La regulariación de los inmigrantes y la respuesta de la derecha

El rechazo a la inmigración forma parte del fenómeno más amplio del racismo. Con su habitual claridad, Maurice Duverger distinguía entre conflictos de razas, más o menos inevitables, pero siempre presentes en la Historia, y racismo. Los conflictos de razas son un caso de antagonismo político, pero el racismo consiste en el conjunto de teorías que afirman que los seres humanos poseen aptitudes intelectuales y sociales diferentes en función de sus particularidades físicas, de su raza (Sociología política, Barcelona, 1970, págs. 183-195). El racismo parte del supuesto de la existencia de razas superiores y de razas inferiores y, como dijo también Duverger, es un fenómeno relativamente reciente en la Historia de la Humanidad, que se inició con las conquistas coloniales y se reforzó con la esclavitud que se legitimaba con las doctrinas racistas. Del racismo nacen la xenofobia y el antisemitismo, y todos estos fenómenos se asientan en sociedades donde la presión migratoria, generalmente (pero no sólo) por razones económicas, es muy fuerte.

Ahí, en la inmigración económica, está la contradicción que contiene el rechazo racista de los extranjeros. Cuanto más desarrolladas son las naciones, más rechazo hay entre sus habitantes a ciertos trabajos en la industria, en la agricultura y en los servicios, trabajos que sólo los inmigrantes extranjeros están dispuestos a asumir. De modo que sólo por razones ideológicas o identitarias se ponen obstáculos a prácticas necesarias para la economía de un país. En la Historia ha habido manifestaciones de racismo que perseguían objetivos de beneficio económico o social, como el antisemitismo que desplegaron los nacionalsocialistas alemanes para despojar a la burguesía judía o el esclavismo de Estados Unidos para disponer de mano de obra barata, pero hay comportamientos racistas cuya utilidad económica es negativa y eso es lo que hoy ocurre en Europa y en Estados Unidos. Y ello dejando a un lado consideraciones humanitarias que poca mella hacen en las diversas derechas.

Con este punto de partida, la iniciativa del Gobierno español de regularizar la inmigración irregular se debe analizar desde tres perspectivas distintas, la internacional, la nacional y la de la respuesta de la oposición.

Desde la perspectiva internacional, la decisión del Gobierno español contrasta con la tendencia contraria que se consolida en todo el mundo. El ejemplo más sangrante es, naturalmente, el de Trump, pero también destaca la dureza inmigratoria del Gobierno socialdemócrata de Dinamarca, que denota la tremenda presión que la extrema derecha está inyectando en toda Europa. Es un gesto de valentía internacional que pocos Gobiernos imitarán. Y el Ejecutivo de Estados Unidos tendrá un motivo más para amenazar al Gobierno español.

Desde la perspectiva interna, el caso danés −que acabamos de citar− nos da algunas claves. Ante presiones populistas de extrema derecha los Gobiernos pueden asumir esas presiones y confirmar en realidad el populismo o, por el contrario, dirigir la política en el sentido que considera necesario para el país. En definitiva, los Gobiernos pueden ponerse al frente de la opinión pública o arrodillarse ante una opinión pública que han manipulado otros. Por eso, tiene importancia que, a pesar de la presión de las derechas, el Gobierno español elabore su discurso y no se pliegue ante la demagogia de las derechas y de los fascistas, aunque ello comporta un esfuerzo adicional de pedagogía ante la opinión pública.

Con estas dos referencias, la exterior y la interna, llama la atención la respuesta del Partido Popular, pues de Vox se espera que reaccione como el resto de los partidos fascistas europeos y americanos. Lo primero que se constata es que el partido que preside Núñez Feijóo ha asumido, una vez más, el programa de Vox. Se veía venir en materia de inmigración, pero ya se ha posicionado, sin darse cuenta que así regala votos a Vox. Tras esta esperada constatación hay que recordar la reacción específica del Partido Popular, bien analizada en el editorial “De la crítica al bulo” de El País del 3 de febrero.

En primer lugar, el Partido Popular lanzó diversas mentiras que se compendiaban en que esta regularización iba a alterar el censo electoral (se supone) en beneficio del PSOE. Evidentemente, legalizar la estancia de inmigrantes no equivale a concederles la nacionalidad y sólo ésta permite votar, por lo que la mentira de la derecha era flagrante y el Partido Popular acabó rectificando a regañadientes, aunque no lo hizo la Presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo amor por las mentiras políticas es tan notable como el de su amado Trump. Pero, salvo Díaz Ayuso, los dirigentes del Partido Popular ya no se atreven a engañar a los ciudadanos con ese bulo.

En segundo lugar, el Partido Popular acudió a la Comisión Europea a quejarse y denunciar al Gobierno español. Con una larga tradición de denuncias y desprestigio a su país de la mano de la eurodiputada Dolors Montserrat, “acusica” mayor del Reino, el Partido Popular pretendía que la Comisión rectificara la decisión del Gobierno español… hasta que la Comisión informó al partido de Núñez Feijóo que en la arquitectura jurídica comunitaria la inmigración es competencia de los Estados miembros, no de la Unión.

Antes de seguir examinando la respuesta de la derecha, debemos reflexionar sobre la credibilidad y honestidad de un partido y de su Presidente, que en lugar de hacer críticas políticas a las decisiones del Gobierno prefieren lanzar mentiras e infundios para engañar a la opinión pública. Estábamos acostumbrados a las mentiras de Núñez Feijóo, que nunca se sabe si se deben a ignorancia o a mala fe, pero esta acumulación de informaciones y juicios falsos no debe pasar desapercibido. Y ante el fracaso del comentario, el Partido Popular intenta que, en la próxima reunión de Zagreb del Partido Popular Europeo, éste critique al Gobierno español (La Vanguardia, 31 de enero). Otra vez el síndrome de Antonio Pérez, tan grato al Partido Popular, de la necesidad de desprestigiar a España en el extranjero.

A esa campaña de intoxicación y de bulos contribuyen los tradicionales diarios de la derecha con una técnica jesuítica con la que quizá ya no engañan a nadie, pero denota su voluntad de manipulación. En lugar de ir a las claras y reproducir el argumentario de Vox, la prensa de la derecha utiliza una fórmula más sutil, aunque en el fondo tan basta como las que difunden los fascistas. Y así leemos en ABC “Juristas avisan: la regularización será ilegal si excede la ley de extranjería” (28 de enero). ¿Quiénes son los juristas que reconocen no conocer el texto normativo? Los habituales monosabios del Partido Popular, que ya combatieron con más entusiasmo que pericia la ley de amnistía. Para remachar el ataque, ABC avisa “La mayoría podrá pedir la nacionalidad en dos años, lo que abre la puerta al voto” (28 de enero). Pero ¿de qué elecciones estamos hablando? Y, para completar la intoxicación, el diario monárquico acabó proclamando: “Mandos policiales advierten de un efecto llamada ‘masivo” (28 de enero). ¿Quiénes son esos mandos policiales? Fuentes consultadas por ABC…

Esa es la respuesta de la derecha a una iniciativa valiente que muestra dónde está la línea divisoria entre la derecha y la izquierda.