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El gobierno en tiempo de catástrofes


(Tiempo de lectura: 4 - 7 minutos)
Ilustración de Fito Vázquez. Ilustración de Fito Vázquez.

Vivimos en una época de catástrofes y como consecuencia en una política de emergencia. Una cadena de calamidades y desastres que van de la pandemia de la covid19 a la guerra de Ucrania y sin salir de éstas hasta el estallido provocado por las crisis ambientales y humanas de lo que ya no es otra cosa que la expresión del cambio climático en forma de emergencia. Por eso, hemos experimentado un trágico incremento de la mortalidad con el aumento y el agravamiento de las enfermedades crónicas como consecuencia de la pandemia de la covid19, a las que se ha sumado este año el funesto balance de la pérdida de vidas humanas, así como el de las económicas y políticas de la guerra y finalmente durante este verano los efectos de la larga ola de calor, con los incendios y las temperaturas extremas al calor del cambio climático, que agravan el deterioro del medio ambiente así como de los determinantes de la salud global. En definitiva, parafraseando al presidente francés Emmanuel Macron, vivimos la el final de la abundancia de unos recursos siempre escasos y también de las evidencias, como la de la superioridad de la democracia y los derechos humanos sobre el autoritarismo, así como el ocaso de la despreocupación por la viabilidad, no solo del futuro sino del presente del planeta y de la humanidad ante las viejas y las nuevas amenazas.

Hasta hace unos años, la normalidad era, valga la redundancia, la norma y la excepción era la emergencia en nuestras sociedades desarrolladas. La política entonces era básicamente la mera gestión. Sin embargo, más recientemente, hemos conocido lo que se ha dado en denominar como la sociedad líquida o para otros la sociedad del riesgo de la era de consumo digital, y con ella la política se ha movido de la gestión a la contención frente a la incertidumbre y la alarma ante la emergencia. En que una una calamidad desencadena la alarma que conlleva las drásticas medidas para garantizar la vuelta a la normalidad. De este modo, en la reciente pandemia de la covid19, sus olas primero han disparado las alarmas y a continuación las medidas de contención que van del confinamiento, al distanciamiento y la vacunación, y por último, ya con la desescalada de los brotes, ha surgido la expectativa de la llamada nueva anormalidad. A raíz de todo esto, parecía que había llegado el tiempo de la cooperación, la soberanía compartida y la cogobernanza en un contexto de incertidumbre, riesgo y emergencia. Sin embargo, la cooperación política e institucional ha brillado por su ausencia. La sorpresa desagradable ha consistido en un rápido encadenamiento de las catástrofes, algo que nos han precipitando hacia el actual cambio de época, donde la respuesta política está monopolizada prácticamente por la lógica de la emergencia.

Un modelo de gobierno compartido que obliga a respuestas cada vez más rápidas, acuciado entre la urgencia y la emergencia, y de un tipo de medidas limitadas a la contención y reparación del daño, a la protección de los sectores empobrecidos cada día más vulnerables. En resumen un modelo de gobierno atrapado en la lógica paliativa y con un estrecho margen para las transformaciones y los cambios de fondo, sean éstos económicos, sociales o democráticos con los que responder al mismo nivel de los grandes desafíos de nuestra época, y dónde parece que solo fueran posibles bien la política de parches de coyuntura o como mucho las reformas, casi siempre menores y parciales, tanto en los ámbitos locales, regionales, estatales o comunitarios.

Una dinámica que sin embargo ha sacado de su sueño neoliberal a la Unión Europea y a buena parte del mundo, primero con la sacudida de la pandemia, con un cambio de paradigma, poco antes impredecible, que abrió el camino a la compra conjunta de vacunas, la comunitarizacion de la deuda y la aprobación de los fondos de recuperación, y más recientemente con las primeras respuestas, todavía en marcha, para hacer frente a la guerra y a la situación de colapso energético, aunque todavía no exista paradigma alternativo. Todo ello, con el lento proceso de avance hacia la cooperación de las diversas administraciones europeas, estatales, nacionales, regionales y locales, junto a la participación de los sectores afectados y de las organizaciones sindicales, sociales y no gubernamentales, que se muestra además insuficiente, y que requiere con urgencia, además de una mayor decisión y agilidad, de una amplia cesión de soberanía para atajar la progresión de las sucesivas crisis. En definitiva, la urgencia de una mayor ambición política en el ámbito Comunitario.

