Durante años, las redes sociales han funcionado bajo una premisa clara: participar es mostrarse. Publicar fotos, opiniones, logros o fragmentos de la vida cotidiana se ha convertido en una norma implícita de presencia digital. En muchos contextos, no hacerlo puede interpretarse incluso como ausencia, desinterés o desconexión social.
El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) ha publicado una nueva estadística en la que muestra el flujo de las autorizaciones concedidas a estudiantes internacionales y sus familiares para estancias asociadas a la realización de estudios en nuestro país.
El Gobierno ha acordado instar a la Fiscal General del Estado a investigar y, en su caso, perseguir posibles delitos de violencia sexual digital cometidos contra menores en las principales redes sociales. Esta decisión, que se ampara en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ha sido adoptada en Consejo de Ministros y se apoya en un informe técnico elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Ministerio de Juventud e Infancia, que ya había alertado con anterioridad de la afección de estas prácticas a los niños y niñas.
El Foro Social y sus más de 700 participantes plantean una hoja de ruta y un programa común para iniciar una transición ecosocial, justa y solidaria hacia una economía que ponga en el centro las necesidades dentro de los límites planetarios. Esta transición se plantea desde una reducción democráticamente planificada de la producción y el consumo en sectores dañinos que permita armonizar la economía con los límites ecológicos, a la vez que se mejora el bienestar presente y futuro de todas las personas.
En 2026, el planeta ya supera los 8 300 millones de habitantes, según datos de la ONU. La cifra es elevada, pero muy alejada de aquel “crecimiento infinito” que se temía en los años sesenta, reflejado en artículos como Doomsday: Friday, 13 November, AD 2026. El viejo miedo a una superpoblación descontrolada ya no encaja con los datos. Pero ¿por qué?
El pasado 3 de enero, tras la intervención de Estados Unidos, muchas personas venezolanas se manifestaron en varias ciudades españolas para celebrar la captura de Nicolás Maduro y, con frecuencia, para respaldar una acción directa impulsada por Donald Trump.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la mejora de las condiciones del profesorado y el fortalecimiento del sistema educativo. Lo ha hecho durante la inauguración de la jornada "La negociación colectiva en las Administraciones Públicas", organizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el nuevo fondo 'España Crece' movilizará hasta 23.000 millones de euros públicos y privados para dinamizar la oferta de vivienda y financiar la construcción de 15.000 viviendas al año en España, avanzando con ello "decididamente" en el cierre del déficit habitacional.
Según el barómetro de febrero del CIS, el PSOE lograría ahora el 32,6% de votos, el PP se quedaría en el 22,9%, VOX en el 18,9%, SUMAR en el 7% y Podemos en el 3,9%.
Una noche electoral suele ofrecer un reflejo demasiado simple: si un partido cae, es porque otro ha subido. Como si los votos fueran fichas que cambian de bolsillo sin romperse. Pero en muchas derrotas profundas, el mecanismo decisivo no es el trasvase al adversario, sino algo menos visible y mucho más corrosivo: una parte del electorado propio se apaga.
En 2024 se alcanzó, por tercer año consecutivo, el nivel más alto de niños y niñas viviendo en zonas de conflicto: 520 millones, uno de cada cinco en todo el mundo. Ese mismo año, Naciones Unidas verificó 41.763 violaciones graves contra la infancia, un 30% más que en el año anterior. Se trata de asesinatos y mutilaciones, secuestros, violencia sexual, reclutamiento en grupos armados, ataques a escuelas y hospitales y denegación de acceso humanitario. Lo denuncia Save the Children en su informe ‘No a la guerra contra la infancia: ¿Seguridad para quién?, que presentó ayer en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno de España ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de ley sobre derecho al honor y a la intimidad personal que, entre otras cuestiones, pretende regular los true crime para proteger a las víctimas.
Mientras los gobiernos de todo el mundo endurecen los controles migratorios, España ha tomado un camino sorprendentemente diferente. En enero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que abre la vía a la residencia legal para cientos de miles de migrantes indocumentados que ya viven en el país. En un momento en el que las deportaciones, las detenciones y la exclusión dominan los debates sobre migración en otros lugares, España ha optado por la regularización.
Los casos de corrupción se suceden con una regularidad casi previsible. Cambian los nombres, pero no la lógica que los sostiene. A menudo se presentan como simples episodios de avaricia o fallos éticos individuales. Sin embargo, esta explicación es incompleta si no tenemos en cuenta los contextos institucionales que facilitan estas conductas. La corrupción adopta múltiples formas, erosiona la confianza en las instituciones, influye en la desigualdad y obstaculiza el desarrollo social.
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