Del Partido (político) Judicial

Al puerto de llegada, enclave en el que la acción política se emancipa del relato y resulta productiva para la mayoría social y respetuosa para la minoría, solo se puede acceder después de que se asuma la legitimidad del Gobierno democrático. Este parece ser el proceso tímidamente emprendido por el sector de la oposición que conserva cierto sentido de Estado, tras una inútil impugnación de la legitimidad del Gobierno de coalición que lleva en marcha seis años. Durante todo este tiempo, perdido gracias sobre todo al sinuoso Partido Judicial, buena parte de los grandes retos que obligadamente ha de afrontar España cayeron en el olvido, dando paso a la tan lamentable parálisis.

Es preciso que la ciudadanía exija a ese Partido Judicial que deje de actuar como si contara con la representatividad que concierne únicamente al Parlamento. Todas las normas de respecto constitucional, neutralidad política, objetividad y ponderación son rebasadas a diario por ese lobby tan proclive a plegarse a la tentación de inmiscuirse en la vida política, en imitación de lo que hicieron tantos jueces brasileños hasta que consiguieron derrocar a la presidenta Dilma Russef y al presidente Lula da Silva. No obstante, Lula reapareció en la escena como un siniestro rittornello para los jueces, tras descubrirse la odiosa manipulación judicial de la política carioca acometida por aquellos togados.

Tal vez suceda aquí algo semejante, cuando descubramos que casi todos los supuestos escándalos judicialmente tratados con sospechoso apremio por el Partido Judicial con fines sustantivamente políticos, en vísperas electorales, contra familiares de políticos encausados sin indicios consistentes, o mediante ofensivas premeditadas contra fiscales no de la cuerda del partidismo judicial, fueron frutos de intencionadas pretensiones de ocupar un espacio que no corresponde a los jueces; estos, están capacitados tan solo para aplicar e interpretar las leyes, no para crearlas, cometido exclusivo éste de los representantes elegidos por el pueblo o excepcionalmente compartido por el Ejecutivo con su inusual potestad para emitir decretos.

Posiblemente el origen de este grave problema, el de la irrupción judicial en la escena política, encuentre sus raíces en un ámbito tan correoso como el de la denominada Razón de Estado. Sustancialmente, consiste en aquellos intereses estatales invariantes cuya satisfacción procura al Estado su permanencia segura en el espacio territorial y en el tiempo histórico. Para satisfacerlos, el Estado se vale de procedimientos legales abiertos y, en ocasiones, incluso alegales y secretos. Comoquiera que no conviene al Estado que se conozcan sus designios, conocimiento que le convertiría en vulnerable ante sus enemigos, la Razón de Estado permanecerá velada por el secreto y su gestión encomendada los servicios secretos, cuyas actividades deben ser fiscalizadas por un juez. En el caso español, la fiscalización es previa a la acción o gestión secretas a desarrollar, pero no concierne a su desenlace.

Por ello, en el mejor de los casos, algunos jueces no partidistas, que los hay en abundancia, pueden llegar a creer ampliable esa tarea fiscalizadora, que es puntual, y la conviertan en general, atribuyéndose así una responsabilidad estatal que no les compete en ningún caso. Si a esta presumible equivocación conceptual se le añade el raca-raca tóxico de medios digitales teledirigido a la judicatura, mercenariamente empeñados en hacer descabalgar como sea a cualquier Gobierno legítimo a base de bulos sin pruebas, como es el caso, los jueces malintencionados, que los hay, se pertrechan en tal coartada y consiguen su propósito de arrogarse funciones estrictamente políticas.

Por otra parte, la formación de la generación de jueces que hoy ocupa los principales juzgados y tribunales, cursó sus carreras en una etapa de transición universitaria en la cual, hasta bien entrados los años 80 del pasado siglo, como ejemplo, aún se incluían en los planes de estudios de las Facultades de Derecho las llamadas Leyes Fundamentales del régimen franquista.

La nueva ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, tres años después, dio lugar a la ley de Demarcación de la Planta Judicial, que se adaptaba a la reciente e innovada configuración autonómica del territorio. En base a ella, era urgente cubrir varios miles de vacantes en numerosos juzgados de todo el país. Surgió toda una plétora de instituciones judiciales de nuevo cuño, desde juzgados de distrito hasta tribunales de rango autonómico, así como un repertorio de secciones en algunas audiencias provinciales, amén de la creación de los nuevos juzgados de lo Social. Para todo ello se precisaba cubrir las correspondientes plazas con jueces conocedores de la nueva legislación. Y todo ello, con los planes de estudio aún a medio hacer, como el desarrollo de la ley de Reforma Universitaria, emitida en 1983.

Togados de aquella generación han de saber que muchos ciudadanos seguimos, cada vez con más atención, sus movimientos. Y que, a sabiendas de la necesidad de una Justicia administrada con equidad por jueces que interpreten sin malicia los principios democráticos de los que los españoles nos hemos dotado, siempre dentro de la también necesaria independencia con la que han de contar para ejercer su ministerio, los ciudadanos esperamos que ellos cumplan con sus cometidos reales, no los imaginados ni requisados a otros poderes. Solo así su ejemplo echará raíces en una ciudadanía que, de esta manera, les devolverá el respeto hoy tan deteriorado después de tantas anomalías, irregularidades y pulsiones supuestamente prevaricantes.

Por otra parte, no estaría de más que los legisladores, esto es, los representantes electos de la soberanía popular, se esmeraran en la fundamentación y en la redacción de las leyes. En numerosas ocasiones, las deficiencias observadas en los textos a legislar dan pie a que jueces puntillosos tiren abajo iniciativas legislativas muy mal enunciadas.