Una de las decisiones más acertadas del gobierno de coalición ha sido, sin ninguna duda, la denominada ‘excepción ibérica’, pactada con Portugal y aceptada por la Comisión Europea (CE), que ha supuesto un importante ahorro de más de 5.000 millones de euros en la factura de la luz de las familias, estableciendo un tope al precio del gas. De momento, la medida está prorrogada por la CE hasta final de este año; pero España mantiene además una intensa negociación con las instituciones europeas, defendiendo una reforma en profundidad del mercado eléctrico. Una reforma que traslade a los consumidores los costes decrecientes de producción de las energías renovables, y que permita reducir los beneficios extraordinarios ‘caídos del cielo’ de las grandes empresas del sector.

El título de este artículo viene a ser la síntesis del documento sobre política energética, elaborado por la FAES en 2011, documento que orientó las primeras decisiones de Mariano Rajoy según llegó a la Moncloa. De hecho, a principios de 2012, con su primer decreto ley, (supongo que por razones de ineludible urgencia, a pesar de contar con mayoría parlamentaria) liquidó los incentivos a las energías renovables. Con ello se llevó por delante 80.000 puestos de trabajo, sumió en la ruina a miles de familias que habían colocado sus ahorros en un sector en auge, agravió a decenas de fondos de inversión extranjeros -que recurrieron a tribunales internacionales de arbitraje-, y frenó el avance tecnológico de España…; más tarde, Rajoy inventó el denominado “impuesto al sol”, penalizando la extravagancia de ciudadanos que pretendían obtener electricidad de forma relativamente autónoma…

En varias culturas precolombinas la deidad del agua coincidía con la de los bosques. Esos pueblos eran bien conscientes de la estrecha relación entre el agua y los bosques, ambos recursos imprescindibles para la vida humana; seguramente mucho más conscientes que algunos de nuestros contemporáneos, que parecen contentarse con invocar al cielo para que llueva.

Gobernar es decidir, conscientes del impacto de las decisiones sobre la gente; significa asumir responsabilidades, evitando imputarlas a otros, incluso cuando se dan circunstancias absolutamente ajenas a la voluntad de los líderes. El gobierno de Pedro Sánchez es un buen ejemplo de esta asunción de responsabilidades, en contextos extraordinariamente complejos.

Mi experiencia personal en relación con las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) había sido, hasta ahora, muy satisfactoria –a pesar de que, en algunos casos, el Alto Tribunal no había aceptado parte de nuestros argumentos: por ejemplo, respecto del contenido de la reforma de la Ley Costas llevada a cabo durante el mandato de Rajoy–.

Hace unos días, la Internacional Socialista (IS) eligió a Pedro Sánchez como su nuevo presidente: por primera vez, un español lidera esta organización, en un momento especialmente crucial para el conjunto de la humanidad. A escala global, los riesgos de la emergencia climática y ambiental son cada vez más evidentes, así como también el retroceso en la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Y a esas peligrosas tendencias –que impulsan un número creciente de conflictos y de estallidos de violencia en todos los continentes–, hay que sumar el avance de un renovado fascismo, de una auténtica “Internacional de la extrema derecha”, nutrida del malestar social y de las desigualdades, que generan desafección hacia las instituciones públicas ante su insuficiente incapacidad para mitigarlas. Dichos partidos comparten asesores, financiadores y ‘relato’; y van incrementando su presencia en las instancias a las que desacreditan, gracias también a la condescendencia, la complicidad… y a veces la alianza –como ya sucede en España– con los partidos conservadores de centro derecha.

Con motivo del aniversario de la victoria electoral de Felipe González en 1982, Pedro Sánchez se refirió al profundo sentimiento europeísta del pueblo español: un sentimiento que ha resistido incluso a la decepción provocada a causa de las medidas de austeridad impuestas por las instituciones comunitarias durante la crisis económica de 2008. Y entre las razones mencionadas en su intervención, el presidente señaló la importantísima influencia de la vivencia de los emigrantes españoles, que durante los largos años del franquismo descubrían, más allá de nuestras fronteras, sociedades libres y prósperas, muy diferentes de su país natal.

Dice Feijóo que eso de hablar de ricos y pobres… es “antiguo”. El líder del PP se ubica en una supuesta modernidad. A continuación, afirma que hay que reorientar la política energética, dilatando el proceso de descarbonización, para erradicar la “ideología” en esta materia: ¿el líder de un partido político considera la ideología como algo no deseable…?

En 2015, cuando más de 190 gobiernos se adhirieron a la Agenda 2030 en la Asamblea General de Naciones Unidas, comprometiéndose a cumplir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), resultaba difícil imaginar que, pocos años más tarde, algunos partidos de ultraderecha calificarían dicha Agenda como una herramienta perversa, al servicio de oscuros intereses y contraria al bienestar de los habitantes del planeta… Esa –sorprendente– interpretación de la Agenda 2030, diseñada precisamente para garantizar un progreso más justo, más seguro y más duradero, tanto a las generaciones actuales como a las futuras, puede ganar adeptos gracias a la capacidad de diseminar desinformación entre los ciudadanos, en su mayoría con insuficiente formación. Seguramente, incluso en los países con mejores sistemas educativos, para muchas personas la Agenda 2030 apenas se identifica con un pin de colores, que algunos de sus dirigentes lucen en la solapa. No cabe olvidar tampoco que entre los ODS se incluye la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático, objeto de posicionamientos negacionistas por parte de la extrema derecha.

El tamaño importa, sin duda. A veces para bien –por ejemplo, el tamaño de nuestro sistema público de salud, para atender con eficacia y equidad necesidades sociales crecientes–. Otras veces, el tamaño importa, pero para mal: por ejemplo, cuando refleja el tamaño de la ignorancia, de la soberbia o de la mala fe. Quienes leen este artículo pueden imaginar ejemplos, pero no creo que entre ellos se encuentre… el tamaño de la lechuga.

“Solo sé… que no sé nada”, decía el filósofo griego Sócrates, hace casi 2.500 años. No parece que por el paso del tiempo esta reflexión haya perdido vigencia, a pesar de los extraordinarios avances científicos y tecnológicos; es más, actualmente la Humanidad se enfrenta a riesgos en gran medida inéditos, ante los que no caben certidumbres absolutas.

Nunca me ha parecido apropiada la tan reiterada expresión de la “España vaciada”, porque me resulta poco respetuosa con las personas que siguen habitando en nuestro medio rural, y que merecen, cada una de ellas, poder acceder a los derechos y oportunidades que se disfrutan en la “España abarrotada”… En realidad, deberíamos hablar de una “España llena”: llena, por ejemplo, de espacio y de naturaleza, tan valiosos ambos en tiempos de pandemia, y cada vez más deseables frente a la congestión y la contaminación de las ciudades. De una España llena, también, de los anhelos, sueños y necesidades de sus habitantes, que exigen una acción pública hasta hoy a todas luces insuficiente. Y ahora, gracias a los fondos Next Generation UE, podemos hablar de una España llena de proyectos viables para acelerar las necesarias transiciones social, ecológica y digital, que pueden ser financiados por dichos fondos.