Sin ánimos de dar lecciones a nadie, me permito simplemente informar sobre las acciones y actuaciones, llevadas a cabo en Cataluña, a raíz de un año especialmente virulento y complicado, a nivel de incendios. Me refiero al año 1986, en que padecimos 563 incendios, de más o menos gravedad que en total, quemaron 65.811 hectáreas. Pero no solo hablamos de cifras sino también de espacios, especialmente sensibles.

Si alguien preveía que la llegada de Núñez Feijóo supondría visión de Estado y participación en las grandes decisiones del país, se equivocó de pleno. Bajo su batuta el PP, ha dejado claro que ni ayudará a nadie, y menos a petición del Gobierno o del PSOE, ni se dejará ayudar, por mucho que lo necesite.

Soy uno más de los miles, centenares de miles de seguidores de dos programas de TVE, apreciados por su calidad, pluralidad y equilibrio, que cierran por vacaciones. Lo siento, pero considero deberían continuar, precisamente en unas semanas, con mucho más tiempo para dedicar a informarse y contrastar opiniones.

Lejos de mi comparar situaciones, pero tengo la impresión que algo de lo que me pasó, está sucediendo, en estos momentos, en varios expedientes judiciales, entre los cuales el de Fiscal General del Estado, García Ortiz.

En la última sesión del actual curso político, Junts tuvo, una vez más, la oportunidad de votar conjuntamente con PP i VOX, contra el decreto “anti apagones” destinado a mejorar la calidad del sistema eléctrico. Pocas personas, en Junts, comprenden este posicionamiento, decidido por una pequeña cúpula, cada vez más caótica y alejada de los cargos municipales y territoriales del partido. Y, por supuesto, de las bases de votantes que hasta ahora les han dado su confianza.

En un artículo anterior, con el título “¿lo tiene fácil la corrupción en España?, exponía lo que cualquier político, de primero de básica, conoce: nada puede hacer ni decidir, sin el concurso de diversos niveles de funcionariado.

Hay mucha impostura, demasiada hipocresía y cinismo, en la reacción del PP a los presuntos casos de corrupción, agrupados bajo el nombre de Koldo García, y que afectan a J.L Ábalos y Santos Cerdán, exsecretarios de organización del PSOE. Sin duda, si se comprueban, muy graves para el partido y la política, en general. Pero, si un partido debería ser especialmente prudente y responsable, éste sería el PP. ¿Por qué? Porque tiene en su pasado reciente, los casos más graves, en materia de corrupción del siglo XXI y parte del XX. Y no solo esto, acumula 30 causas pendientes, entre las cuales la de mayor envergadura y gravedad, conocida como Kitchen.

A la vista de todo tipo de comentarios, artículos, documentales, entrevistas y tertulias, hay muy pocos periodistas, comentaristas y tertulianos que conozcan el funcionamiento de las instituciones y la legislación que deben aplicar en todos sus procedimientos de contratación, justificación y pago.

Para quien haya seguido mínimamente la política española en los últimos años, le parecerá increíble la posición del PP, respecto a los casos de corrupción, que golpean al PSOE, en estos convulsos tiempos. Nadie puede negar la gravedad de los hechos que se han conocido o se van conociendo, pero de aquí a que el PP pretenda salir en tromba, en defensa de la claridad, la transparencia y la honestidad, hay un abismo. El abismo que supone repasar las causas pendientes, y todas las sentencias dictadas por los tribunales en los últimos años. Una auténtica enciclopedia de casos, de territorios y personas afectadas, algunas situadas en los más altos puestos del partido y las instituciones.

Llevamos meses, de hecho desde el día siguiente de las elecciones generales, que el PP reaccionó de mala manera al pacto del PSOE con el resto de formaciones políticas, dejando rotas sus aspiraciones a gobernar. No era ni lo esperado ni lo previsto, y la digestión ha sido dura muy dura, hasta el punto de considerar ilícito al nuevo gobierno. Es la reacción de manual de un partido con escasa sensibilidad democrática. Si la tuviera, dejaría de actuar como ha hecho en estos dos años de legislatura. Y no deja de sorprender el grado de improvisación de todas sus acciones y actuaciones, demostrando la pugna entre sectores del partido que desearían modificar su estrategia.

Es un error de manual, pero reiteradamente cometido, por todos los partidos de España, al menos por aquellos que han llegado al poder, que lleven al gobierno a sus primeras espadas, y dejen en muy segundo término, al partido.

Nacido en Cataluña, en un pequeño pueblo, en plena dictadura, comprobé sus efectos, con la prohibición de mi lengua materna, el catalán, tanto en la escuela como en todos los otros ámbitos oficiales. El castellano se impuso, bajo el principio de que “la letra con sangre entra”. Eran otros tiempos, superados y tomados como referencia para que situaciones, como las vividas, no vuelvan a ser realidad nunca más.

Los gobiernos, muestran su mejor o peor cara, según sean las políticas dirigidas a los dos sectores más vulnerables de la sociedad: la infancia y los mayores. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser tratados por igual, pero hay que implementar políticas específicas para estos dos colectivos por su mayor vulnerabilidad.

Pronto se cumplirá un año de la elección de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Un año que ha parecido una eternidad si nos atenemos al ritmo de actividad, acuerdos y pactos para desarrollar el programa de gobierno. Cierto que la precariedad parlamentaria obliga a hacer y deshacer propuestas, en función de los vaivenes de sus aliados principales.

