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EL PERIÓDICO
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La inconstitucionalidad del confinamiento, fruto del negacionismo


Mucho se ha hablado de la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional en que éste considera el confinamiento como una verdadera anulación y no solo como una restricción de la movilidad, y que por ello concluye que debería haberse dictado el estado de excepción por el parlamento y no el estado de alarma por parte del gobierno, declarando en consecuencia su inconstitucionalidad. Sin embargo, se ha hablado menos sobre la trascendencia de esta desafortunada sentencia del TC sobre la salud pública, tanto sobre las medidas como el confinamiento domiciliario como con respecto a su cobertura legal, en el caso de futuras pandemias o catástrofes, por otra parte cada día más probables.

El principal argumento de las abundantes críticas en contra de la sentencia, tanto de los votos particulares en el seno del tribunal, como de una buena parte de los constitucionalistas tiene que ver con el espíritu y con el propio texto de la Constitución, que frente a la norma anterior vigente, aprobada en plena dictadura, diferencia con claridad la causa y la finalidad del estado de alarma destinado casos de catástrofe o pandemia, frente al estado de excepción más orientado a atajar una crisis de orden público. Si al argumento de contenido se suma que la sentencia se produce de forma manifiestamente extemporánea, el cambio sobrevenido del ponente y como consecuencia del sentido de la propuesta y lo tortuoso de la configuración de una mayoría finalmente pírrica, se deduce que el equilibrio, la oportunidad, la prudencia y la responsabilidad no han destacado en la labor de un tribunal tan esencial para la calidad de nuestra democracia como el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, algo que no se ha destacado suficientemente, es la paradoja que supone este valor casi absoluto que la sentencia atribuye al derecho ciudadano a la movilidad, por encima incluso del derecho de todos a la salud, y sin embargo el rechazo del Tribunal Constitucional del resto de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el recurrente de la extrema derecha de Vox, en particular las relativas a la supuestas vulneraciones del derecho de reunión, del derecho a la educación o el relativo a los actividades de culto propias de la confesión religiosa o comerciales, como si no hubieran estado todas ellas condicionadas por la anulación que la mayoría del tribunal predica del derecho a la movilidad.

Desde esta concepción tan irrestricta de la movilidad, es que el Tribunal Constitucional juzga el confinamiento domiciliario obligado desde mediados de marzo a bien avanzado el mes de mayo del primer estado de alarma, adentrándose con ello, más allá de la delimitación jurídica de las restricciones adoptadas como una anulación efectiva del derecho a la movilidad, en lo que supone una valoración implícita del confinamiento domiciliario como una medida que, por su propia contundencia, desbordaría los límites del estado de alarma y en consecuencia rebasa las medidas susceptibles de ser adoptadas frente a cualquier situación de pandemia, tanto en el pasado, como lo que es aún más grave, en un futuro previsible.

En consecuencia, la mencionada sentencia supone también una valoración que se adentra en materia de salud pública para la que el tribunal no tiene formación ni competencia, que cuestiona uno de los instrumentos esenciales utilizados desde hace siglos para hacer frente a las pandemias y que en esta ocasión se ha demostrado de nuevo como una medida imprescindible para doblegar la primera ola, en un momento en que se habían cortado las cadenas de distribución de productos y tecnologías sanitarias y en que como consecuencia los centros sanitarios y en particular las UCIs de los hospitales se encontraban al borde del colapso. Un confinamiento domiciliario que tuvo su réplica en los países de nuestro entorno con fórmulas legales muy similares de leyes de infecciones, de salud pública, de emergencia o de calamidad, sin manifestaciones en contrario de ninguno e sus tribunales de garantías constitucionales.

Entra con ello el Tribunal Constitucional español en la lógica del negacionismo preconizado por el recurrente, que después de votar favorablemente en el parlamento la prórroga del estado de alarma, se ha sumado y ha alentado las movilizaciones contrarias al confinamiento, frente a lo que han dado en calificar de arresto domiciliario, con la libertad por bandera, considerando además la medida como parte de un experimento de eugenesia, control social y autoritarismo político en el que al final entrarán a buen seguro las vacunas. Con esta premisa, cabe esperar una sentencia de un tono similar en relación al recurso contra el estado de alarma que a partir de Octubre puso en manos de los ejecutivos autonómicos el control de la pandemia durante un plazo de seis meses, y es previsible que lo haga restringiendo aún más si cabe la utilidad del estado de alarma, hasta este momento nuestra principal ley frente a las pandemias, junto a la ley de medidas especiales en materia de salud pública.

Pero lo que es peor, la sentencia en que se declara inconstitucional el estado de alarma y con ello el confinamiento domiciliario o viceversa, supone sobre todo un elemento añadido de incertidumbre para que los poderes públicos puedan afrontar futuras pandemias o catástrofes climáticas. De hecho, supone que el estado de excepción se convierte a futuro en la única cobertura para medidas de fuerte restricción de la movilidad del tipo del confinamiento domiciliario, estableciendo mayores plazos para la respuesta inicial a la emergencia, al establecer la aprobación por parte del Congreso de los Diputados, y al dar un tiempo máximo de dos meses de vigencia de la medida, cuando los periodos requeridos en estos estados de alarma han sido bastante superiores, con todo lo que ello conlleva. Si a esto le añadimos la panoplia de derechos susceptibles de suspensión con la aplicación del estado de excepción, junto a los problemas de algunas CCAA con tribunales de justicia con ínfulas de epidemiólogos para cuestionar las restricciones de la movilidad y los aforos dictadas por los respectivos ejecutivos, y la polarización política propia de esta década populista, podemos concluir que los negacionistas han introducido algo más que sus fake News y teorías de la conspiración como ruidos en el sistema. Han traído las medidas de excepción frente a castrofes y epidemias.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.