La condena del Fiscal General del Estado, ¿un 23F judicial?

UN MODO ATÍPICO DE DIFUNDIR EL FALLO. Lo primero que ha llamado la atención de este acontecimiento es la atípica práctica de difundir el fallo, pero no la Sentencia. Escribo este comentario la mañana del día 26 de noviembre, seis días después de la difusión del fallo y aún no se conoce la Sentencia. Es cierto que la legislación procesal no prohíbe explícitamente esta práctica, que ocurre con poca frecuencia, pero no es inocua, sino que tenía dos fines políticos muy llamativos.

En primer lugar, quienes han difundido el fallo han pretendido dejar su huella un día como el 20 de noviembre. En cierto modo, recordar quién manda (o quiere imponerse) en España, quién tiene el poder real frente a un Gobierno ilegitimo. Pero, además de este aldabonazo para que la opinión pública no olvide quién manda de verdad, había en la filtración algo mucho más sádico y cruel. Al filtrar el fallo, pero no la Sentencia, han situado al Fiscal General del Estado en una posición insostenible que le obligaba a dimitir, como ha ocurrido, con el agravante de dimitir sin saber todavía por qué se le condena. Querían desalojar pronto al Fiscal General, pero ni siquiera se han esforzado en redactar la Sentencia. Ha sido un acto sádico y cruel, propio de quienes luchan a muerte para conservar unos poderes que la democracia (cualquier democracia) pretende limitar.

Con su habitual capacidad de manipulación informativa, ABC publicó el 25 de noviembre un largo artículo para justificar que esas filtraciones son frecuentes en los Tribunales. No vamos a polemizar con una máquina de desinformación como ABC pero dejó constancia del hecho.

LA RESPUESTA DE LA DERECHA A LA NOTICIA. No es exagerado afirmar que la derecha, en especial el Partido Popular, ha dado una respuesta obscena a la difusión del fallo. Como Núñez Feijóo, Díaz Ayuso y su Director de Gabinete estaban sin duda advertidos, prepararon sus respuestas a conciencia. Díaz Ayuso con una comparecencia histriónica y destructiva, propia de quien ha vencido a muerte a su enemigo. El Presidente del Partido Popular con sus patéticos latiguillos de pedir elecciones, sin darse cuenta de que las peticiones que no se alcanzan muestran debilidad y fracaso.

Además, Núñez Feijóo exigió un Fiscal “apolítico” olvidando el gran margen de maniobra que tiene en su designación este Gobierno y todos los Gobiernos. Los Gobiernos de Aznar y de Rajoy nombraron Fiscales Generales muy escorados a la derecha, pero nadie se extrañó ni lo criticó porque es una atribución del Gobierno.

La derecha política ha enfangado tanto la vida pública que las mayores barbaridades verbales, como las que expresó Díaz Ayuso, nos parecen banales e intrascendentes, cuando lo que reflejan es el ansia de sacar del juego político a todo lo que huela a progresismo y a izquierda. Tienen buenos maestros.

EL INQUIETANTE PAPEL QUE ALGUNOS PERSONAJES HAN TENIDO EN ESTOS HECHOS. Sobre el Director de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid no hay mucho más que comentar como muñidor de toda la operación, salvo recordar algo que hoy está olvidado: Miguel Ángel Rodríguez fue el cerebro de aquella manobra dirigida a encarcelar a Jesús Polanco con un pretexto tan nimio como el de García Ortiz, los decodificadores de Canal Plus. Fue una operación muy similar a la que hemos visto estos días que se saldó con un fracaso y con la expulsión de un Magistrado demasiado beligerante y proactivo, pero dónde Aznar, Álvarez Cascos y el propio Rodríguez salieron indemnes.

Pero, hay otro personaje sobre el que sería interesante saber si son ciertos algunos rumores que corren en los medios. En la Cadena SER, en la noche de la difusión del fallo, la periodista Esther Palomera comentó que la semana anterior el Magistrado y ex Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, presumía de haber “ahormado” la Sentencia con sólo los votos disidentes de las dos Magistradas próximas o afiliadas a Juezas y Jueces para la Democracia. Sabemos su ideología y su posición antigubernamental que se compendia en su reciente obra La justicia amenazada (Barcelona, 2025). Sabemos, por un famoso WhatsApp, lo apreciado que es por el Partido Popular y sabemos cómo dirigió la Sala que ratificó la condena en el caso de los ERE. Es difícil que se cuenten algunas cosas en público, pero el papel protagonista de este Magistrado está en los medios y sería interesante saber si son ciertos esos rumores.

