Razones para confiar en el futuro

Mentirosos, corruptos, arrogantes, histéricos, codiciosos, ladrones, linchadores, faltones, incultos, fascistas… adjetivos todos ellos sustantivados en individuos dirigentes de nuestro país, tienen el rasgo común de ser irresponsables respecto de los importantes cometidos que socialmente se les han asignado. Sin embargo, han ocupado y siguen ocupando muchos de ellos – y ellas– cargos con enorme proyección social. Tienen la capacidad de hacer mucho bien a la sociedad aunque, por su cuenta, la truequen voluntariamente y hagan mucho, mucho mal, generando daños de difícil reparación. Esto lo sabemos bien.

Pero hemos de saber que frente a esa recua de impresentables, también hay en España regidores municipales y concejales laboriosos; fiscales honestos; autoridades regionales responsables; parlamentarios, líderes políticos y gobernantes que batallan por el bien común y, sobre todo, ciudadanos, asalariados, amas de casa, estudiantes, parados y contribuyentes sensatos, solidarios en los valores igualitarios de la democracia, conscientes de su compromiso cívico y político con ella. Todos conforman el sentido común democrático que inspira la vida cotidiana hoy en España. Su número supera con creces, muy holgadamente, el de los réprobos y su potencial democrático constituye un poderoso factor de esperanza.

Sin embargo, para defendernos de la batahola de alcaldes ineptos; personalidades fanáticas al frente de Gobiernos regionales; portavoces histéricos de partidos políticos; jueces prevaricadores; empresarios explotadores; ministros corrompidos –los hubo que incluso montaban los chiringuitos en los propios despachos ministeriales– ; jefes de Gobierno farsantes y jefes de Estado inconscientes, todos execrablemente incapaces de desarrollar funciones nobles como la representación política democrática o la aplicación de la justicia requieren, es preciso tener en cuenta que hay soluciones. Sus desalentadoras conductas no pueden desmoralizarnos ni apagar en ningún caso la llama democrática que alienta la vida social en España, una antigua nación que ha atravesado muchas, demasiadas, vicisitudes y adversidades como para ahora reproducirlas de nuevo.

Es preciso tener en cuenta siempre que, en el arquitrabe de la arquitectura estatal de nuestro país se encuentra la Constitución. Han pasado años 47 años desde su promulgación en 1978. Su observancia nos ha procurado estabilidad, prestigio, avances y, a veces, prosperidad, en la etapa más prolongada de democracia formal en la historia de nuestro país. Pero, dadas algunas graves disfunciones observadas, la inicial de todas ellas la conducta del anterior rey, es tiempo ya de introducir algunas modificaciones para que no puedan repetirse en ningún caso.

La asignación constitucional al jefe del Estado de la condición vitalicia de inviolabilidad e irresponsabilidad, que le sitúan por encima de la ley, se encuentra en el origen de la errática y amoral deriva de la conducta de Juan Carlos de Borbón, que tanto ha dañado a la imagen de España y a la institución que representaba. Esa asignación legal, que se produjo en un momento histórico extremadamente delicado a la muerte del dictador – por temor a que su desaparición desnortara a las Fuerzas Armadas– ­, debe ser erradicada de la Ley Fundamental que nos rige a todas y todos. Era necesario que el actual titular de la Corona corrigiese con su propia conducta y su promesa de ejemplaridad aquel derrotero. Pero no es suficiente. Es preciso fijar constitucionalmente que el Jefe del Estado no pueda, ni deba, estar de manera vitalicia por encima de la ley. Hacerlo así garantizará el hecho de ahuyentar para siempre la posibilidad de que lo tan tristemente ocurrido se repita.

Soluciones a mano

Con relación a la política, las soluciones a los problemas descritos no hay que buscarlas demasiado lejos. Su control, está al alcance de la mano. La Constitución será la guía. Las conductas políticas, económicas, judiciales y ciudadanas, deben verse sometidas a la ley. Y la ley debe ser legítima. Y equitativa y justa, claro. Es condición ineludible que el régimen político sea legal y legítimo. Si esta ecuación se descompensa, el sistema se desequilibra. Siempre. Más es preciso tener en cuenta que nadie, salvo las urnas o los poderes autorizados en casos de flagrante alta traición, tiene potestad para deslegitimar un Gobierno democráticamente elegido.

En cuanto a la ley, su aplicación corresponde a los jueces. Los jueces que prevariquen intencionalmente, no respeten la separación de poderes y olviden que la soberanía reside en el pueblo, pueblo que la deposita en sus representantes en el Parlamento, deberán abandonar la carrera judicial. Los políticos que incurran en corrupción probada, deberán abandonar la política, devolver lo arrebatado a los caudales públicos y, en determinados casos, ir a prisión. Los empresarios que incumplan la legislación laboral deberán comparecer ante los tribunales y respetar los derechos de los trabajadores. Y los gobernantes que no satisfagan la prelación de los intereses públicos por sobre los intereses privados, – intereses también a tener en cuenta– deberán apartarse de la vida pública.

