El costo del prestigio

Las protestas no surgieron porque Brasil organizara un Mundial. Una parte de la sociedad comenzó a preguntarse por qué ciertas obras podían construirse en pocos años cuando durante décadas habían sido consideradas inviables. El cuestionamiento era mucho más profundo que el precio de un estadio o el costo de una ceremonia inaugural. Ponía en duda la lógica con la que un Estado decide qué proyectos son prioritarios y cuáles pueden esperar indefinidamente.

Esa discusión se repite con matices distintos; cada vez que un país obtiene la sede de un “mega - evento internacional”. Mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, exposiciones universales o campeonatos continentales suelen presentarse como oportunidades irrepetibles para acelerar el desarrollo económico, modernizar ciudades y fortalecer la imagen internacional. La promesa parece razonable. Si millones de personas observarán durante algunas semanas a un país determinado, sería lógico aprovechar esa atención para atraer inversión, turismo y negocios. La experiencia demuestra que esta ecuación rara vez resulta tan “sencilla”.

Si bastara con organizar un gran evento para transformar una economía, las ciudades que los han recibido ocuparían hoy los primeros lugares en competitividad, crecimiento e innovación. Pero no sucede así. Algunas aprovecharon el impulso para ejecutar proyectos que ya formaban parte de una estrategia nacional. Otras terminaron con infraestructura subutilizada, presupuestos comprometidos y gobiernos obligados a justificar inversiones cuya utilidad disminuyó tan pronto como concluyó la competencia.

Un gobierno puede organizar impecablemente un Mundial y, aun así, haber tomado una mala decisión estratégica. Del mismo modo, un evento que presente problemas logísticos puede dejar beneficios duraderos si las inversiones respondían a necesidades previamente identificadas. Confundir la eficiencia operativa con el acierto estratégico ha llevado a interpretar numerosos casos desde una perspectiva equivocada.

Barcelona suele aparecer como ejemplo del éxito que puede producir un mega-evento. Los Juegos Olímpicos de 1992 fueron utilizados para acelerar una transformación urbana que ya se encontraba definida. La recuperación del frente marítimo, la reorganización de la movilidad, la apertura de nuevos espacios públicos y la modernización de infraestructura respondían a un proyecto de ciudad que trascendía las competencias deportivas. Si el Comité Olímpico Internacional hubiese elegido otra sede, muchas de esas intervenciones probablemente habrían terminado realizándose, aunque a un ritmo diferente. El evento funcionó como un “acelerador”, no como el origen de la estrategia.

En otros países ocurrió exactamente lo contrario. Cuando Atenas organizó los Juegos Olímpicos de 2004, el entusiasmo internacional se concentró en el regreso de la competencia a su lugar de origen. Grecia mostró instalaciones modernas, una organización eficiente y una imagen renovada ante millones de espectadores. Concluidos los Juegos, comenzó una etapa mucho menos visible. Varias instalaciones dejaron de tener una función clara dentro de la dinámica económica y deportiva del país. Algunas permanecieron abiertas con costos de mantenimiento elevados; otras fueron quedando progresivamente en desuso. Las fotografías que años después mostraban complejos deportivos deteriorados fueron interpretadas como el símbolo de un fracaso. En realidad, representaban la ausencia de una planificación que definiera el papel de esa infraestructura una vez terminado el evento.

El mismo fenómeno puede observarse en escalas diferentes. Hay ciudades que construyen aeropuertos cuya demanda nunca llega a materializarse. Otras levantan centros de convenciones que apenas reciben actividad después de la inauguración. Existen circuitos para competencias automovilísticas utilizados únicamente unos cuantos días al año y estadios concebidos para albergar partidos que jamás volverán a convocar una asistencia similar. El problema no pertenece exclusivamente al deporte. Aparece siempre que una inversión pública se justifica por un acontecimiento excepcional y no por una necesidad permanente.

Con frecuencia se afirma que estos proyectos dejan un "legado". La palabra resulta atractiva porque sugiere continuidad, beneficio colectivo y visión de futuro. Sin embargo, pocas veces se define qué significa realmente. Una obra física puede permanecer durante décadas sin aportar un valor proporcional a los recursos que absorbió. Un edificio no constituye por sí mismo un legado; apenas representa un activo cuya utilidad depende de la capacidad institucional para integrarlo en una estrategia de desarrollo urbano.

Y es que en sí, un estadio abandonado no es el problema principal. Tampoco lo es una villa olímpica con baja ocupación o una línea de transporte cuya demanda quedó por debajo de las estimaciones iniciales. Todos ellos son efectos visibles de una decisión previa siendo lo relevante comprender por qué un Estado consideró razonable comprometer recursos “extraordinarios” bajo determinadas expectativas y qué mecanismos utilizó para evaluar si esas expectativas eran realistas.

Las respuestas rara vez son simples, porque intervienen factores políticos, económicos, sociales e incluso emocionales. Los gobiernos también compiten por reconocimiento. Buscan fortalecer su posición internacional, consolidar liderazgos regionales y proyectar una imagen de estabilidad. Ninguno de esos objetivos es ilegítimo. El problema aparece cuando comienzan a desplazar los criterios con los que normalmente se evalúa una inversión pública. Es entonces cuando el prestigio ocupa el lugar que debería corresponder al propio desarrollo.

