La geopolítica de los desastres

Los terremotos constituyen uno de los pocos acontecimientos capaces de alterar simultáneamente la seguridad humana, la seguridad pública, la seguridad nacional y la estabilidad política de un país. No distinguen ideologías, sistemas económicos ni proyectos de gobierno. En contraste, sus consecuencias sí lo hacen; un mismo fenómeno geológico puede convertirse en una emergencia controlada dentro de un Estado sólido o en el detonante de una crisis multidimensional cuando impacta a una nación cuya estructura institucional ya presentaba profundas vulnerabilidades. Por ello, el impacto de un desastre natural también debería medirse por su dimensión estratégica y por la capacidad de respuesta de un Estado.

La historia ofrece múltiples ejemplos que confirman este postulado:

- Chile ha experimentado algunos de los terremotos más intensos jamás registrados en esta edad moderna y, pese a la magnitud de los daños, ha logrado mantener la continuidad institucional gracias a décadas de inversión en normas de construcción, sistemas de protección civil, planeamiento urbano y protocolos de emergencia.

- Asimismo, Japón representa un caso aún más ilustrativo, su preparación no elimina los efectos de los terremotos, pero reduce considerablemente la probabilidad de que estos evolucionen hacia una crisis política o de seguridad.

- En el extremo opuesto se encuentra Haití. El terremoto de 2010 no únicamente destruyó infraestructura. Encontró un Estado con instituciones debilitadas, limitados recursos financieros, problemas históricos de gobernabilidad y enormes carencias sociales. El resultado fue una prolongada crisis humanitaria que derivó en desplazamientos masivos, incremento de la violencia, expansión de grupos criminales, dependencia internacional y un deterioro institucional cuyos efectos continúan observándose más de una década después.

La diferencia entre estos casos se encuentra en la “fortaleza” y capacidad de resiliencia del Estado. Esta realidad adquiere especial relevancia al observar acontecimientos recientes en América Latina; porque cuando un fenómeno natural impacta sobre países que enfrentan dificultades económicas, polarización política, infraestructura deteriorada o instituciones debilitadas, el desastre además de geológico es un acelerador de procesos políticos, económicos y de seguridad que ya se encontraban en desarrollo.

Si lo abordamos, desde el enfoque de seguridad internacional, un gran desastre natural modifica inmediatamente las prioridades estratégicas de un Estado Nación. Recursos destinados a la defensa, infraestructura, desarrollo económico o programas sociales deben redirigirse hacia operaciones de rescate, reconstrucción y asistencia humanitaria. La capacidad financiera disminuye mientras aumentan simultáneamente las necesidades presupuestarias. Esta situación genera nuevos espacios de influencia para actores internacionales que ofrecen ayuda, financiamiento, cooperación técnica o apoyo logístico.

En ese contexto y desde una perspectiva geopolítica, la asistencia humanitaria que, si bien es uno de los instrumentos más importantes de la cooperación internacional, también representa un mecanismo mediante el cual los Estados “fortalecen” relaciones diplomáticas, amplían su presencia regional y consolidan posiciones estratégicas (y hegemónicas). La ayuda nunca ocurre en un “vacío político”. Cada puente aéreo, cada hospital en campaña, cada envío de alimentos y cada programa de reconstrucción proyectan, además de solidaridad una influencia internacional.

Por esa razón, los grandes desastres modifican temporalmente el equilibrio geopolítico de una región. Países vecinos coordinan operaciones conjuntas, organismos multilaterales incrementan su participación, agencias internacionales despliegan personal especializado y nuevas “dinámicas diplomáticas” comienzan a desarrollarse alrededor de la reconstrucción.

No obstante, la dimensión más delicada suele encontrarse en el ámbito de la seguridad interna. Las instituciones encargadas del orden público enfrentan una presión extraordinaria durante las primeras horas posteriores al desastre. Las fuerzas policiales deben atender simultáneamente labores de rescate, control del tránsito, protección de instalaciones estratégicas, vigilancia de centros de distribución de ayuda, evacuaciones y prevención de actos delictivos. Las Fuerzas Armadas, por su parte, asumen frecuentemente tareas de apoyo logístico, transporte, ingeniería, comunicaciones y seguridad de infraestructura crítica. En ese contexto, cualquier insuficiencia institucional comienza a hacerse visible con rapidez y es magnificada mediáticamente.

La interrupción de los servicios básicos puede favorecer la aparición de saqueos, mercados ilícitos, especulación con alimentos, robo de combustibles, desvío de ayuda humanitaria, fraude en programas de reconstrucción y múltiples formas de corrupción administrativa. El Estado pierde temporalmente la capacidad para ejercer control territorial y otros actores intentan ocupar esos espacios (aunque sea por un momento). El crimen organizado comprende con rapidez estas oportunidades; diversas investigaciones internacionales han documentado cómo organizaciones criminales aprovechan escenarios de desastre para infiltrarse en contratos públicos, controlar cadenas logísticas, financiar actividades aparentemente humanitarias, reclutar personas en situación de vulnerabilidad e incluso fortalecer su legitimidad local mediante la distribución de bienes donde el Estado no logra llegar con suficiente rapidez.

