Ecologistas critican el "retroceso histórico" de la desregulación de la Junta de Andalucía

Así lo han subrayado en un comunicado conjunto las asociaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF respecto a la convalidación del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado con los votos del PP, Cs y Vox.

Este decreto "es un retroceso inaceptable en las garantías ambientales de las normas andaluzas, un grave ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública", afirman las organizaciones ecologistas, que han lamentado su aprobación "aprovechando la actual situación de excepcionalidad".

Las organizaciones subrayan que el decreto, que ha sido convalidado esta semana por el Parlamento de Andalucía, desregula numerosas actividades económicas, reduce la participación pública y elimina garantías ambientales.

Para las organizaciones ecologistas se trata de un "auténtico despropósito que, con el argumento de agilizar trámites administrativos para reducir el impacto socioeconómico del Brexit y de la pandemia del coronavirus, la Junta de Andalucía cambie 21 leyes y seis decretos a través de una convalidación con un reducido número de parlamentarios a causa de la cuarentena" por la pademia.

La mayoría de estas modificaciones "nada tienen que ver con una pretendida simplificación de trámites burocráticos" y solo pretenden "reeditar el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales", según subrayan.

Entre las principales modificaciones que afectan a cuestiones ambientales, destacan que se amplían las actuaciones que se pueden declarar de Interés Autonómico, lo que facilita su tramitación y aprobación, como son: urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos, embalses, grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales.

Se modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para reducir plazos en la tramitación de planes urbanísticos, a pesar de la imposibilidad de la propia Junta de Andalucía de cumplirlos para evaluar informes, con lo que se aprobarán sin las debidas garantías, añaden los ecologistas.

También se sustituyen los Planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable para la implantación de diversas infraestructuras, canteras y minas por un mero informe, se modifica la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) y la Ley del Sector Público de Andalucía para “dinamizar” la privatización del patrimonio agrario público de la Junta, critican.

Se modifica el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, permitiéndose en los proyectos de recuperación voluntaria dejar los suelos contaminados confinados en el lugar donde se encuentren y se cambia la ley de medidas frente al cambio climático, eliminando la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios, añaden los ecologistas.

Además, lamentan que se modifica el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre para eliminar la obligación de dotar de red de alcantarillado y depuración conjunta de aguas residuales a las urbanizaciones ilegales que se pretendan legalizar.

Por estos motivos, las organizaciones ambientales apoyan el anuncio del PSOE y Adelante Andalucía de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra este decreto y anuncian que ejercerán todas las acciones legales posibles en ámbitos españoles y europeos para que "una contrarreforma ambiental como la que ha iniciado la Junta de Andalucía no se consolide". EFE.