Cuando el prestigio ocupa el centro de la decisión, cambian los criterios de evaluación. Aspectos como la rentabilidad social, la demanda futura o los costos de operación comienzan a compartir espacio con variables mucho más difíciles de medir como la percepción internacional, posicionamiento de marca país, liderazgo regional o influencia diplomática. Todas ellas pueden ser relevantes, pero ninguna debería sustituir el análisis de viabilidad basada en estudios.

Las administraciones públicas están acostumbradas a justificar carreteras mediante estudios de tránsito, hospitales mediante indicadores epidemiológicos o puertos mediante proyecciones logísticas. Nadie aceptaría seriamente construir una presa sin demostrar la necesidad del almacenamiento de agua o levantar un aeropuerto donde las estimaciones de pasajeros fueran claramente insuficientes. Curiosamente, esa exigencia suele relajarse cuando el proyecto está vinculado a un gran acontecimiento internacional. El evento termina convirtiéndose en el principal argumento para acelerar inversiones que, evaluadas bajo condiciones ordinarias, probablemente habrían requerido un escrutinio mucho más riguroso.

No significa que todas esas inversiones sean equivocadas. Algunas son indispensables y llegan con años de retraso. Otras corrigen rezagos históricos que ningún gobierno había querido enfrentar. El problema aparece cuando el calendario deportivo sustituye al calendario del desarrollo. En lugar de preguntarse qué infraestructura necesita una ciudad durante los siguientes treinta años, la prioridad pasa a ser qué obras deben concluir antes de la ceremonia inaugural. El horizonte de planeación se comprime y la urgencia política comienza a imponer el ritmo de decisiones que deberían responder a objetivos mucho más amplios.

Brasil volvió a ofrecer un ejemplo ilustrativo. Varias de las intervenciones urbanas realizadas con motivo de la Copa Mundial de 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro respondían a necesidades reales. Mejorar sistemas de transporte, modernizar aeropuertos o recuperar espacios urbanos difícilmente podría considerarse un error. La discusión surgió cuando esas prioridades parecieron depender más de la presión del calendario internacional que de una política pública previamente consolidada. La percepción social fue que el Estado demostraba una capacidad extraordinaria para ejecutar proyectos cuando el mundo observaba, pero una capacidad mucho más limitada para atender los mismos problemas en ausencia de reflectores.

Ese contraste explica buena parte del descontento ciudadano que suele acompañar a algunos mega - eventos. Las protestas no necesariamente expresan rechazo hacia el deporte. Expresan desconfianza hacia el proceso de decisión. Cuando una sociedad percibe que las prioridades cambian únicamente porque existe una fecha límite impuesta desde el exterior, inevitablemente aparece la pregunta de por qué esa misma determinación no existió antes para resolver necesidades cotidianas.

El análisis suele concentrarse en los estadios, centros de prensa o ceremonias. Sin embargo, cada gran proyecto moviliza capacidades administrativas, atención política, recursos técnicos y capital institucional que dejan de destinarse a otros “objetivos”. En economía se conoce como “costo de oportunidad”, pero en la práctica gubernamental, ese concepto adquiere una dimensión mucho más compleja ya que no solo se decide en qué gastar, sino también qué problemas deberán esperar porque otros han sido colocados al frente de la agenda pública.

Por esa razón, evaluar un “mega – evento” exclusivamente mediante indicadores económicos conduce a conclusiones incompletas. El verdadero objeto de análisis no es la competencia deportiva, sino la calidad del proceso de planeación que la hizo posible. Dos países pueden invertir montos similares y obtener resultados radicalmente distintos porque las inversiones respondían a lógicas diferentes. Mientras uno aprovecha el evento para ejecutar una estrategia previamente diseñada, otro adapta toda su estrategia para justificar el evento. La diferencia parece sutil, pero determina el tipo de legado que permanecerá cuando desaparezcan las campañas publicitarias y los visitantes regresen a sus lugares de origen.

Esta observación conduce a una reflexión que trasciende el deporte. Los grandes acontecimientos internacionales funcionan como una prueba de estrés para la administración pública. Obligan a coordinar instituciones, acelerar procedimientos, movilizar recursos y ejecutar proyectos bajo plazos estrictos. Revelan fortalezas, pero también exponen debilidades que normalmente permanecen ocultas. Desde esa perspectiva, el mayor legado debería buscarse en la capacidad institucional que un país desarrolla para planificar, coordinar y ejecutar políticas complejas.

La experiencia acumulada durante las últimas décadas indica que estos eventos no garantizan prosperidad, ni tampoco condenan inevitablemente a un país al endeudamiento o al fracaso. Actúan como amplificadores. Cuando encuentran instituciones sólidas, objetivos claros y políticas públicas coherentes, aceleran procesos que ya estaban “en marcha”. Cuando se apoyan sobre estrategias improvisadas o prioridades mal definidas, magnifican esas mismas debilidades.

Ningún evento internacional posee la capacidad de transformar por sí mismo el destino de un país. Esa responsabilidad continúa descansando, como siempre, en la calidad de sus instituciones y en la lucidez con la que sus gobiernos deciden entre aquello que ofrece reconocimiento inmediato y aquello que construye desarrollo duradero.