Presuntos culpables

El instructor reconoce que carece de pruebas materiales y cuenta solo con indicios plurales de concertación para conclusiones tan graves, con el argumento de que de acuerdo a la jurisprudencia los meros indicios valen para construir una presunción de culpabilidad. Conociendo a Mónica y el carácter vocacional de los técnicos de protección de menores se me hace difícil otra concertación que no sea la de decir la verdad.

Sin embargo, debo comenzar este artículo entonando el mea culpa porque, como otros muchos responsables políticos, en el pasado he sobreactuado exigiendo dimisiones ante cualquier imputación a otros políticos, en particular en los casos de corrupción y con más encono todavía a mis adversarios.

Entonces, la asunción inmediata de responsabilidades políticas nos parecía una de las formas viables de autoprotección de la política y de regeneración democrática ante nuestra acelerada pérdida de credibilidad debido a la avalancha de casos de corrupción, y por qué no decirlo también como una fórmula (muy discutible) para hacer oposición política. Por eso se puede decir que nosotros y nuestra deriva populista abonamos la judicializacion política actual.

Aunque es necesario situarse en aquellos momentos en que un rosario interminable de casos de corrupción política e institucional coincidían con el malestar social de los recortes sociales de las políticas de austeridad y con la impugnación de toda la política, en particular en Madrid y más en concreto en la Comunidad Valenciana con casos de corrupción sonados como la visita del Papa, la Fórmula uno, la financiación ilegal del PP, Fitur, Brugal, Gürtel, Taula, Palau, Valmor, Emarsa e incluso el fraude en la cooperación internacional.

Ya desde un tiempo antes, los suplicatorios habían dejado de ser una fórmula de salvaguarda de la inmunidad para con ello evitar las intromisiones en la autonomía de los parlamentarios, inutilizados en la práctica con su concesión poco menos que automática, salvo en el caso de un delito flagrante.

En este clima, la otra prerrogativa del aforamiento de los parlamentarios ante el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia derivó también en un privilegio a eliminar, demandado en primer lugar por los partidos de la nueva política y luego por la opinión pública, ignorando con ello el efecto de la acusación popular unida a la ausencia de una segunda instancia.

Todo esto unido a la politización del Tribunal Supremo, y más en concreto de su sala segunda que el PP había dicho tener controlada, cierra un círculo más que de inmunidad parlamentaria, de inseguridad jurídica para los cargos públicos, en particular para los políticos de izquierdas incómodos para el sistema.

Con todo ello, ahora corremos el riesgo de sustituir el hasta hoy sacrosanto principio democrático de la presunción de inocencia por la antigua presunción de culpabilidad del antiguo régimen, para todos aquellos que se dedicaban a la política.

Porque las instituciones que hoy nos empeñamos en abolir, como el trámite previo de la votación del suplicatorio o el aforamiento en un tribunal superior, tenían entonces como misión proteger a los parlamentarios elegidos por el pueblo de la injerencia de los poderes económicos y de la imposición del rey absoluto. Un rey absoluto que mutatis mutandis hoy toma la forma de la requisitoria del Tribunal Supremo al Congreso de los Diputados. No satisfechos con ello, ahora le añadimos que las diligencias previas y la convocatoria como investigado sean motivo de dimisión fulminante.

Entre tanto, sin embargo, ha cambiado la ley y también las circunstancias: ha cambiado no solo el término de imputado por el de investigado en la ley de enjuiciamiento, una cuestión no menor que según el profesor Queralt en la práctica traslada la imputación al momento de la apertura de juicio oral, como también lo ha hecho la judicializacion de la política por parte de la ultraderecha convirtiendo la Lawfare' en una de sus principales estrategias de oposición y de eliminación de dirigentes de la izquierda de las instituciones. Son cuestiones que no se deben obviar, como tampoco se debe ignorar que la polarización y el alineamiento populista tiene su reflejo, no solo en el gobierno o en el parlamento, sino también en el propio seno del poder judicial.

Por eso la derecha ha sostenido a priori la culpabilidad de Oltra y cuando ésta ha presentado su dimisión la han considerado tardía. No es solo ensañamiento sino también venganza por su liderazgo frente a la corrupción sistémica de su partido en Valencia. Exigen una coherencia absoluta a la hasta ahora vicepresidenta, cuando no han hecho lo mismo en ninguno de los casos que les afectan, ni siquiera cuando se les ha abierto juicio oral. La coherencia que reclaman y ellos no tienen.

Es cierto que la materia es delicada y la acusación de no proteger a una menor tutelada es grave y por eso es comprensible la investigación. Una causa en la que, sin embargo, tampoco es casual que la ultraderecha más oscura con conexiones neonazis y con la noche valenciana ejerza como acusación particular. Los nostalgicos del orden de los reformatorios.

La pieza cobrada de la dimisión de Mónica, antes incluso de la apertura de juicio, es solo una parte de la ofensiva contra el gobierno de izquierdas en Valencia, como también forma parte de la judicializacion de la política contra la izquierda por parte de la ultraderecha. La derecha y la ultraderecha funcionando como un tándem. Por eso no conviene enrrocarse, pero tampoco olvidarse.