo interrogante. Si no se lee el auto y se ve sólo su extensión de 85 páginas y además nos quedamos con la inicial calificación de líder de una trama de tráfico de influencias, podríamos pensar que el ex-Presidente dirigió una larga actuación delictiva, pero en realidad todo se reduce a un supuesto delito cometido, para más inri, en el seno de una Administración sometida a control interno realmente duro. ¿Es posible cometer ese tipo de delito, intentar ese tipo de influencia con los duros controles que se aplican en la Administración española?

Octavo interrogante. En las páginas 30 y 31 del auto se habla de un almuerzo del Presidente Rodríguez Zapatero con el señor Martínez Martínez, almuerzo del que salió la decisión de constituir una sociedad en Dubái y, como al día siguiente el señor Martínez Martínez recibió información sobre cómo constituir sociedades en ese país del Golfo Pérsico, “De ello se infiere que las instrucciones parten necesariamente de este último [Rodríguez Zapatero], quien promueve la reunión a la que debe acudir Julio”. ¿El instructor no infiere demasiado y con demasiada imaginación? ¿No se caracterizan los exgobernantes europeos y estadounidenses por tener actividades profesionales en los más variados países? ¿Está prohibido constituir sociedades en Dubái?

Noveno interrogante. La instrucción del Magistrado Peinado contra la esposa del Presidente Sánchez ha creado escuela. Ya no se investigan delitos singulares, sino que algunos instructores abren una causa general contra una persona y no se dedican a otra cosa que a investigar (hasta debajo de las alfombras) a ver qué encuentran, tenga o no tenga relación con el delito inicial. El auto ya apunta esta tendencia, pero posteriores actuaciones del instructor, como la revisión de todos los correos del Presidente Rodríguez Zapatero desde 2020 (El País, 26 de mayo de 2026), confirma que el instructor, como antes el Magistrado Peinado, ha abierto una causa general contra José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Son conscientes los instructores de que las causas generales vulneran los derechos fundamentales de los imputados porque violan la presunción de inocencia y dificultan su derecho a la defensa?

Décimo interrogante. En relación con la causa general que parece cernirse sobre el Presidente Rodríguez Zapatero, da la sensación que alguien ha olvidado que, por las razones que sean, éste (al igual que los Presidentes González y Aznar), no está en activo en el Consejo de Estado y, por ende, han de dedicarse a alguna actividad remunerada para ganarse la vida. ¿Piensa el instructor someter a examen todas las actividades profesionales y empresariales del Presidente Rodríguez Zapatero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid? ¿No vulnera ello el derecho fundamental a la presunción de inocencia?

Undécimo interrogante. El País del 25 de mayo publicó una foto del presidente de la compañía Plus Ultra delante de una mesa con ostras y con champán (o quizá cava porque no se ve la etiqueta de la botella). También ha salido en la prensa, incluso con fotos, que en el registro del despacho del ex-Presidente había joyas o relojes, algo que importa muy poco a la opinión pública porque forma parte del recinto íntimo de cada persona. ¿Qué relevancia penal tiene que el presidente de una gran empresa tome un día ostras y champán (o cava) o el imputado guarde joyas y relojes en su despacho? ¿No se está vulnerando los derechos a la intimidad de estas personas? ¿Quién ha filtrado esta parte del sumario? ¿No se ha infringido el deber de secreto de las actuaciones conforme al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? ¿El instructor va a incoar un expediente gubernativo o una pieza separada para investigar cómo se ha producido esa filtración?

Duodécimo interrogante. El auto imputa a la jefa de la secretaría del Presidente Rodríguez Zapatero como cooperadora necesaria, de la misma manera que el Magistrado Peinado imputa a la asistente de la esposa del Presidente Sánchez. ¿Amplían subjetivamente las acusaciones para dar mayor sensación de “trama criminal” o para disuadir a la gente de que no colabore con estas personas?

Décimo tercero y último interrogante. El Presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha pedido que el Presidente Sánchez vaya a la cárcel. Algunos manifestantes del domingo 24 de mayo intentaron llegar al complejo de La Moncloa y cortaron el tráfico en la autopista A-6. Nada nuevo en una derecha cainita que en octubre de 1934 encarceló sin motivo a Manuel Azaña, en 1940 ejecutó a Lluís Companys y que siempre ha perseguido a los gobernantes que no le son afines. ¿Entenderá la opinión pública que la acusación contra el Presidente Rodríguez Zapatero, al igual que las causas contra la esposa y el hermano del Presidente Sánchez y contra García Ortiz, forman parte de una operación bien planeada para desestabilizar la democracia en este país?