Indemnizan con 10,5 millones de euros a 3.000 kenianos por la polución de plomo

En un fallo emitido a última hora del jueves por vía electrónica debido a la pandemia del coronavirus, el Tribunal de Medioambiente y Tierra de Busia (oeste) declaró que el Estado y dos inversores privados deben pagar esa compensación a los habitantes de Owino Uhuru, un asentamiento informal radicado en Changamwe, un suburbio de la turística ciudad costera de Mombasa (sureste).

La juez Anne Omollo, instructora del caso, también decretó que las agencias de medioambiente del Estado deben limpiar la zona de restos de plomo provenientes de una fábrica ilegal de reciclaje de baterías de coche, la llamada Refinería de metal de Kenia, que se construyó en 2007 en el poblado, si bien se cerró en 2014 tras las reiteradas protestas de los residentes.

Una de las afectadas, Phyllis Omido, antigua trabajadora de la planta, fundó la oenegé Centro para la Justicia, la Gobernanza y la Acción Medioambiental, que en 2016 interpuso una demanda colectiva en favor de los 3.000 habitantes de Owino Uhuru por una contaminación que causó al menos seis muertos, según medios locales.

"La Constitución es clara en que es responsabilidad del Gobierno proporcionar un ambiente seguro a sus ciudadanos y, por eso, tenemos que demandarlo y debe compensar a la comunidad por la violación de sus derechos constitucionales", señaló la jueza en su veredicto, recogido hoy por el diario local "The Standard".

"Este es el primer litigio de interés público que se presenta con 3.000 personas de 580 hogares, incluidos extrabajadores (de la fábrica)", subrayó la jueza. "Los residentes exigían 1.600 millones de chelines (13 millones de euros).

La cantidad no era alta en comparación con la cantidad de afectados y de aquellos que perdieron la vida", zanjó la magistrada, cuyo hijo también se vio afectado por el veneno del plomo, uno de los metales más tóxicos del mundo.

Tras el fallo, se espera que el Estado, en los próximos cuatro meses, limpie el suelo y el agua en la zona área afectada y elimine los desechos depositados en el asentamiento o, si incumple ese mandato, pague otros 700 millones de chelines (unos 5,7 millones de euros). EFE.