Así, ante la fuerte subida de la inflación, que incrementa el malestar y el desafecto de los ciudadanos como consecuencia de los estrangulamientos de suministros de la salida de la pandemia y de la energía debido a la invasión de Ucrania, la guerra y las sanciones, tal parece que solo fuese posible la política de contención de los precios, la reducción de impuestos, la compensación a los sectores afectados y la protección de los más vulnerables. Sin embargo, la llamada excepción ibérica ha abierto la puerta al cambio en el método marginalista de fijación de precios de la electricidad en Europa.

También en nuestro caso, con la crisis diplomática con Argelia como consecuencia de la política de apaciguamiento con Marruecos y el alineamiento con los USA a costa del pueblo saharaui. Todo ello junto a la posibilidad de convertir a España en un hub gasístico, con el futuro gaseoducto hacia Francia y Centroeuropa. En el futuro también para exportar hidrógeno verde.

En un tiempo de escalada de la lógica de la guerra y sin embargo con la incomparecencia de la desescalada de la diplomacia y de las NNUU. Una incertidumbre que se incrementa con el estancamiento y la prolongación de la guerra, al tiempo que con las convulsiones provocadas por el surgimiento de un nuevo orden bipolar, con Europa en una posición subalterna, y con el trasfondo de la escalada de armamentos y de la amenaza nuclear.

Es decir, que sin haber tenido tiempo para desarrollar plenamente el gobierno compartido, hemos entrando de lleno en el gobierno de emergencia. El reto de nuestro tiempo es lograr que ambas sean compatibles, aunque la mayoría de las veces, instalados en la lógica de la emergencia y del decreto en el plano estatal, objetivos como el cambio y procedimientos como la participación parezcan hoy por hoy imposibles.

Y todo precisamente, en un tiempo en que aún prevalece la contaminación de la política por el populismo y en algunos casos con tintes postfascistas, que a la vez que agita la antipolítica del agravio del pueblo por parte de la casta de política y las instituciones democráticas, que degrada al adversario en enemigo y propugna la sustitución de la representación democrática por el plebiscito y la participación directa de los afectados, solo propone soluciones simples para problemas cada vez más complejos y sin embargo paradójicamente le exige en la tarea de gobierno medidas inmediatas y eficaces, que además cuenten con el mayor grado de concreción y de detalle en la normativa de respuesta, al objeto de dar satisfacción a la exigencia de una estabilidad y una seguridad casi absolutas. Una política de oposición entre el populismo político y el fomento del narcisismo ciudadano que repudia a Europa y las instituciones internacionales. Una mezcla políticamente imposible y socialmente explosiva. Ante este tiempo de catástrofes y la amenaza populista es que intelectuales progresistas como Piketty aseguran que los grandes cambios requieren de una ideología fuerte como la que ha creado el estado del bienestar y diseñado la transición ecológica, acompañada de la posibilidad de experimentar a gran escala y de las exigencias del curso de los acontecimientos actuales, aspectos que también se dan en la Unión Europea.

Todo ello nos obliga a construir una nueva cultura política de gobierno de las izquierdas en esta época de las catástrofes. Un modelo de gobierno que haga compatible el consenso en Europa con las medidas de emergencia, las reformas posibles y el gobierno compartido en los niveles estatales, autonómicos y locales para que, contando con la comprensión de la ciudadanía, podamos hacer frente a la alarma y al las catástrofes con la responsabilidad colectiva y la virtud cívica de la responsabilidad personal.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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