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Las medidas fiscales no han conseguido paliar la subida de precios de los combustibles que pagan de forma directa las familias


(Tiempo de lectura: 1 - 2 minutos)

Los efectos inflacionarios del conflicto empiezan a trasladarse a la economía familiar,
 habiendo afectado a los precios de los productos básicos, como demuestra la subida de dos
décimas de la inflación subyacente, alcanzando el 2,9%.

Las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno no han conseguido paliar el incremento de los combustibles, arrastrando al resto de productos de la cesta de la compra. El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, insiste en la necesidad “de establecer medidas de control de precios que garanticen que los costes no se repercuten en la ciudadanía, manteniendo los márgenes de beneficios de las empresas”. “No se puede inyectar dinero en la economía de las empresas y que estas no controlen la subida de precios impactando en el poder de compra de la mayoría ciudadana”.


“Los niveles de inflación se están comiendo el incremento de los salarios pactados en
2026”, explica Pacheco, y es por eso que, con el dato de marzo, las personas trabajadoras que han pactado sus convenios en el primer trimestre han perdido 0,5 puntos sobre el IPC y de los 7,4 millones de personas que sus convenios tienen efectos económicos en 2026, “solo uno de cada cuatro recuperarían poder de compra”, concluye.


Es imprescindible controlar los precios

España tiene suficientes fuentes energéticas renovables para paliar los efectos de la crisis de Irán, pero requiere intervenir específicamente en el control de los precios de los combustibles. “Las medidas fiscales no son suficientes para bajar los precios. Hay que limitarlos por la acción del Gobierno”, exige el responsable sindical.

A su vez, CCOO reclamamos que se tomen medidas de apoyo directo a las familias para sufragar
los incrementos de precios y se adopten medidas como la gratuidad del transporte público y
la limitación de los precios de alquiler. En este sentido, La organización llama al arco parlamentario a que convalide el decreto de la vivienda aprobado por el Gobierno y a las patronales a negociar el AENC para corregir el poder adquisitivo a través de subidas salariales y reducción de jornada laboral.


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