En el anterior artículo describí las dificultades financieras de los ayuntamientos y la necesidad de disponer de un nuevo sistema de financiación que ponga fin a la “eterna” precariedad que padecen, 42 años después de las primeras elecciones democráticas.

En los 42 años de democracia municipal no ha habido tiempo para resolver el problema de la financiación municipal. Siempre se ha dejado para más adelante, una vez resuelta la de les CCAA, que tampoco ha encontrado solución. Pero, por lo menos, en este caso las revisiones se han llevado a cabo, ni que sea con años de retraso, como pasa ahora mismo.

Es curiosa la imprevisión de todos los gobiernos de la democracia, respecto a la solución de una problemática de primer orden, para todos los municipios del país. A pesar del elevado porcentaje de paro y de los buenos sueldos que pueden percibir, tenemos centenares de ayuntamientos sin secretarios ni interventores. Preciso, sin estos cargos por cubrir oficialmente. Se cubren de forma provisional, con nombramientos, en funciones.

Todas las elecciones son importantes, pero muy especialmente las municipales, para llevar la democracia al último rincón del país. Solo hay que ver los grandes cambios desde abril del 79, hasta ahora, para darse cuenta, de lo que significa la elección directa de los concejales, y éstos del Alcalde/Alcaldesa.

Entré de concejal, en un pequeño municipio de 500 habitantes de la provincia de Barcelona, en las primeras elecciones municipales, abril 1979. La excepcionalidad del momento y la buena relación con la lista ganadora, hizo posible un pacto de gobierno, hasta 1991, fecha en que fui elegido alcalde y reelegido reiteradamente hasta junio del año pasado, en que decidí retirarme, poniendo fin a una dedicación de 12 años de concejal de gobierno y 28 de alcalde. En total, 40 años de vida municipal.

Nuestro país es experto en abrir grandes polémicas sin más ánimo que contradecirse unos a otros pero sin buscar remedio a los problemas reales. Lo constatamos otra vez con la nueva Ley de Educación, en torno a la lengua oficial en toda España, y su relación con las otras lenguas, cooficiales en los territorios donde las tienen.

Puede parecer una “boutade” decir que los incendios de verano se apagan en invierno, pero lo cierto es que así lo afirman los técnicos para explicar que sin las labores de prevención, durante los meses de invierno, no se podrá actuar eficazmente contra los incendios de cada verano.

La organización territorial y administrativa de un país o de una región debería parecerse lo más posible al de una empresa eficiente, no en vano hay que procurar siempre rapidez, eficiencia y austeridad.

Ante la nueva polémica sobre si el castellano debe o no ser lengua vehicular, lo importante es que quede clara la obligatoriedad de aprender y enseñar en castellano y la lengua cooficial correspondiente. Tenemos en España, el castellano como lengua oficial en todo el Estado, y el catalán, gallego y euskera, cooficiales en sus territorios.

La crisis de Siria propició un acuerdo global de la UE para acoger 120.000 refugiados, a repartir entre sus miembros, en función de unos parámetros ligados a extensión, PIB, número de asilados en los últimos años, etc. El resultado fue que a España le correspondió la cifra de 14.931.

Siempre he tenido un especial interés en mantenerme informado sobre todo lo referente al ejército, y acabo de leer un interesante proyecto, muy poco conocido del gran público. Aprovecho para ampliar su conocimiento, a través de estas páginas de El Obrero.

Como otros muchos compañeros y compañeras del PSC, felicité a Salvador Illa por su nombramiento como Ministro de Sanidad, augurando una labor tranquila en un ministerio tranquilo, muy adecuado para poder compaginar el cargo institucional con el de secretario de organización.

El viejo sueño de disponer de medios de comunicación públicos, de calidad, objetivos, al servicio de todos los ciudadanos, quedó en eso, en un sueño. La realidad nada tiene que ver con aquellos deseos.

Cuando se toma la parte por el todo, nos alejamos de la realidad, hasta falsearla, en mayor o menor medida. Es lo que pasa en Cataluña, desde hace muchos años, pero muy especialmente en el último decenio, el del “procès “.