Secretario general de la UGT.
Es posible, y necesaria, una política de control de precios progresista, que no castigue a la gente y a los salarios, estancados desde hace 12 años, y que no pare la recuperación y la transición ecológica de la economía.
El día 23 de marzo vamos a salir a la calle en toda España, porque este país requiere medidas urgentes y sociales inmediatas frente a la crisis energética.
Debemos comprometernos con las personas refugiadas que huyen del horror de la guerra en Ucrania, y de todas las guerras.
Necesitamos un nuevo acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que incremente los sueldos y redistribuya la riqueza.
Estos días, hemos estado en la Isla de La Palma. Visité la Isla en octubre a los pocos días de iniciarse la erupción y me comprometí en volver cuando el volcán hubiera callado, y lo prometido es deuda.
Debemos impulsar una mayor participación de niñas y mujeres en ámbitos científicos y técnicos.
Hace unos días, el 11 de febrero, celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, declarado así por la Asamblea General de las Naciones y la Unesco, iniciativa que pretende impulsar la creación de referentes femeninos en la tecnología y en la ciencia y visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
El reciente acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos para que el salario mínimo en 2022 se sitúe en la simbólica cifra de 1.000 euros al mes es una buena noticia para el conjunto de la sociedad.
No puedo entender de forma alguna como ninguna fuerza política puede negarse a dar el sí a una reforma sobre la base de lo que no contiene y sin valorar en si mismos los beneficios que aporta.
Urge un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral que evite las muertes en el trabajo.
Centrarnos en la vacunación de los menores es imprescindible para frenar la incidencia de los contagios, pensando sobre todo en las personas vulnerables por razones sanitarias o por cuestiones socioeconómicas.
El año pasado nos ha dejado avances incuestionables como el acuerdo de las pensiones o el de la reforma laboral. En 2022 tenemos retos relevantes como el incremento de los salarios o una recuperación económica que no deje a nadie atrás.
Hay que desbloquear la negociación de los convenios colectivos y subir los salarios para minimizar el impacto de la elevada inflación en el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras.
Solo el 7% de los habitantes de África han sido vacunados, algo gravísimo para sus propios ciudadanos que lo sufren en primera persona y caldo de cultivo para nuevas mutaciones del Covid que afectan a todo el mundo.
Debemos aunar todos los esfuerzos para eliminar toda violencia machista, la desigualdad y la discriminación de género.
Desde hace tiempo distintos grupúsculos y fanáticos adscritos siglas de cierta relevancia de la ultraderecha europea, vienen haciendo gala de una actividad similar a la propia del fascismo en los años 20 y 30 del pasado siglo.
El 77,78% de la población española dispone ya de la pauta completa contra la Covid, cifra que sube al 87% sobre la población diana. En cambio, en muchos países de África no llegan ni al 1%. Es urgente garantizar un acceso equitativo a las vacunas. Podemos afirmar, sin ninguna duda, que la vacunación en España ha sido un rotundo éxito: casi el 80% de la población de nuestro país disfruta ya de la pauta completa de Astra Zeneca, Pfizer o Moderna, siendo uno de los estados que ha vacunado con mayor celeridad.
Las principales novedades se ligan a la formación, a las garantías para las personas trabajadoras y a medidas específicas para Canarias.
Debemos mostrar nuestra solidaridad completa con el pueblo canario y recordar, una vez más, que los Servicios Públicos son esenciales.
Hay que establecer un cordón sanitario frente a los discursos de odio que alientan las agresiones contra las personas LGTBI. La aprobación de la ley Trans y LGTBI es urgente.
La comunidad internacional debe comprometerse en la acogida de las personas refugiadas y en el respeto de los derechos humanos.
Este año el SMI tiene que combatir ya la subida de precios que estamos sufriendo y que afecta especialmente a las capas sociales más indefensas
El gobierno ha planteado esta semana un incremento inminente del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Concretamente ha propuesto subirlo hasta los 965 euros mensuales en 2021, es decir, un aumento de 15 euros al mes. Subida muy reducida que además no posee carácter retroactivo. Una cantidad que es insuficiente, teniendo en cuenta la actual evolución del IPC (crecimiento de un 3,3% interanual) que repercute en elementos claves de la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras de este país como la energía y la alimentación.
La subida de los precios de la energía en el mercado minorista, el de las personas que consumen energía, ha sido brutal en los últimos meses. Es cierto que se debe en parte a causas externas y globales, pero se han alcanzado cotas prohibitivas para una gran parte de las personas de este país.
Debemos tener empatía y solidaridad con estas personas y recordar que se migra por necesidad y que todos fuimos y somos migrantes.
La Covid ha incrementado la pobreza y, además, la distribución de las vacunas ha constatado la desigualdad internacional. La dignidad humana debe ser la máxima prioridad.
