Las ayudas frente al shock energético deben servir para contener los precios, no para aumentar los márgenes de beneficio en las empresas

El Gobierno de España ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley 25/2026 para dar continuidad al paquete de medidas adoptado desde el pasado mes de marzo frente al impacto del encarecimiento de la energía, los carburantes y sus derivados sobre las familias y los sectores más expuestos. Buena parte de las medidas coyunturales vigentes hasta ahora expiraban a finales de septiembre, por lo que el nuevo decreto permite prolongar la respuesta ante unas tensiones energéticas que continúan como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y de su impacto sobre los mercados internacionales.

Con esta norma se consolida un paquete integral de medidas que combina actuaciones de carácter coyuntural, dirigidas a amortiguar el impacto inmediato de la crisis, con reformas de carácter estructural orientadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar la electrificación y aumentar la capacidad de adaptación del sistema energético y productivo.

El Real Decreto – ley 25/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, prorroga hasta el 31 de diciembre las medidas que vencían este mes. Las ayudas al transporte profesional, agricultura, ganadería y pesca, como sectores más afectados, se mantienen, así como la rebaja a los carburantes, que es decreciente salvo que los precios vuelvan a dispararse. Las rebajas fiscales a la electricidad y al gas quedan condicionadas a un nuevo repunte de los precios.

El decreto también incorpora además nuevas medidas frente al encarecimiento del gas: limita la subida de la Tarifa Única Regulada (TUR) difiriéndola en el tiempo y el precio máximo de la bombona de butano.

Se mantiene, asimismo, la condicionalidad laboral para las empresas que reciben ayudas no pueden hasta el 31 de diciembre de 2026 realizar determinados despidos o ceses. Y las empresas que están obligadas a contar con un plan de movilidad sostenible, la recepción de las ayudas queda condicionada al cumplimiento de esa obligación; en caso contrario puede exigirse el reintegro.

Finalmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia analizará la traslación de las medidas a los precios finales, la evolución de los márgenes y el grado de competencia en los mercados energéticos y alimentarios, y formulará recomendaciones para mejorar su eficacia.

Desde CCOO participamos en las reuniones sectoriales impulsadas por el Ministerio de Economía y presentamos un documento con 20 ambiciosas medidas para hacer frente al incremento de los precios energéticos, orientadas a proteger las rentas salariales de las familias trabajadoras y el empleo, así como a sostener la actividad productiva, en las diferentes fases en las que puede evolucionar este shock.

Nos encontramos ante un episodio inflacionista cuyo impulso inicial procede fundamentalmente del encarecimiento del petróleo, el gas y sus derivados. Por ello, para CCOO es imprescindible evitar que este shock energético termine trasladándose de forma generalizada al conjunto de la economía y a los precios de los bienes y servicios que integran la cesta de consumo de las familias trabajadoras.

En este contexto, el sindicato considera esencial comprobar la efectividad real de las medidas aprobadas: los recursos públicos y las rebajas fiscales deben servir para contener los precios y los costes soportados por hogares y empresas, y no para ensanchar los márgenes empresariales.

Por ello, CCOO considera especialmente relevante el papel de seguimiento y evaluación atribuido a la CNMC. Es necesario conocer si las medidas se trasladan efectivamente a los precios finales, cómo evolucionan los márgenes a lo largo de las cadenas de valor y si existe suficiente competencia para garantizar que las ayudas cumplen su finalidad. Esperamos que ejerza esta responsabilidad con rigurosidad, transparencia y en tiempo para permitir tomar las acciones correctivas que se estimen necesarias en caso de que las medidas no estén surtiendo el efecto deseado. No obstante, estos instrumentos de información, supervisión y evaluación no constituyen por sí mismos un mecanismo previo de limitación de los márgenes empresariales.

El sindicato ve además imprescindible realizar un seguimiento permanente de la evolución de la inflación. Si el incremento de los precios energéticos terminara extendiéndose al conjunto de bienes y servicios, el paquete aprobado resultaría insuficiente y sería necesario adoptar nuevas medidas para proteger las rentas de las personas trabajadoras y evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo. El documento de 20 medidas presentadas por el sindicato ya recoge iniciativas para desplegar en esa fase como por ejemplo la ayuda focalizada de 300 euros para familias con rentas inferiores a la media o la reactivación de la conocida como excepción ibérica que establece un tope al precio del gas en el sistema de fijación de precios de la electricidad.

CCOO vuelve a emplazar a las organizaciones empresariales a sentarse a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, capaz de dar respuesta a un escenario de aumento de los precios que ya está afectando al poder adquisitivo de los salarios. La negociación salarial debe contribuir a impedir que las consecuencias de este nuevo shock energético vuelvan a recaer sobre las personas trabajadoras.