LA OPERACIÓN POLÍTICA QUE LATE DETRÁS DE LA CONDENA. He reiterado aquí que desde que se redactó la Constitución la derecha política preparó una segunda línea defensiva por si salía del Gobierno. Por si la derecha política quedaba en minoría en el Parlamento y perdía el Gobierno se preparó concienzudamente un Poder Judicial que pudiera imponerse a los Gobiernos progresistas en todos los campos, pero especialmente en el penal, en el contencioso-administrativo y en el social. Pare ello había que diseñar un CGPJ controlado por los propios Jueces, con una participación reducida y minoritaria del Parlamento y así se aprobó la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial, que garantizaba el dominio del Poder Judicial sin injerencias externas, es decir, permitía que los Jueces y Magistrados actuaran como un poder autónomo sin intervención parlamentaria ni gubernamental. Por eso, la reacción salvaje de la derecha judicial y de la derecha política cuando la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, parlamentarizó la elección del CGPJ. Ahí perdieron poder ambas derechas y cuarenta años después la herida sigue supurando. Es lógico que supure porque sin su retaguardia judicial a la derecha política le cuesta más conservar o recobrar el poder político y le resulta más difícil ejercer el poder socioeconómico.

Por eso, desde 2018 y, sobre todo, desde las elecciones de 2023, la rabia de la derecha política por no acceder al Gobierno le llevó a su plan B, que era utilizar al máximo el Poder Judicial para debilitar al Gobierno y quebrar psicológicamente a su Presidente. De ahí la persecución judicial contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez y la no menos intensa persecución contra García Ortiz. Los delitos, en todos los casos, son ridículos, sin víctimas, a partir siempre de recortes de prensa o de bulos. Pero, no han faltado Magistrados dispuestos a colaborar en la persecución y ahora tenemos el primer resultado. Es lógico que la derecha celebre la victoria.

Por eso, es de temer que las piezas siguientes que abatirán serán la esposa y el hermano del Presidente. Un mínimo rigor jurídico-penal hubiera determinado el archivo de los dos casos, como hubiera debido archivarse el caso de García Ortiz, pero (y aquí se ve la densidad y coordinación de la trama) las decisiones de los instructores han sido avaladas por las Audiencias Provinciales respectivas y por la Sección de Recursos de Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por eso, a muchos juristas no les ha extrañado la condena a García Ortiz porque estamos ante una operación que rebasa con mucho lo jurídico-penal y nos mete en una dimensión policía más oscura y más dañina pata la democracia.

Además, la oposición judicial contra el Gobierno no se ha limitado al entorno familiar y político del Gobierno (el Magistrado Peinado intentó incluso imputar al Ministro Bolaños), sino que la oposición judicial ha sido mucho más amplia: frecuentes sentencias contra el Gobierno en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, boicot continuo a la Ley de Amnistía, protestas contra los proyectos de ley de modernización de la Justicia, concentraciones de Jueces y Magistrados con toga que no han sido sancionadas, huelgas en las que no se detraen haberes a los huelguistas, como ocurre con el resto de los funcionarios, etc. Cuando a partir de 2018 el Estado Mayor de la rebelión dio orden de lanzarse a la guerra, pocos miembros de la carrera judicial se apartaron de la orden de combate. Y para completar la ofensiva, también se movilizaron las asociaciones de Fiscales, cuya ferocidad contra el Fiscal General, uno de los suyos, no deja de llamar la atención. Si actúan con esa beligerancia contra un compañero, cómo actuarán contra los legos.

EL ALCANCE ESTRATÉGICO QUE TIENE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL EN LA VIDA POLÍTICA DE LAS DEMOCRACIAS. Teorizado por Montesquieu como un poder de mera ejecución del Derecho que crean otros poderes, el Poder Judicial ha sido con frecuencia un poder que neutralizaba a los poderes representativos. Es verdad que en algunos momentos los Jueces han garantizado la libertad de los ciudadanos, pero en otros muchos (por su extracción social situada en las clases medias) han sido un instrumento de las clases dominantes para mantener su dominio. Por eso se hace urgente una reflexión y un debate sobre los límites del poder de los Jueces y sobre el papel de los Consejos de la Magistratura en los países donde existen, que pueden contribuir a reforzar un poder que no es democrático, sino corporativo.

