Las subvenciones perjudiciales a la pesca ponen en peligro el océano y los medios de subsistencia.

El progreso no llega lo suficientemente rápido para las poblaciones de peces del mundo. Las especies básicas como el atún, el mero y el pargo no son las únicas que se enfrentan a una explotación pesquera insostenible en muchas partes del mundo, sino que el aumento de la temperatura de la superficie del mar y la acidificación de los océanos están dañando los hábitats costeros que sirven como viveros insustituibles para estos y otros muchos recursos marinos.

Por desgracia, el último informe del IPCC deja claro que las temperaturas seguirán subiendo durante décadas, incluso si se estabilizan las emisiones de gases de efecto invernadero. Los científicos afirman que la medida más importante que podemos tomar actualmente para proteger las poblaciones de peces es acabar con la sobreexplotación.

Sin embargo, cada año los gobiernos gastan unos 22 000 millones de dólares en subvenciones destinadas a ampliar la capacidad pesquera de sus flotas. Puede parecer de sentido común acabar con el apoyo a actividades que constituyen una amenaza para una fuente esencial de alimentos para miles de millones de personas, pero las subvenciones a la pesca parecen seguir la misma lógica contradictoria que otros dilemas del patrimonio mundial, como el cambio climático, con el que las naciones siguen buscando satisfacer sus intereses individuales a corto plazo a pesar del daño que causan al planeta.

Al igual que en otros casos, los actores clave (y los potenciales impulsores del cambio) son las grandes economías desarrolladas y en desarrollo, como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, India y China. En los últimos 50 años, las potencias pesqueras del norte global invirtieron mucho en la construcción de sus flotas pesqueras, lo que provocó un fuerte descenso de las poblaciones.

Hoy en día, las potencias pesqueras emergentes, como China e India, sostienen que tienen el mismo derecho a invertir en la creación de la capacidad pesquera necesaria para alimentar a sus pueblos. Sin embargo, dado que las poblaciones de peces próximas a la costa de todo el mundo están en declive, la flota mundial ha entrado en una dura competición en alta mar y en cualquier lugar donde queden poblaciones pesqueras. Según las propias palabras del doctor en biología marina Daniel Pauly, nos encontramos lamentablemente ante una «carrera hacia el fondo».

Puesto que los barcos viajan cada vez más lejos y pescan a mayor profundidad, este tipo de actividades son cada vez más caras. De hecho, algunos economistas estiman que la mayoría de estos desplazamientos solo resultan rentables gracias a las ayudas estatales. En muchos casos, el impacto negativo recae en los Estados costeros en desarrollo, que tienen una capacidad limitada para vigilar sus aguas. De hecho, algunos incluso han relacionado la sobrepesca con el aumento de los problemas de seguridad, como la piratería en el cuerno de África. En Somalia, por ejemplo, los pescadores expulsados por los arrastreros de pesca ilegales extranjeros se vieron obligados a buscar alternativas y algunos se unieron a las milicias y a los jóvenes desempleados que secuestran barcos para pedir rescates.

La mayoría de los países pequeños no pueden permitirse ayudar a sus industrias pesqueras a competir en alta mar y deben hacer frente a inmensas presiones de las flotas extranjeras por los derechos de pesca. Como parte de una innovadora colaboración para proteger sus pesquerías, medios de vida e ingresos, un grupo de pequeñas naciones insulares del Pacífico se unieron como partes del Acuerdo de Nauru para ayudar a garantizar que las flotas extranjeras no sobrepasaran los límites biológicos de las poblaciones de atún.

Además, poco o nada de las subvenciones se destina a apoyar la transformación y la venta, trabajos que suelen realizar las mujeres. Las subvenciones no se limitan a perjudicar a las poblaciones de peces, sino que también agravan la desigualdad de ingresos y de género. En Vietnam, los hombres son los mayores beneficiarios directos de las subvenciones existentes, ya que son los que pescan, son los dueños de los barcos y los que poseen las empresas y negocios de pesca. El sector de la transformación –en el que las mujeres y los jóvenes representan la gran mayoría de la mano de obra– no recibe ningún tipo de subvención. Las subvenciones no solo perjudican al océano, sino que afianzan las profundas desigualdades que limitan las oportunidades de las mujeres.

Probablemente no sea casualidad que las negociaciones de la OMC hayan avanzado tanto como lo han hecho este año, a pesar de los retrasos y los obstáculos planteados por la pandemia de la COVID-19. En marzo, Ngozi Okonjo-Iweala, economista y exministra de finanzas de Nigeria, se convirtió en la primera mujer y africana en ser nombrada directora general de la OMC.

Desde el principio, ha dado prioridad a las negociaciones sobre subvenciones y ha prestado especial atención a las sensibilidades históricas, políticas y económicas. Bajo su liderazgo, las partes han manifestado su apoyo al proyecto de texto, que se centra en poner fin a las subvenciones a quienes se dedican a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), a las subvenciones aplicadas a las poblaciones sobreexplotadas y a las que contribuyen a la sobrecapacidad y a la sobrepesca.

Un análisis realizado por The Pew Charitable Trusts concluyó que la eliminación de todas las subvenciones perjudiciales podría dar lugar a un aumento del 12,5 % de la biomasa pesquera en todo el mundo para 2050, lo que supone casi 35 millones de toneladas métricas de pescado o tres veces el consumo total de África en un año. Asimismo, se cumpliría por fin el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 14 de las Naciones Unidas, que lleva mucho tiempo sin cumplirse.

No obstante, los observadores más experimentados advierten de que la consecución de un acuerdo unánime entre los 164 miembros del grupo depende de las naciones a las que se concedan exenciones para que apoyen a sus flotas: las grandes potencias pesqueras o las naciones costeras pequeñas y pobres. El temor es que, si se deja la puerta abierta a las lagunas y a las amplias exenciones, las conversaciones fracasarán o el acuerdo final carecerá de integridad y eficacia medioambiental.

Tal vez los representantes gubernamentales de la OMC podrían considerar la adopción de un compromiso que beneficie a toda la humanidad: cualquier subvención y exención restante debe destinarse a inversiones en gestión pesquera, educación y organizaciones comunitarias que promuevan la sostenibilidad y la igualdad de acceso a los beneficios de los recursos marinos. Se trata de una idea que todo el mundo debería estar dispuesto a respaldar.