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Preguntas pendientes sobre Pegasus


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

Después de las informaciones periodísticas de 'Citizen Lab' y de lo conocido sobre la comparecencia de la directora del CNI, en relación al espionaje mediante el programa Pegasus, quedan aún preguntas en el aire que son muy relevantes, tanto desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en relación a las garantías del derecho a la privacidad de las comunicaciones y también a la defensa legal, así como con respecto a la defensa de la seguridad de nuestro Estado constitucional frente al espionaje de otros Estados.

1) En primer lugar, se mantiene la incógnita de por orden de quién y en qué momento se decidió la compra del mencionado programa Pegasus. De lo hasta ahora conocido, se deduce que la compra de Pegasus pudiera haber sido por decisión del CNI, aunque se desconoce si con el conocimiento del gobierno de turno, cuestión nada baladí, al tratarse de un sistema y de una empresa íntimamente ligadas al Estado de Israel.

2) De ser así, si el gobierno conocía la utilización del programa Pegasus, resulta relevante si era consciente de su más que probable incompatibilidad con la defensa de derechos constitucionales y el posible conocimiento y utilización de los datos por el Estado de Israel, lo que podría llevar a renunciar a su utilización en el futuro.

3) También si a pesar de ello el gobierno ordenó o era conocedor del espionaje de los dieciocho dirigentes independentistas o si fue a posteriori cuando recibió informes sobre ello y qué hizo a raíz de su conocimiento.

Hasta ahora se conoce que su utilización abarca a los sectores políticos y al activismo independentista de tsunami democrático en el período de vicepresidencia de ERC en Catalunya y de investidura de Sánchez.

A diferencia de la investigación de la policía, en el funcionamiento del CNI no existe nada parecido a una fiscalía que insta la investigación en defensa del interés público, papel que queda en las exclusivas manos del propio CNI con la motivación de cada caso y del juez bajo el principio de proporcionalidad.

4) También se mantiene la incógnita  sabe sobre quién pudo ordenar la intromisión sobre el resto de los espiados independentistas.

Una parte sustancial de los espiados, supuestamente hasta más de cuarenta, realizada sin autorización judicial y sin petición oficial del CNI. En este sentido resulta lógica la inquietud independentista, aunque en el fondo también haya que reconocer que bien pudiera favorecer su recurso ante los tribunales de justicia europeos.

De ser así, se corre el peligro de convertir una investigación en una causa general contra un colectivo social y político por decisión de un órgano sin control democrático.

5) En lo que afecta al Presidente y a otros miembros del gobierno, aún no se conoce, aunque se pueda intuir por el momento de las intromisiones, de parte de qué Estado es la intromisión en el gobierno y el presidente en los momentos más delicados de las relaciones con Marruecos.

Sin embargo nada se ha dicho en la comparecencia parlamentaria de la grave intromisión en el gobierno para la seguridad del Estado, al parecer por estar fuera del orden del día de la comisión, cuando se trata del mismo programa. Una incomprensible omisión, tanto si se debe a un conflicto de competencias con presidencia del gobierno como si se vincula al secreto del sumario Judicial.

6) Tampoco se conoce por qué se tardó un año en descubrir la referida intromisión y en poner en alerta al gobierno, cuando se estaban dando casos similares en los principales gobiernos europeos, lo que debería haber provocado la correspondiente investigación bien del departamento correspondiente de presidencia del gobierno o por parte del CNI.

7) No se sabe qué se ha hecho a raíz de su descubrimiento, ni en relación al Estado ordenante ni con respecto al vendedor del programa y de su antídoto.

8) Tampoco sobre las medidas se han adoptado y qué compensaciones, garantías y responsabilidades se han pedido en ambos casos.

9) Una cuestión importante es lo qué ha sido de los datos personales obtenidos, de su procesamiento y de su destrucción.

10) Por último, si piensa el gobierno desclasificar las solicitudes y las órdenes judiciales destinadas a legalizar el espionaje aludido, como solicitan los espiados y diversas fuerzas políticas que forman parte de la mayoría de investidura.

En conclusión, resulta trascendental que además de las  líneas genéricas de investigación que aprueba cada año el gobierno dentro de la estrategia de seguridad nacional, existan detalles e informes más concretos de cada investigación, de igual manera que las autorizaciones judiciales lo son para casos concretos, razonados y para un periodo determinado. Si no es así se abriría un amplio abanico cuyo cierre quedaría al albur solamente de la dinámica interna del CNI. Demasiada arbitrariedad en una materia tan delicada.

En definitiva, el gobierno no puede ponerse de lado ni en el origen de la contratación del programa Pegasus ni en la dirección política del CNI, respetando escrupulosamente su ámbito de autonomía, como tampoco de los informes recibidos ni de la evaluación de sus investigaciones.

El gobierno y su mayoría parlamentaria no pueden eludir las necesarias reformas legales a la luz de los recientes acontecimientos, en primer lugar en la definitiva democratización de la ley de secretos oficiales, después de décadas de democracia, como también la posible reforma de la ley que regula la dependencia y el funcionamiento del CNI para garantizar un máximo grado de eficacia junto con la mayor garantía de los derechos constitucionales. Sería oportuno también mejorar la coordinación entre departamentos para garantizar la ciber  seguridad y dentro de ella la dependencia orgánica y funcional del propio CNI. Otra materia diferente son las responsabilidades políticas, entre las que no se contempla la de la ministra de defensa con una guerra en las fronteras de la UE y una próxima cita de la OTAN en España y que alteraría el equilibrio del gobierno de coalición. Por lo pronto, se concretan en la destitución de la directora del CNI Paz Esteban.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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