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TC: Del legislador negativo y la renovación, frente al no a todo lo legislado


(Tiempo de lectura: 3 - 6 minutos)

En los últimos días, el perfil de algunos de los nominados por el PP para la renovación parcial del Tribunal Constitucional se ha convertido en objeto; primero de investigación y luego de polémica pública, bien sea por su, al parecer, excesiva politización, falta de cualificación y en el caso concreto de Enrique Arnaldo abre la carencia de un mínimo de ética.

Pero como siempre, en vez de provocar la crisis y en su caso la rectificación del Partido Popular como proponente, se ha trasladado la responsabilidad a los dos partidos negociadores y al sentido del voto del resto de los grupos parlamentarios y de los diputados del parlamento, como si de una bomba de racimo se tratase. Una rara habilidad la del PP que convierte los errores propios en responsabilidades de todos, mientras los ajenos les son atribuibles a cada cual en exclusiva.

Asimismo, veníamos de meses de bloqueo de la renovación de los órganos constitucionales durante los cuales, los partidos, los medios de comunicación y las propias instituciones afectadas, no se han cansado de denunciar la incapacidad de los partidos políticos para el diálogo, la cesión y el pacto; cuando lo cierto es que también era el PP quien se negaba y vetaba a los propuestos e incluso a los posibles partidos proponentes por parte de la izquierda, calificados de inconstitucionales, aunque las responsabilidades volvían a atribuirse por extensión a todos los partidos, tanto de la oposición como en particular del gobierno.

Es verdad que entonces la atención estaba centrada en el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva agotado casi tres años y en torno al cual, las diferencias aparecían más enconadas hasta el punto de trasladarse a la Comisión Europea como una muestra de la deriva iliberal del gobierno social-comunista, con la proclama de que sean los jueces los que elijan a los jueces. Como consecuencia de todo ello, el deterioro de esta imagen de bloqueo permanente, tanto nacional como internacional, era poco menos que insostenible.

Por eso, una vez hubieron culminado tanto la convención del PP como el Congreso del PSOE y coincidiendo con la mitad de la legislatura, ambos partidos se pusieron inesperadamente de acuerdo, si bien con la excepción del Consejo General de Poder Judicial. El pacto fue recibido con reservas por su rapidez y por su carácter parcial, pero luego con cada vez más rechazo debido a los candidatos y candidatas nominados y a sus perfiles, tanto políticos como profesionales.

En un principio, el reproche se centró en la cercanía política de algunos de los nominados a los partidos proponentes y en particular de los candidatos del PP, que o bien habían formado parte de sus ejecutivos o se habían relacionado profesionalmente con el partido o con alguna de sus fundaciones. Nada similar ocurría con los de la izquierda, aunque aprovechando la oportunidad se les haya metido a todos en el mismo saco. Sin embargo, casi nadie matizó sus declaraciones teniendo en cuenta el carácter de legislador negativo del Tribunal Constitucional, y por tanto la importancia de combinar el perfil profesional de los propuestos con la necesaria representatividad de la pluralidad ideológica del conjunto del país.

Más tarde, el cuestionamiento se amplió a la cualificación profesional de los propuestos, al no pertenecer ninguno de los cuatro a la élite de los catedráticos ni de los jueces del Tribunal Supremo, como había venido siendo la costumbre no escrita, aunque con conocidas excepciones y aunque nada de ello estuviera entre los méritos estipulados en el contenido de la ley, mucho más abierto que su aplicación a lo largo del periodo democrático.

Sin embargo, lógicamente el debate más duro se ha producido finalmente cuando se han conocido las actividades incompatibles, como letrado de las Cortes y de profesor de la universidad pública con las actividades remuneradas en el ámbito privado del despacho y de la Universidad, por parte de uno de los propuestos del PP, lo cual, a parte de extrañeza por su mantenimiento a lo largo de los años sin expediente abierto ni sanción conocida, ni por el parlamento ni por la universidad pública, ha provocado además el consiguiente reproche social y político sobre el incumplimiento de los mínimos éticos exigibles para formar parte del Tribunal Constitucional.

No es la primera ni probablemente será la última vez que esto ocurra, como ciudadanos que son, que con independencia del alto cargo que ostentan, tienen que dar cuenta de sus acciones ante los tribunales. Ocurrió en su momento con Enrique López tras ser imputado por delito contra la seguridad vial, ahora consejero de la Comunidad de Madrid, y más recientemente con la denuncia por malos tratos a Fernando Valdés uno de los componentes del actual Tribunal Constitucional.

En definitiva, la exagerada reacción de la opinión de los medios de comunicación recuerda la película Casa Blanca con aquello de ¡qué escándalo, aquí se juega!

Porque tampoco es la primera vez ni será la última en que, en particular el PP proponga candidatos que aunque desde el mantenimiento de la tradición de su cátedra universitaria o de miembro del Supremo, hayan compatibilizando esos puestos públicos con actividades privadas, algunas de ellas incompatibles, como las de preparadores de oposiciones, de asesoría o las de organización de cursos para otras universidades, grupos parlamentarios o fundaciones privadas, todas debidamente remuneradas, aunque no siempre declaradas.

Todo ello contrasta con la pasividad ante la peligrosa dinámica interna del TC, que hace ya tiempo se ha vuelto tóxica, no solo para el gobierno y el parlamento, sino para el prestigio del propio Tribunal en Europa y para su credibilidad entre los ciudadanos. Un proceso de progresiva polarización interna que ha provocado la resolución de las ponencias con relevo de los ponentes o con unas mayorías pírricas, y como consecuencia con unas sentencias, cuanto menos excéntricas en el marco europeo, que en particular en este último periodo de la pandemia se alejan cada vez más de la realidad social y con ello de las funciones propias del alto tribunal, para transformarlo por contra en una tercera cámara de mero revisionismo del parlamento y de oposición política al gobierno, lo que obligaba a iniciar siquiera su renovación parcial, aunque ello fuera a sabiendas de que la derecha no renunciaría a proponer vigilantes de toda su confianza. El problema es que, en el clima populista, injustamente se generalice la desconfianza.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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