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¿Qué ha pasado con el sistema de dependencia?


  • Escrito por Marisa Rufino
  • Publicado en Opinión
(Tiempo de lectura: 4 - 8 minutos)

Todavía recuerdo el año en el que se aprobó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y la expectación que causó.

El cuarto pilar del estado del bienestar, el establecimiento de un nuevo derecho para toda la ciudadanía que posibilita el acceso a una serie de servicios que hasta entonces estaba al alcance de unos pocos, es decir, que nos acerca más a la consecución de la igualdad de derechos. Las personas mayores o con discapacidad que no pudieran valerse por sí mismas iban a ser atendidas por las administraciones públicas. Se garantizaba el acceso a los servicios públicos y a las prestaciones económicas más adecuadas a sus necesidades.

Se constituía el derecho de los ciudadanos a recibir atención por parte del Estado cuando no puedan valerse por sí mismos, bien por sufrir una enfermedad o accidente invalidante o al llegar a la vejez. Nadie se quedaría sin atención por falta de recursos.

El próximo día 14 de diciembre se cumplirán 15 años de su aprobación, y los problemas para su aplicación y gestión son muchos. La experiencia me hace reclamar la soledad que sentimos las familias, la desinformación y desorientación, el no saber qué, ni cómo hacer cuando alguien muy cercano deja de poder valerse por si mismo debido a su edad o a una enfermedad, me voy a centrar en los mayores, en la vejez.

Sentimientos de tristeza, confusión, angustia aparecen paralelamente a un hecho traumático que aparece en tu familia repentinamente, y te cambia la vida, me refiero a la enfermedad de un mayor, de un ser querido, te encuentras con las manos atadas y no puedes ayudarle como se merece.

En ese momento es cuando empiezas a comprender como funciona el sistema de servicios sociales, eres conocedora de las largas listas de espera para acceder a una plaza asistencial en una residencia o en un centro de día, la práctica inexistencia o escasa existencia de la ayuda a domicilio, los recursos económicos que nunca llegan, hacen dudar de la igualdad de oportunidades y de la dificultosa ayuda que tenemos los madrileños de los servicios sociales cuando envejecemos y del difícil acceso que tenemos los madrileños a la ayuda de los servicios sociales cuando envejecemos.

Lo primero es solicitar la valoración del grado de dependencia, algo que en Madrid supone de tres a cinco meses desde que inicias el procedimiento hasta que una persona trabajadora social, alabo su trabajo, te visita y puede hacer la valoración, primera dificultad, las listas de espera en la valoración del grado de dependencia. Una vez que te han valorado hay que esperar a la resolución donde, a través del Plan Individualizado de Atención (PIA), te comunican los servicios que ponen a tu disposición, otros tres, cuatro o cinco meses. Y una vez tienes estos documentos, otra espera, la notificación a la familia y por fin llegue la “solución”, ¡ah!, y en todo el proceso sin cambiar de opción, porque, aunque la situación de la persona afectada cambie, si la familia solicita otro tipo de prestación distinta a la que se ha reflejado en el (PIA), vuelta a empezar el proceso.

Es decir, desde que inicias el procedimiento hasta que finaliza pueden pasar en algunos casos del orden de 8 a 12 meses. ¿Y mientras tanto que hacemos las familias? ¿cómo afrontamos el cuidado del dependiente? La realidad es dura, está totalmente ligada a tus recursos económicos.

Mientras avanza todo el proceso la familia afectada se va dando cuenta de las dificultades de acceso que existen por la falta de plazas, de profesionales que se puedan hacer cargo durante las 24 horas del día, el elevado coste de estas prestaciones… Estamos excluyendo a muchas de las personas afectadas; la desigualdad, por razones económicas o territoriales es clara. Y si esas personas mayores carecen del acompañamiento de sus familias la situación se torna aún más dura.

La garantía en las prestaciones se pone en duda: económicas para el cuidador familiar, no existen; prestación vinculada al servicio o cheque-servicio y para el asistente personal, con el paso de los meses la podrás conseguir; servicios de teleasistencia, el único que otorgan rápidamente; ayuda a domicilio, centro de día o residencia, si tus posibilidades económicas te lo permiten.

