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Tribunos negacionistas en el constitucional


La mayoría conservadora del Tribunal Constitucional español sigue empeñada en dar la razón al negacionismo y en convertirse en un vector más de la oposición al gobierno, aunque sea a costa de seguir degradando día a día la credibilidad e incrementando el desprestigio del Tribunal Constitucional como órgano institucional.

De nuevo, en la tercera sentencia sobre la gestión legal de la pandemia, vuelve a la asunción de los argumentos del recurso de la ultraderecha y se adopta una nueva declaración de inconstitucionalidad como broche final del disparate negacionista en que se encuentra inmerso el Tribunal Constitucional con respecto a la gestión legal de la pandemia. Un nuevo despropósito del Tribunal Constitucional español, que sigue obcecado en su espléndida soledad interpretativa, con respecto tanto a los tribunales de garantías constitucionales de la Unión Europea como al del conjunto de las democracias de nuestro entorno, anteponiendo el derecho a la movilidad al derecho a la vida y la salud pública de los españoles, todo ello ante la mayor y más letal pandemia del último siglo. Puro negacionismo constitucional, cuando ni siquiera Tribunales Constitucionales como los de Hungría o Polonia se han mostrado dispuestos a seguir la estela de las teorías de la conspiración de sus propios grupos negacionistas.

En esta ocasión, la inconstitucionalidad se achaca, por parte de la ponencia mayoritaria, tanto en relación al según ésta excesivo periodo de vigencia de seis meses del estado de alarma, como con respecto a la delegación de la gestión de las medidas de control de la transmisión de la pandemia en los gobiernos de las CCAA, así como, una vez más, al que se sigue considerando escaso control parlamentario, cosa siempre políticamente opinable, pero no inconstitucional, como lo han sido la oportunidad y la intensidad de las medidas de salud pública a lo largo de las cinco olas de la pandemia. Lo hace además en el momento en que la derecha ha levantado el veto que mantenía desde la pérdida del gobierno central y en que se ha desbloqueado parcialmente la renovación de los órganos constitucionales, incluidos los cuatro miembros del Tribunal Constitucional con origen en la elección del parlamento. Un acuerdo, que aunque no altera la mayoría conservadora del órgano, debería haber significado un punto y aparte en la dinámica populista de confrontación y de imposición de la mayoría sobre la minoría en las resoluciones de la última etapa.

La nueva propuesta mayoritaria de sentencia de inconstitucionalidad sobre la segunda prórroga del estado de alarma, sucede a las dos anteriores que consideraron que la anulación de hecho de la movilidad y del control parlamentario, más que una mera restricción, carecían de amparo legal en el marco de una declaración estricta del estado de alarma, previsto para epidemias y catástrofes, y que por el contrario hubieran requerido de la declaración máxima, consistente en el estado de excepción, aunque en realidad éste estuviera previsto para hacer frente a crisis muy diferentes y de naturaleza fundamentalmente política.

Otra posible interpretación es que el Tribunal Constitucional se negaba a reconocer que la gravedad extrema de la primera ola de una pandemia, entonces desconocida, obligaba a un primer periodo de confinamiento domiciliario intenso al objeto de revertir la transmisión comunitaria, que consideró como anulación más que restricción del derecho a la movilidad. Es decir, un Tribunal de garantías que se designa a sí mismo como auditor de las medidas de salud pública decididas por el Ministerio de Sanidad y sus comisiones de alertas y de salud pública. Un sucedáneo de tribunal epidemiológico.

Ahora, en relación al segundo estado de alarma,' mutatis mutandis', la mayoría del máximo Tribunal se decanta por negar por la vía de los hechos que tanto la magnitud como la extensión y la difusión asimétrica de la pandemia, hicieran necesaria la declaración de un largo estado de alarma por un periodo de seis meses, en contra de todas las evidencias de lo ocurrido a continuación, y también la oportunidad de una gestión compartida y más cercana desde las CCAA, que por otra parte son las que cuentan con las competencias en materia de salud pública y de atención sanitaria, para desarrollar entre otras las medidas el control de los movimientos y el contacto poblacional, así como la estrategia de vacunación, de resultado exitoso y calificado como un ejemplo en el marco internacional, y con ellas el definitivo control de la pandemia.

Así, si en la primera sentencia fue la disquisición entre la restricción y la anulación de la movilidad en la primera ola de la pandemia, la que dio lugar al rechazo del estado de alarma por parte del constitucional en favor de la declaración del estado de excepción. Más tarde ha sido también la disquisición sobre el mayor o menor control parlamentario. De manera que al final, el mero retraso del registro durante los días más duros del confinamiento del primer estado de alarma, se consideró como una suspensión de la actividad parlamentaria, y como consecuencia se declaró inconstitucional.

En definitiva, cabría concluir que para el Tribunal Constitucional, no solo la declaración y la gestión legal del estado de alarma no estaban justificadas, bien por exceso, debido a la supuesta desmesura de las medidas restrictivas de la movilidad o bien, lo que sería aún peor, por defecto como consecuencia de la exageración interesada por parte del gobierno de una pandemia considerada por el experto tribunal como de medio pelo.

En consecuencia, no quiero ni pensar en el ínfimo margen de maniobra que estas declaraciones de inconstitucionalidad le dejan a nuestros futuros gobiernos para enfrentarse a las más que probables futuras pandemias en defensa de la salud pública o a los efectos catastróficos del cambio climático. Lo cierto es que con una declaración necesariamente parlamentaria de estado de excepción y por tanto tardía, por un plazo de tiempo mínimo de no más de dos meses y sin la imprescindible cogobernanza de las CCAA, el panorama de la capacidad de control que se nos presenta es desolador. Éste ha sido también el discurso negacionista explícito por parte de la extrema derecha e implícito y en silencio por el PP, lo que les ha llevado al rechazo, cuando no al bloqueo de las medidas de control de la pandemia o al mantra ahora aún más inviable si cabe de la ley de pandemias, al que ahora se añade una piedra más en el camino con las sentencias de la mayoría del Tribunal Constitucional.

Todo ello, no solo contrasta con el respaldo a medidas idénticas por parte de la práctica totalidad de los Tribunales Constitucionales de nuestro entorno, sino con la actitud ejemplar de cooperación y responsabilidad de la inmensa mayoría de la ciudadanía española, que a pesar del bombardeo mediático y de las redes sociales, no ha prestado oídos a los cantos de sirena del discurso negacionista. Y es que, con demasiada frecuencia, el pueblo español no ha tenido unas instituciones a la altura que se merece.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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