La seguridad ciudadana también experimenta profundas transformaciones. Miles de personas pueden quedar expuestas simultáneamente a riesgos sanitarios, pérdida de vivienda, desempleo, interrupción educativa, afectaciones psicológicas y desplazamiento interno. La percepción de inseguridad que se asociaba exclusivamente al delito incorpora ahora, una atmosfera incertidumbre sobre alimentación, salud, agua potable, energía eléctrica y estabilidad económica; principios básicos de la sobrevivencia humana que deben ser garantizadas por los derechos humanos a través de los gobiernos de los países.

En estas circunstancias, la confianza ciudadana es uno de los recursos estratégicos más importantes de cualquier gobierno, porque la legitimidad política depende, sobre todo, de la percepción social acerca de la rapidez, transparencia y eficacia con que las autoridades administran la emergencia. Una comunicación clara reduce incertidumbre, la coordinación institucional fortalece la confianza y la distribución equitativa de la ayuda disminuye tensiones sociales. Pero en cambio, la improvisación, la desinformación y la corrupción pueden transformar un desastre natural en una crisis política de grandes proporciones.

La gobernabilidad también entra en una etapa particularmente “delicada”, ya que los desastres naturales alteran las prioridades nacionales, algunas reformas legislativas se posponen, los procesos electorales pueden modificarse, los proyectos de inversión posiblemente quedan suspendidos y algunos programas sociales podrían cambiar de orientación; incluso el presupuesto público experimenta una reorganización completa al grado en que las relaciones entre poderes del Estado suelen verse afectadas por la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, pasando así a escenarios de polarización política que pueden convertirse en nuevas fuentes de conflicto, que además de atender la reconstrucción de un país se extiende hacia el manejo de recursos públicos, la transparencia administrativa, la participación de organismos internacionales y el papel de las Fuerzas Armadas durante la emergencia.

Es así como desde una perspectiva estratégica, los terremotos actúan como verdaderas pruebas de estrés institucional, al revelar fortalezas que permanecían invisibles durante la normalidad, pero también por exponer debilidades acumuladas durante años de decisiones políticas, insuficiente planeamiento o abandono de infraestructura crítica. Y no es que un terremoto produzca el colapso de un Estado. Lo que ocurre es que acelera procesos que ya estaban invisiblemente presentes. Las crisis económicas reducen la capacidad de reconstrucción, la corrupción disminuye la eficacia de la respuesta institucional y la precariedad de la infraestructura incrementa el número de víctimas.

Si lo abordamos desde esta óptica, ninguno de estos problemas nace con el movimiento telúrico; simplemente se vuelve imposible ocultarlos cuando la emergencia exige el máximo rendimiento de las instituciones… La verdadera preparación frente a los desastres naturales comienza mucho antes de que ocurra el primer sismo, y debe ser construida mediante políticas públicas sostenidas, planeamiento estratégico, fortalecimiento institucional, inversión en infraestructura resiliente, sistemas modernos de protección civil, cultura de prevención y acción, transparencia administrativa y una adecuada coordinación entre autoridades civiles, militares y organismos internacionales.

La seguridad del siglo XXI ya no puede entenderse únicamente desde amenazas tradicionales como los conflictos armados, el terrorismo o el crimen organizado trasnacional. Los desastres naturales han demostrado poseer la capacidad de generar efectos comparables sobre la estabilidad política, la economía, la seguridad ciudadana y las relaciones internacionales. Constituyendo amenazas complejas porque interactúan con todas las vulnerabilidades existentes dentro de una sociedad.

¡Quizá esa sea la principal lección que deja cada gran terremoto! La naturaleza posee la capacidad de mover placas tectónicas, pero son las instituciones las que determinan si ese movimiento terminará convirtiéndose en una tragedia controlable o en una crisis nacional de largo plazo. Los edificios pueden reconstruirse y las carreteras pueden rehabilitarse e incluso las economías suelen recuperarse con el tiempo. Pero lo verdaderamente difícil es reconstruir la confianza pública cuando un Estado demuestra no estar preparado para proteger a su población en el momento en que más lo necesita.

Por ello, cuando la tierra tiembla, también lo hacen la gobernabilidad, la seguridad nacional, la estabilidad política y el equilibrio geopolítico. La intensidad del sismo podrá medirse en una escala geológica; la profundidad de sus consecuencias, en cambio, siempre será proporcional a la fortaleza o a la fragilidad de las instituciones que sostienen al Estado.

Un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida en el “doble terremoto” suscitado el pasado 24 de junio en Venezuela… ¡que en paz descansen sus almas!