El tiempo de las ilusiones ha pasado y hoy no podemos seguir dando por bueno el paradigma de una triada de poderes. En las democracias parlamentarias o presidencialistas hay dos órganos, que expresan poderes, de legitimación democrática, el Parlamento y el Gobierno, pero un poder formado por funcionarios sin otra legitimación que haber ganado una oposición (salvo en los contados países donde algunos Jueces son elegidos por los ciudadanos), no puede situarse en el mismo nivel que el de los representantes de los ciudadanos. A fortiori cuando, como ocurre en España, no sólo ejercen un poder corporativo (que ya es grave), sino que se lanzan a la guerra contra el Gobierno legítimo.

Tampoco podemos seguir dando por bueno el modelo de los Consejos de Magistratura, tan caro a todas las derechas. Habrían sido válidos si cumplieran una función de gestión del servicio público de la Justicia, pero su composición les lleva en toda Europa a actuar como órganos de representación corporativa de los Jueces y sólo de los Jueces y de sus intereses profesionales. Alemania y el Reino Unido carecen de Consejos de la Magistratura y su servicio público de la Justicia no es peor que el de Italia o el de España.

LA EQUÍVOCA POSICIÓN DEL CGPJ. Hace algunos meses supimos que ante el bloqueo entre los dos sectores del CGPJ los Vocales progresistas del mismo habían desistido de presentar candidatos para presidir las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (las de más importancia política para controlar al Gobierno). Uno de los Presidentes que salió así elegido fue Martínez Arrieta que ahora vota en favor de la condena de García Ortiz. Los Vocales progresistas del CGPJ aducían “responsabilidad” para no dejar sin Presidencia dos Salas tan importantes, pero mucha gente creyó entonces que era una irresponsabilidad (no una responsabilidad) regalar a la derecha judicial esos dos cargos sin negociar y los temores que provocó aquella entrega gratuita se están confirmando. Hay quienes creen que los Jueces progresistas viven una especie de síndrome de Estocolmo frente a la derecha judicial y actos como el que comentamos, más la defección de un Vocal progresista que se ha pasado a la derecha y el que la Presidenta del CGPJ se haya erigido en líder de la derecha judicial, nos dan un panorama sombrío de este órgano que hoy sigue tan orientado hacia la derecha como el anterior Consejo.

Ofrecemos toda esta reflexión porque un Presidente de la Sala de lo Penal más neutral, menos politizado hacia la derecha (no digo progresista que quizá sea imposible con este Consejo), quizá habría impedido la sangrante condena a García Ortiz y hubiera neutralizado la fuerte presión de los Magistrados más beligerantes.

VÍAS PARA PARAR UNA DERIVA QUE AMENAZA AL SISTEMA DEMOCRÁTICO. Cuarenta y siete años después de promulgarse la Constitución democrática, en España se ha afianzado un Poder Judicial autónomo que quiere actuar como intentaron los militares entre 1975 y 1983. Y al igual que las derechas utilizaron a las Fuerzas Armadas para derrocar a la democracia republicana en 1936, hoy utilizan al Poder Judicial para derrocar, no tanto a la democracia, como al Gobierno salido del Parlamento.

La situación es muy grave, son muchos frentes judiciales los que luchan contra el Gobierno. Sólo una radical reforma legislativa podría asegurar la preeminencia de los órganos representativos (Gobierno y Parlamento) sobre órganos y poderes de base corporativa y profesional. Lo está intentando este Gobierno, pero sus apoyos parlamentarios son muy frágiles, con Junts colocado en la derecha y Podemos lanzado a un izquierdismo que converge con la derecha.

Por eso, habrá que aguantar lo mejor que se pueda esta ofensiva y confiar en que las próximas elecciones den una mayoría parlamentaria suficiente que libere al Gobierno de ataduras que le impiden gobernar. No vendría mal que las diversas extremas izquierdas tomaran nota, dejaran de discutir sobre galgos y podencos y buscaran un proceso de unidad y entendimiento.