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Tópicos neoliberales frente a las pensiones públicas


Se ha aprobado la ley de reforma de las pensiones, que entre otras cosas repone su revalorización de acuerdo con el IPC, derogada por el PP, equilibra ingresos y gastos incorporando los gastos impropios con cargo a la fiscalidad general, así como una dotación adicional de la hucha de las pensiones, en caso de que ésta sea necesaria, para asumir el gasto suplementario de la amplia generación de los baby boomers, sin para ello recortar las pensiones futuras de los actuales trabajadores, como sí hacía el llamado factor de sostenibilidad impuesto por el gobierno del PP. Nada más y nada menos.

Un sistema público de pensiones que, además de reponer sufientemente lo contribuido en el período de actividad laboral es solidario con las rentas más bajas, y por tanto significa hoy por hoy la principal contribución de nuestro modelo social a la reducción de la desprotección y la pobreza en los mayores y asimismo al mantenimiento de la demanda de productos de consumo del conjunto de nuestra economía.

La amplia reforma aprobada no ha consistido solamente en recuperar los derechos afectados por los recortes de la reforma de 2013, sino que ha incorporado buena parte de las propuestas de futuro presentadas por los expertos ante la comisión del Pacto de Toledo y de los agentes sociales en la negociación en el marco de la concertación social, ambas esenciales para dar mayor apoyo y credibilidad a la reforma. Un proceso de diálogo y acuerdo político y social muy diferente del de el gobierno anterior, con la imposición del rodillo de la mayoría conservadora en las Cortes y al margen de la concertación social, en el contexto de las medidas neoliberales de austeridad como consecuencia de la crisis financiera, dentro de un golpe sin precedentes contra el frágil estado del bienestar español.

Llama la atención que una reforma de tal calado y con tan alto nivel de acuerdo político y social, lejos de ser recibida favorablemente, sino con un cerrado aplauso, por contra haya encontrado un rechazo sin matices, en particular de los sectores financieros, pero también del centro derecha, que paradójicamente hace poco tiempo la había apoyado en el Pacto de Toledo. Ahora, con el argumento de que se trataría de meros retoques sin trascendencia, aprobados por motivos puramente electorales, y que según estos sectores no asegurarían la sostenibilidad del sistema público de pensiones en particular en detrimento de los jóvenes y que a corto plazo obligarán a una nueva reforma en profundidad por parte de un futuro gobierno, por supuesto conservador.

La virulencia de esta reacción negativa a la ley de reforma de las pensiones del actual gobierno de coalición progresista tiene que ver por supuesto con los importantes intereses en un modelo mixto que obligue a la suscripción de sistemas privados de pensiones complementarios, en particular a las clases medias, pero quizá también por las expectativas creadas como consecuencia de la ambigüedad del propio ministerio de seguridad social en relación a la posible ampliación del periodo de cómputo o del un nuevo retraso en la edad de jubilación, aunque luego fueran oportunamente desmentidas, y además por las contradicciones del contenido final de las fichas de la reforma de pensiones remitidas para su aprobación a la Comisión Europea, dentro del fondo de recuperación y resiliencia New Generation, por parte del Ministerio de Economía. Como último recurso, todavía es el día de hoy, que una parte de estos sectores sociales y políticos neoliberales barajan la posibilidad de que se produzca la intervención final de los señores de negro en cuestiones como las propias pensiones, por descontado en favor de sus intereses, aunque la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de los primeros diez mil millones de euros de los fondos europeos los desmientan.

Entre los argumentos más utilizados para negar el carácter de reforma de fondo a la ley recientemente aprobada es que el alargamiento de la esperanza de vida y el alto índice de reposición del salario de nuestro actual sistema de pensiones, es económicamente insostenible y que por tanto los contenidos aprobados suponen un fuerte incremento del gasto que pudiera llegar al incremento del doce al quince por ciento del PIB en el año 2030. En consecuencia, si no se recortan los gastos previstos mediante medidas como el retraso en la edad de jubilación hasta los setenta años, la vinculación de la revalorización anual a la evolucion de la esperanza de vida y el incremento del periodo de cómputo de la pensión, en la línea de lo aprobado en su momento por el gobierno de Mariano Rajoy, el déficit de las pensiones no tendría solución. En definitiva, solo la consideran reforma si es un recorte.

Unos argumentos que se vienen reproduciendo desde finales del siglo pasado, abundando en el vínculo entre el incremento de la expectativa de vida con la insostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, sin tener en cuenta el reciente retroceso de la esperanza de vida como consecuencia de la pandemia, además de las grandes diferencias en la expectativa de vida entre clases sociales, pero sobre todo la contribución a los ingresos futuros que supone la evolución previsiblemente al alza de la productividad en plena revolución digital y la mejora previsible de nuestro precario modelo laboral actual para los jóvenes. Al argumento de la insostenibilidad económica, se ha añadido recientemente el del conflicto generacional, a raíz del mínimo incremento de las cuotas patronales y de los trabajadores previsto en la mencionada ley para dotar el fondo para los baby boomers. La pregunta es por qué sería mejor para los jóvenes actuales la reducción drástica de sus pensiones futuras, como contemplaba el factor de sostenibilidad ahora derogado. Un verdadero disparate.

Por último, es evidente que las reformas estructurales de nuestro sistema de pensiones requiere también en paralelo de un cambio profundo de nuestro modelo laboral y asimismo de nuestra fiscalidad, ambos muy precarios. La reforma laboral y en particular el empleo estable y con derechos, hoy en plena negociación, junto a la lucha contra el fraude y las exenciones fiscales, el incremento de recursos mediante una fiscalidad progresiva de las plusvalías, rentas y patrimonio..son los próximos pasos a dar, eso sí también sin titubeos ni ambigüedades.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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