Advierten que la pandemia pone en peligro a líderes ambientales encarcelados

Así lo explica la organización española 'Alianza por la solidaridad-Action Aid' en un comunicado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina este viernes 17 de abril. La organización recuerda que "la criminalización de líderes ambientales es una constante en muchos países", como El Salvador, Colombia o Guatemala, donde entre 2012 y 2017 se produjeron 909 actos de criminalización contra personas defensoras de esos derechos, muchas de las cuales terminaron encarceladas, por "la presión de las empresas ante las autoridades judiciales".

Alianza por la solidaridad-Action Aid hace un llamamiento a la comunidad internacional para que "se tomen medidas respecto a los países en los que la situación legal y humanitaria de estos líderes y lideresas que defienden derechos sociales y ambientales vulnera el derecho internacional".

Las investigaciones de la organización se centran en el impacto de proyectos extractivistas de grandes empresas en los territorios y en la persecución a las personas que lideran la oposición a los mismos.

Tras decretarse el confinamiento en muchos países de la región, las visitas a los presos se han anulado, y con ellas la oportunidad de proporcionarles el apoyo económico que precisan para "sobrevivir en unos establecimientos sobresaturados en los que las condiciones de vida son insalubres".

En Guatemala, la organización sigue el caso del líder q'eqchí Bernardo Caal Xol, preso desde enero de 2018 tras ser condenado a más de siete años de prisión por su defensa de los ríos Oxec y Cahabón (Alta Verapaz), donde se construyen dos grandes hidroeléctricas.

Desde la prisión, en una carta manuscrita, Caal recuerda que está en la cárcel por la defensa del agua de los ríos, hoy fundamental para decenas de miles de personas, ya que "la OMS recomienda lavarse las manos continuamente con agua y jabón para prevenir contagios del COVID-19 y, sin embargo, las comunidades del pueblo maya q'eqchí están privadas del agua".

María Caal, hermana del líder ambientalista, maestro de una comunidad, muestra la preocupación por su estado, especialmente "desde que no pueden ir a visitarle a la cárcel a cuatro horas de distancia de Guatemala".

Participar en manifestaciones, convocar actos de protesta o informar a las comunidades sobre proyectos que afectan a los recursos naturales bastan para "generar denuncias por parte de quienes consideran que la defensa de los derechos de las comunidades afecta a sus intereses económicos", denuncia la organización.

Mientras, agregan, "la falta de conocimientos legales o de recursos para poder tener una defensa adecuada o combatir la presentación de pruebas falsas" pueden acabar en condenas judiciales para líderes ambientalistas, cuyos recursos de apelación tardan meses o años en ser considerados. EFE.