Los lectores dirán que todo ello es fácil de decir pero muy difícil de hacer. Y tienen razón. Porque acometer cualquiera de los cambios propuestos o imaginados requiere de consensos, acuerdos y pactos que la polarización política hoy en boga no permite. Pues ha de saberse que sin consenso no hay más salida que la inacción y la desertización políticas y la perpetuación de los males que nos aquejan. Es hora ya de que la ciudadanía exija a la clase política, judicial y parlamentaria española que se ponga de acuerdo para consensuar modificaciones absolutamente necesarias para poder convivir. Vivienda, escuela, universidad y, señaladamente, sanidad, más la industria, deben verse fomentadas y adscritas a la rectoría pública. El campo y la pesca, con todas sus particularidades, debe quedar a salvo de la especulación con los precios de los alimentos.

Tareas respectivas aquí y ahora: al PSOE, la tarea de limpiar sus rangos de cargos políticos corruptos, abandonando la irresponsable frivolidad de determinados ascensos y desplegando indagaciones precisas y previas basadas en comprobaciones observables que precedan a la promoción de sus cuadros. Al PP, que erradique los insultos de las prácticas parlamentarias; que abandone las acusaciones de ilegitimidad y que facilite información sobre la corrupción ministerial de Cristóbal Montoro. A Vox, que respete las prácticas y valores de la democracia constitucional y, en todo caso, se atenga a ellas. A Sumar, que facilite la gobernación de la coalición sin maximalismos. A los aliados parlamentarios de la coalición de Gobierno, como el PNV, ERC y Bildu, que prosigan donde sensatamente suelen situarse; en cuanto a Podemos, sería necesario que abandone el adanismo, perfeccione sus críticas y se mantenga en la unidad de la izquierda. Y, a propósito de Junts, escindido entre su estrategia de derechas y sus alianzas tácticas con la izquierda, que calibre bien de quién decide alejarse, no vaya a ser que aquellos a quienes facilita su acceso al poder, si llegan, le alejen para siempre del tablero.

No abandonar las calles

No está de más recordar a la clase dirigente, parlamentaria, judicial y económica la necesidad de que estimule la imaginación, la iniciativa y la negociación, sin las cuales la acción política carece de sentido y se convierte en mero parloteo. Sin arrogancia, cabe pedir a la ciudadanía que no abandone las calles, de donde deben salir cuanto antes los matones. Es compromiso ciudadano luchar por la democracia participando en el debate, en la deliberación política, en la crítica fundada y en la tarea de tender puentes con los otros, para exigir con ellos que la política cumpla la función democrática de representarnos a todas y todos. Además, procede demandar a cada ciudadano y ciudadana, destacadamente a la clase obrera asalariada, que piensen bien en a quiénes dará su voto. A los funcionarios, que definitivamente dejen de lado los episodios de desmotivación y se apliquen a cumplir tan responsablemente como saben la importante tarea social que la función pública les asigna.

A los jóvenes, que la emocionalidad a secas, ni los símbolos sin contenido, son garantía de nada e instarles a peleen por mejorar, organizadamente, sus condiciones laborales y existenciales. A sus empleadores, que dejen de castigar a la juventud con la precariedad y el menosprecio. Y pedir a los jubilados, le generación que vivió de cerca y protagonizó la fase culminante de la Transición, que no se jubilen del ejercicio de la ciudadanía. Su politización, su conciencia de lucha y de clase asalariada, su formación social, administrativa, profesional, técnica y económica son, todavía, garantías de que el proceso democrático no descarrile.

En relación a los medios, la tarea consiste en exigirles que realmente medien, que relaciones unos sectores sociales con otros a través de la información y la opinión informada, en vez de beligerar en banderías, abdicando de su condición de contrapoderes plenamente necesarios en las democracias, para el control de todo tipo de poder injusto.

Todo ello puede facilitar muy mucho la recuperación de la confianza en el régimen democrático del que nos dotamos un buen día. Y también, la de mantener la certeza de que los intereses estatales a largo plazo quedan hoy garantizados cuando la histeria es desterrada de la escena y abre paso a la sensatez, la cordura y el sentido común, democrático y dialogante, en los actos políticos de todo tipo. Desterremos la ofensa, el rencor y la inquina. Consenso es la palabra. Y el diálogo y la buena fe, el método. Confiemos pues en el futuro. Hay buenas razones para ello.