Irresponsable "insumisión" de Puigdemont

Puigdemont ha llegado a asegurar que, en el caso de que fuera inhabilitado, ignoraría la sentencia y acudiría al día siguiente a su despacho oficial para seguir dirigiendo el Govern.

Lo cierto es que el calendario avanza inexorable hacia el 1 de octubre, fecha prevista para un referéndum a todas luces ilegal, que los socios del ejecutivo catalán, como también este lunes ha recordado Oriol Junqueras, describen como “vinculante” y la puerta a la proclamación de la República Catalana. A este respecto es importante recordar que la consulta del 9N acabó provocando la convocatoria de nuevas elecciones, a la que se quiso vestir de carácter constituyente, pero que se saldó, si esa era la intención, con un sonoro fracaso, pues los partidos independentistas, a pesar de lograr la mayoría de escaños en el Parlament, no lograron que los votos avalaran realmente sus postulados.

En este contexto, insistir en dividir a la sociedad solo puede responder a la irresponsabilidad. La propia Constitución Española establece mecanismos para, incluso, darle la vuelta en su totalidad a cada uno de sus artículos. Es cierto que no parece fácil, en su articulado, conseguirlo. Pero ello es así porque exige mayorías lo suficientemente cualificadas para que los cambios introducidos respondan con claridad a un deseo común de la ciudadanía.

Avanzar hacia el Estado Federal, como ha venido defendiendo el Partido Socialista a lo largo de su historia, reconociendo a través de las singularidades históricas y culturales un marco de gestión y legislativo a los territorios que conforman el Estado Español, comienza a ser una necesidad. Pero el contexto de enfrentamiento, en el que tan cómodos parecen sentirse tanto el Gobierno del Partido Popular como el presidido por Puigdemont, solo abunda en la división de la ciudadanía. Por más que así se pretenda transmitir, no se ha logrado, al menos aún, siquiera en Cataluña, trasladar al imaginario común un marco que supere la unidad del Estado Español que defiende la Constitución, basado en los necesarios principios de Igualdad jurídica para todos los españoles en cada uno de sus territorios y la solidaridad interterritorial a través de un sistema fiscal que la garantice.

Avocar a la ciudadanía catalana a un procés que nace fallido por definición, alimentará la frustración de quienes piden, sin poner en duda la legitimidad de hacerlo, más pasos en el reconocimiento de una identidad que no tiene por qué estar reñida con la idea un Estado Español diverso y solidario. También el temor de quienes ven que el forzado choque de trenes crea un falso retrato de un Estado roto o que no reconoce derechos elementales.

La huída hacia delante de Puigdemont y sus socios lleva camino de acabar, de nuevo, en sentencias judiciales. No es el camino.