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EL PERIÓDICO
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La rebelión del PP contra el Pacto de Toledo


Todavía hay quien desde la izquierda social atribuye al Pacto de Toledo todos los males de las pensiones y considera erróneamente que es el adversario. Sin embargo, yo sigo afirmando que el Pacto de Toledo ha sido el principal dique de defensa del sistema público de pensiones frente a la continuada ofensiva privatizadora, al apoyarse en un amplio consenso social y político, por una parte de los sindicatos y la patronal y por otra de los grupos parlamentarios de la comisión especial del Pacto de Toledo.

De hecho los principales recortes de la era Rajoy, en cuanto a la derogación de la revalorización automática y la introducción del mal llamado factor de sostenibilidad, se llevaron a cabo en su momento sin la consulta y el acuerdo en el marco del Pacto de Toledo.

El PP, después de votar favorablemente las conclusiones y recomendaciones del Pacto de Toledo, del que solo se desmarcó la ultraderecha de Vox, partidaria de un sistema de capitalización privado, ahora acaba de presentar una enmienda a la totalidad de la ley que las desarrolla, con la excusa más que el argumento de que no votará una reforma por fascículos, que además según él no garantiza la viabilidad de las pensiones para el futuro, en particular las de los más jóvenes.

De nuevo el recurso del miedo para crear un clima de escepticismo en torno al futuro de las pensiones en base a proyecciones demográficas más que discutibles y cuando las pensiones actuales apenas significan el doce por ciento de PIB y sin embargo sin una contribución fundamental a la reducción de la pobreza, la desigualdad y al consumo interno.

Pero es que además, se da la circunstancia de que los pactos de Estado en relación a las instituciones democráticas y a los derechos sociales como las pensiones son vitales para nuestro modelo de estado social y democrático y por tanto que su cuestionamiento actual forma parte también de la ofensiva populista contra la democracia representativa y su modelo social.

La enmienda de totalidad se presenta, lo lógico sería votar todo aquello que emane del Pacto de Toledo que se ha apoyado y de avance en la sostenibilidad y la revalorización de las pensiones, para luego en su caso pasar factura al gobierno con respecto a futuras medidas en relación al incremento en el período de cómputo o a la sustitución del factor de sostenibilidad por el denominado de equilibrio generacional, o como el mismo expresidente Rajoy ha defendido en la convención del PP, para su vuelta al gobierno recuperar en su momento su conocida política de recorte de las pensiones públicas y de desgravaciones de las participaciones individuales los sistemas privados.

Sin embargo, este desmarque con respecto a un pacto de Estado tiene un profundo significado que trasciende con mucho el proyecto de la actual dirección del PP, su estrategia de oposición e incluso la posibilidad de la futura candidatura a la presidencia del gobierno de su actual presidente Pablo Casado.

El significado para el proyecto de la dirección del PP es, además de su subordinación a la estrategia de delegitimación del gobierno encabezada por parte de la ultraderecha y desarrollada a lo largo de la pandemia, que ésta estrategia pase a sumarse al salto cualitativo que ha significado el bloqueo y el deterioro de las instituciones democráticas.

Así, al bloqueo en la renovación de las principales instituciones constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, con graves efectos en el deterioro de su credibilidad, ahora se sumaría la ruptura del Pacto de Toledo como órgano de consenso para la defensa y modernización del sistema público de pensiones.

Es también un aviso para navegantes en relación a los futuros acuerdos sociales y por extensión al conjunto de la concertación social, un retroceso en la participación social que comenzó con Rajoy con la excusa de la urgencia de las medidas de austeridad, pero que ha reaparecido recientemente desde la oposición con una ofensiva personal sin precedentes contra Garamendi, el actual presidente de la CEOE.

En definitiva, hace tiempo que estamos asistiendo a la radicalización populista de la derecha y a sus consecuencias en una oposición de deslegitimación del gobierno y desestabilización política, sin embargo ahora, con la rebelión del PP frente al Pacto de Toledo en el marco del menosprecio y el bloqueo de las instituciones democráticas, asistimos a una deriva trumpista muy preocupante, cuyo diseño se ensayo y revalidó en las elecciones madrileñas pero que hoy parece ha incorporado como propia la dirección del PP.

Poco importa que quien la represente finalmente al frente de la canditatura a las próximas elecciones generales sea Casado o Ayuso. En todo caso será una lucha de poder interno, pero con la misma estrategia populista.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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