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Escalada de precios y pobreza alimentaria


(Tiempo de lectura: 4 - 7 minutos)

De nuevo los datos de inflación, con la fuerte subida de la subyacente, ponen en evidencia, no solo el efecto de la carestía de la energía y su traslado al precio de la electricidad, sino ahora en particular al de los alimentos y más en concreto de los lácteos, cereales y de los productos cárnicos.

Una subida, otra vez superior al diez por ciento interanual, que afecta a la mayoría de los ciudadanos, pero de manera dramática a las rentas más bajas, que habitualmente ya se ven forzadas a dedicar el ochenta o el noventa por ciento de sus ingresos a los gastos de mera supervivencia y que corren el riesgo de caer en una situación de pobreza alimentaria. Una situación de carencia en cantidad y en calidad que afecta ya a más de seis millones de españoles, un trece por ciento de los hogares, aunque de ellos en un cinco por ciento la carencia es moderada o grave.

En este sentido, resulta lógica la preocupación política ante el agravamiento de la pobreza alimentaria y del correspondiente malestar social como consecuencia de las dificultades de la escalada de la inflación y en particular en el acceso a los alimentos básicos de la cesta de la compra. En este sentido, resulta incomprensible la resistencia numantina de algunos, incluso dentro del gobierno, a abrir siquiera el debate sobre la contención de los precios con el argumento de la sacrosanta libre competencia, cuando en muchos sectores ésta brilla por su ausencia y cuando hace tiempo que en España y en Europa tenemos establecidas limitaciones en precios de telefonía, la electricidad, en las comisiones de hipotecas o en los tipos de interés de préstamos.. y hasta hoy nadie se había rasgado las vestiduras.

Algo que también se produjo en el pasado como respuesta temporal ante situaciones extraordinarias, tanto en el marco de los pactos de rentas como el Pacto de la Moncloa, como después en Francia con el gobierno Sarkozy e incluso más recientemente en el conjunto de la Unión Europea con el precio de las mascarillas, los test de antígenos o del gel hidroalcohólico durante la pandemia, además de los acuerdos ahora en marcha para intervenir el mercado de la energía con el objetivo de reducir la escalada de precios y sus consecuencias para la industria y para la sociedad europea en general, en el contexto de la invasión de Ucrania y de las sanciones a Rusia.

Sin embargo, es cierto que estas medidas son incoherentes por ejemplo con las últimas decisiones del Banco Central Europeo de responder a la inflación con la respuesta clásica de la elevación de los tipos de interés, con el consiguiente efecto restrictivo sobre los créditos, una mayor subida del coste de las hipotecas y a medio plazo con un impacto recesivo sobre el conjunto de la economía europea. Tampoco es coherente con la resistencia de la patronal española a la negociación y el acuerdo confederal con los sindicatos en el incremento de los salarios y su revalorización para hacer frente a la escalada de los precios, con el manido argumento de la inflación de segunda ronda, sin tener en cuenta la influencia del importante incremento de sus propios beneficios.

Ante todo ello, es cierto que el gobierno español ha puesto en marcha ya tres decretos ley que incluyen paquetes de medidas de urgencia frente a la escalada de precios, con un acento particular en los sectores económicos afectados como la agricultura, la pesca o el transporte y también en los segmentos sociales más vulnerables limitando el precio de la energía, favoreciendo el transporte público y topando los precios de los alquileres entre otros o estableciendo impuestos a los beneficios extraordinarios de los sectores más favorecidos como el energético y el bancario para redistribuir esfuerzos y beneficios frente a la inflación.

En este marco, también se ha legislado para evitar la venta a pérdidas de los agricultores, ganaderos y pescadores, así como más recientemente para acabar con la retribución por debajo de coste a los pequeños transportistas por parte de las grandes empresas comercializadoras. Junto a estas medidas, también  el ingreso mínimo vital y la revalorización del salario mínimo y de las pensiones serán instrumentos esenciales ante esta situación en los próximos meses.

Sin embargo, no cabe duda que las fuertes subidas en el precio de los alimentos básicos de la cesta de la compra son incluido anteriores y además van mucho más allá de la repercusión de los costes de la energía. Porque hace tiempo que el fallo de la cadena de valor en muchos productos de la alimentación es estructural. Entre el productor y el comercio hay diferencias de precios que los multiplica por cien o por quinientos en alimentos básicos como la leche o las hortalizas, solo explicables por el oligopolio y la especulación. En este sentido, llama la atención la pasividad de la Comisión Nacional de la Competencia.

Es por eso que resulta necesaria y urgente algún tipo de intervención de contención de precios, preferentemente acordada con el sector, para hacer frente a lo que podríamos denominar la pobreza alimentaria, encaminada a garantizar una cesta de alimentos básicos más accesible.

En este sentido, la iniciativa de la vicepresidenta Yolanda Díaz y del ministro de consumo Alberto Garzón parece puesta en razón y además no es de extrañar que sea compartida por la mayoría de la población a tenor de las encuestas, eso al margen de las posibles razones electorales, por otra parte lógicas, ya que se trata de ministros de un gobierno y por tanto de responsables políticos que hacen política.

Sin embargo, la respuesta de la mayoría de la representación de las grandes superficies ha sido hasta ahora decepcionante. En el caso de las grandes compañías de una por lo cicatero de su cesta de productos, cuando no por lo elusivo de su respuesta con el y tú más. También se ha sumado el comercio de cercanía al entrar en la lógica del agravio frente a la propuesta a las grandes comercializadoras, cuando su espacio de competencia con éstas últimas no se basa fundamentalmente en el precio sino en la cercanía.

Por otra parte, la propuesta alternativa de éstas empresas sobre el supuesto margen existente para la rebaja de impuestos en España tampoco es de recibo, ya que la inmensa mayoría de los productos básicos como los cereales y los derivados lácteos tienen ya el IVA mínimo superreducido del cuatro por ciento, sin margen de rebaja, con lo que solo la carne y el pescado y algún otro producto procesado serían susceptibles de recorte ya que su IVA reducido es en la actualidad del diez por ciento. Sin embargo, la rebaja lineal de los derivados del petróleo ha demostrado la capacidad de neutralización de la rebaja de precios por parte de las comercializadoras.

Las grandes empresas comercializadoras, tan solo para eludir su responsabilidad pretenden ignorar que España, junto con Francia e Italia, presenta el IVA efectivo más bajo de toda la UE, situado por debajo del nueve por ciento. Esto se debe a que muchos productos están sujetos al IVA reducido o al superreducido. Algo que saben que la unión Europea ha planteado revisar al alza en diversas ocasiones.

En conclusión, que ante la magnitud del problema del incremento desmesurado de los precios en la alimentación y su posible prolongación en el tiempo, es imprescindible un esfuerzo compartido, pero en primer lugar de las grandes cadenas que además en las últimas fechas han tenido unos beneficios más que considerables. Por eso cabe plantearse una solución concertada o una alternativa impositiva con el objetivo de redistribuir los beneficios y los sacrificios impuestos por la crisis energética.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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