Dicen que si no tienes ningún recurso la cosa se agiliza y el sistema “funciona”. Pero cuando eres una familia de clase media o media baja, con algún ingreso, aunque no sea suficiente, hasta que la Administración Regional resuelve tienes que buscar tu y en función de tus medios la solución al grave problema que se genera en las familias, ¿cómo puedo conseguir un profesional que ayude a cubrir las necesidades de mi familiar?, ¿cómo encuentro primero y pago después una plaza residencial privada? ¿dejo de trabajar y me dedico a los cuidados de mi familiar?, ¿cómo mantengo a mi familia?

Triste, pero la desigualdad está servida, si tienes ingresos, no una pensión media sino altos ingresos para poder pagar salarios de profesionales que atiendan al dependiente, o para poder conseguir una plaza residencial privada, puedes afrontar la situación. Después de haber trabajado toda tu vida y tener una vivienda o unos pocos ahorros, ves como tienes que gastarlos para poder sobrevivir en los últimos años de tu vida.

Y todo esto, en una época en la que se supone que las listas de espera se han reducido por la pandemia producida por la COVID y la alta letalidad que ha habido en las residencias o centro de día y se está gestionando en un plazo más reducido. Por desgracia es fácil conocer a personas que fallecieron antes de que la prestación llegara.

Se hace indispensable: una mayor financiación de las Administraciones para la atención de la dependencia, una trasformación del sistema de cuidados y una actualización en la gestión de los servicios sociales. Más recursos económicos y humanos, y mejor gestión. Contratar más personal para reducir listas de espera para valorar y elaborar PIA, crear más plazas asistenciales de residencias y centros de día públicos, facilitar la ayuda a domicilio y reconocer el trabajo de los familiares que cuidan de los dependientes. Modernizar el sistema y dotarle de medios suficientes y adecuados.

En los presupuestos generales del estado para el año 2022 el Gobierno socialista ha incrementado las partidas económicas de estas prestaciones, pero ¿es suficiente? No podemos olvidar el recorte que se produjo en la crisis del 2012 a la Ley de Dependencia llevado a cabo por el gobierno del PP, que ha retrasado su aplicación y ha afectado a nuestro Estado de Bienestar, precisamente cuando más necesario era para afrontar la gravísima crisis económica y social.

Y ¿qué ocurre con las Comunidades Autónomas? ¿y los Ayuntamientos? Las prestaciones y servicios contemplados por la Ley de Dependencia se integran en la Red de Servicios Sociales de cada Comunidad Autónoma en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas, son las encargadas de gestionar esta trasferencia. Desconozco lo que sucede en otras, lo que sí puedo afirmar es que en la Comunidad de Madrid el sistema de servicios sociales no funciona, y no es por culpa del personal, que lo cubre con gran profesionalidad.

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social debe liderar el sistema. La continua información y coordinación con las CCAA debe ser garante de la igualdad para toda la ciudadanía, independientemente del lugar de residencia. Se necesita un modelo de cooperación institucional entre administraciones para evita la desigualdad “territorial”.

“Un hito histórico”, así fue calificado por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la aprobación de la Ley. Y así fue en sus contenidos, pero como ocurre normalmente, la aplicación de las normas es dificultosa. Blindar los derechos sociales como lo es la Dependencia y reforzar los recursos es urgente.

El envejecimiento de la población es una de las mayores transformaciones sociales de este siglo y ya está teniendo y tendrá en un futuro consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos la protección social, la estructura familiar y los lazos intergeneracionales. En las próximas décadas, se incrementarán las necesidades de asistencia sanitaria, pensiones y protección social, y debemos estar preparados para ello, el número de personas mayores cada vez es mayor.

La población mayor de 65 años crece a un ritmo más rápido que el resto de segmentos poblacionales. Según datos del informe “Perspectivas de la población mundial 2019” de la ONU, en 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16%), más que la proporción de una de cada 11 en el año 2019 (9%). Se estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará en 2050.

El aumento en la esperanza de vida y longevidad, junto con la incorporación de la mujer al mercado laboral, los cambios en la estructura de la familia, y las necesidades de conciliación de la vida familiar y profesional hacen necesaria una respuesta desde las administraciones públicas a la demanda que requieren las personas mayores.

Y no lo olvidéis, tenemos una deuda social y moral, un deber y una obligación para con quienes han hecho posible que lleguemos hasta donde estamos. Cuidemos de nuestros mayores.

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