Nada que hacer. Imposible buscar negociaciones, consensos o sentido de Estado con este PP, y este pretendiente a presidente. Tanto él como su equipo han desistido de jugar con las reglas democráticas, y prefieren fiarlo todo a la política del derribo. Acoso constante, uso habitual de la mentira, la falsedad y el engaño, y olvido total de las necesidades de los ciudadanos. Si alguien imaginaba que había límites al uso y abuso de la demagogia, ha podido comprobar que no existen y todavía queda tiempo para ver lo nunca visto.

Son las crisis y su gestión las que marcan el devenir de los gobiernos. Es relativamente fácil gobernar en tiempos de bonanza, pero todo se tuerce cuando aparecen imprevistos y hay que gestionarlos con la máxima eficacia posible, de forma que no supongan ningún desastre a nivel nacional. Pedro Sánchez lleva capeando grandes acontecimientos, prácticamente desde su elección y el resultado ha sido razonablemente bueno. Ha habido rapidez y eficacia en la acción y actuación, además de transparencia. Poco más se puede pedir, si a todo lo hecho, se añade el deber de auditar la reacción para mejorarla. Siempre hay posibilidades de mejora y quien lo niegue no merece ostentar un cargo público.

Ni en cuarenta y cinco años hemos sido capaces de resolver uno de los déficits más dañinos para el funcionamiento de las entidades locales, en su conjunto. Se llamen ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones o consorcios y mancomunidades. En todos ellos, hay una figura esencial que es básica para que pueda funcionar: el del secretario. Y con él, el interventor y el tesorero. Todo en función de la magnitud de la entidad local. Pues bien, España tiene 8.132 ayuntamientos, de los cuales, 947 están en Cataluña. Tanto en el ámbito global estatal, como en el particular de Cataluña, el déficit de estos cargos municipales es brutal. Se cuentan por miles los que faltan para cubrir el territorio nacional. Y el problema no viene de ahora sino es histórico.

Ver y escuchar los discursos, proclamas y propuestas de Podemos, me recuerda enormemente la trayectoria pasada y presente de las candidaturas de las CUP (Candidaturas de Unidad Popular), creadas para combatir los argumentos de la derecha y de todos los aburguesados que gobernábamos, no para el pueblo, sino para inconfesables intereses “burgueses”. Su aparición y primeros pasos tuvieron mucho de “arrancada de caballo y parada de asno”. Es decir, mucho ruido y pocas nueces, hasta llegar a nuestros días en que han ido perdiendo fuerza y representación municipal, territorial y parlamentaria. A la vista de tan desolador panorama, parece que los nuevos dirigentes, han decidido bajar al mundo real, y discutir de temas más terrenales que ideológicos. Bienvenidos a la pura y dura realidad. Veremos qué futuro les depara.

En mis cuarenta años de gobierno municipal, siempre conseguí presentar, debatir y aprobar presupuestos. Las mayorías absolutas permiten esta normalidad, pero desde la oposición en otras instituciones, nunca usé los presupuestos para evitar su aprobación. Si acaso exigir contraprestaciones e inclusiones de partidas, pero no entorpecer su aprobación y es que es un elemento básico para garantizar la administración y gestión de los servicios esenciales, para los ciudadanos.

Todavía no se ha apagado la polémica por la absolución de Dani Alves por un supuesto delito de violencia sexual, que el mismo tribunal, acaba de dictaminar que un familiar puede intervenir en una petición de aplicación de la ley de eutanasia. Si la primera de las sentencias ha parecido grave, la segunda la supera. Detallo la situación.

Si alguien tenía alguna duda sobre la formación, preparación y sentido de Estado de buena parte de nuestra clase política, ha podido comprobarlo en los últimos debates en el Congreso de los Diputados y el Senado. Si a todos ellos, les suma lo visto y oído en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad, queda claro que en otros tiempos, la mayoría de ellos no habrían pasado de ayudantes de tercer orden.

Debería ser cosa del pasado, no dominar al menos dos o tres idiomas, además del español. Acabo de llegar de una de mis periódicas visitas a Suiza, mi segunda patria, al menos a nivel afectivo, por haber residido como trabajador y estudiante en su capital (Berna) durante siete años. Fue allí donde ejercí de profesor de español, para una red de Academias de idiomas, y donde me contrataron para escribir tres de los libros de texto, para ser utilizados en todo el mundo, durante cerca de veinte años.

Nadie podrá alegar aburrimiento ni falta de novedades en la política catalana, si hacemos caso a las propuestas de los partidos independentistas. Hace un par de semanas los grupos parlamentarios de Junts, ERC, Comuns y CUP, entraron en el registro del Parlament, una propuesta de creación de una nueva Comisión de investigación, para esclarecer casos de supuesto espionaje del Estado, a movimientos y entidades independentistas, y sobre infiltraciones policiales en estos movimientos políticos y sociales.

No hay acuerdo total, sobre la fecha en que todo derivó, hacia la ruptura con el Estado. Unos, la sitúan a principios de 2011, otros en el 2012 o 2013. Sea cual sea, lo cierto es que en Cataluña estuvimos doce o trece años, en batallas diversas y dispersas que produjeron una de las etapas más oscuras, de nuestra historia contemporánea.