CCOO reclama la aprobación de la Ley contra la Trata

Este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, CCOO reclama la aprobación de la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos para asegurar un enfoque integral que permita la luchar contra todas las formas de trata y de explotación de seres humanos, así como la prevención y la sensibilización necesarias para desarticular este lucrativo negocio y asegurar la imprescindible protección y reparación de todas las víctimas, con especial atención a la situación de las migrantes en situación de irregularidad administrativa.

“Sabemos que es una norma compleja y que es preciso cuidar su diseño, pero no podemos acumular más retrasos en un asunto que atañe a una gravísima vulneración de los derechos humanos y en el que España presenta importantes carencias”, valora Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO.

Si bien la tipificación penal del delito de trata de seres humanos se incorporó al Código Penal en el año 2010 como artículo 177 bis para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Protocolo de Palermo y el Convenio de Varsovia, España carece aún de una regulación conjunta de la trata y la explotación de seres humanos que abarque todas las formas de explotación forzosa y ampare a todas las víctimas de trata, cualquiera que sea su finalidad.

CCOO recuerda que se trata de una norma prevista en el plan normativo del Gobierno para este 2026 y además imprescindible para transponer al ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2024/1712 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. Además, se encuentra prevista en la medida 389 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dada la dimensión de género de este fenómeno: 7 de cada 10 víctimas son mujeres o niñas.

En el texto del anteproyecto de ley se penaliza la trata definida como “el proceso consistente en captar, trasladar, acoger, entregar o transferir el control sobre una persona, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, con la finalidad de someterla a explotación” y se entiende la explotación como “la imposición de cualquier trabajo, servicio o actividad, regulado o no, lícito o no, exigido a una persona en situación de dominación o ausencia de libertad de decisión para prestarlo”.

Se añade que incluirá “la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, incluida la mendicidad, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de órganos o la explotación de la maternidad subrogada, el matrimonio forzado o uniones de hecho forzadas, conforme a cualquier rito o costumbre, o la adopción ilegal”.

CCOO ha valorado positivamente en conjunto el anteproyecto de ley; no obstante, insta a tener en cuenta las observaciones del sindicato al texto, en especial en lo que se refiere al reconocimiento de los agentes sociales y el Diálogo Social. También el Consejo Económico y Social ha señalado en su valoración que “organizaciones sindicales y empresariales pueden jugar un papel fundamental tanto en la detección, inserción, asistencia y recuperación de las víctimas como en la sensibilización social. Por otro lado, tal como se expone en la exposición de motivos, la trata es un fenómeno con un marcado enfoque de género, donde las organizaciones sindicales y empresariales tienen una amplia y reconocida trayectoria de actuación para lograr avanzar hacia una sociedad más igualitaria”.

Los últimos datos sobre trata y explotación del Ministerio del Interior ponen de manifiesto cifras y tendencias preocupantes en nuestro país. Según el Informe sobre la trata y la explotación de seres humanos de 2025 durante ese año se identificó en España a 858 víctimas de trata de seres humanos, y a 1015 víctimas de explotación sexual y laboral. En concreto, 397 por explotación sexual y 618 por explotación laboral, siendo esta última cada vez más frecuente.