Quantcast
EL PERIÓDICO
ESP   |   AME   |   CAT      NEWSLETTER
ÚNETE ⮕

Verdeando que es gerundio


Luz verde para el acceso de España a los nuevos fondos europeos: 140.000 millones de euros, de los que 69.000 serán subvenciones. Estas cifras se suman a todos los demás recursos ya definidos para la política agrícola común, la política de cohesión, de investigación…, así como a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, por mencionar sólo algunos de los instrumentos comunitarios de financiación para los países miembros.

Se trata, sin duda, de una formidable oportunidad para la necesaria transformación de nuestro modelo productivo, que durante demasiado tiempo ha propiciado bajos salarios y trabajos precarios, en un número limitado de actividades, sobre todo en la construcción y en el sector de los servicios: en particular en la hostelería y la restauración, muy dependientes del turismo y por lo tanto de la movilidad. Los recursos del fondo “Next Generation EU” deben destinarse, obligatoria y preferentemente, a la transición ecológica y a la transformación digital, promoviendo estos procesos sobre todo en las pymes y en los territorios menos poblados, y garantizando la erradicación de cualquier brecha de género en el ámbito laboral, desde el enfoque transversal de una “transición justa”. 

España se ubica en una de las zonas más vulnerables de la Unión Europea ante el aumento de las temperaturas y de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Así que existen poderosas razones económicas, sociales y ambientales para tomarse en serio la emergencia climática y ambiental

España avanza en la transición ecológica con cierto retraso en comparación con otros países de nuestro entorno, donde, desde hace años, gobiernos de todo signo político entendieron que se podía crear empleo y bienestar sin necesidad de contaminar o de degradar los ecosistemas. Pero tenemos un gran potencial en cuanto a la riqueza de nuestra biodiversidad, a nuestro elevado número de horas de sol, a los numerosos avances ya realizados en cuanto a la generación y a la gestión de las energías renovables (ningún país tiene una infraestructura tan eficiente para dicha gestión como nuestra Red Eléctrica).

Por otro lado, la creciente evidencia de los efectos catastróficos del calentamiento global –incluso en países tan desarrollados como Alemania– hace cada vez más urgente la consolidación de políticas ambiciosas de mitigación y de adaptación al cambio climático. España se ubica en una de las zonas más vulnerables de la Unión Europea ante el aumento de las temperaturas y de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Así que existen poderosas razones económicas, sociales y ambientales para tomarse en serio la emergencia climática y ambiental; y el actual Gobierno ha decidido destinar el 40% de los recursos del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia a las inversiones asociadas a la transición ecológica de todos los sectores económicos. Ya están definidos importantes proyectos de gran impacto, en el sector del automóvil, de la rehabilitación energética de viviendas, del almacenamiento e innovación en energías renovables, de la conservación y restauración de nuestros espacios naturales más valiosos…

Lo que quizás todavía muchos no sepan es que la totalidad de los nuevos fondos europeos sólo podrán invertirse en actuaciones que no supongan ningún retroceso en la calidad de nuestros ecosistemas o en el proceso de descarbonización. Es decir, que más allá del 40% que se destinará a inversiones “verdes”, ni un solo euro del “Next Generation” podrá dedicarse a proyectos que resulten contradictorios con la orientación de la transición ecológica.

Es evidente que existen cada vez más incentivos (tanto económicos como reputacionales) para ‘verdear’ la actividad de empresas y de administraciones. Pero tanto los actores públicos como los privados deberán evitar engañar a los ciudadanos, esgrimiendo supuestos efectos ambientales positivos de sus actividades: nada de ‘greenwashing’, término que define el intento de ‘blanquear’, desde el punto de vista ecológico, cualquier producto o servicio que en realidad comporta impactos negativos a lo largo de todo su ciclo de vida. Y ello, sea por la creciente capacidad de los ciudadanos para descubrir tales engaños, como por la consolidación de exigencias jurídicas cada vez más estrictas.

Para conocer mejor las cada vez más frecuentes prácticas de ‘greenwashing’ y sus consecuencias legale –incluso en el ámbito de lo penal– invito a leer el artículo de Antonio Vercher, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, “Nuevas perspectivas infractoras en medio ambiente”, en el diario ‘La Ley’ (7 julio de 2021).

No nos hagamos trampas al solitario: la pandemia nos ha enseñado, entre otras cosas, la estrecha relación entre la salud del planeta y la salud humana.

Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Vicepresidenta Primera del Senado. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.