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EL PERIÓDICO
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Cuando la alarma se convierte en excepción


Continuamos inmersos en los maniqueos populistas, incluso en el seno del Tribunal Constitucional, esta vez cuestionando la declaración del primer estado de alarma en favor del estado de excepción, con el aval de una mayoría pírrica del órgano. Y todo por una cuestión de grado, en relación al momento en que el nivel de la limitación se convierte en anulación de la movilidad. Una interpretación dogmática que elude el contexto de una pandemia sin precedentes en el periodo de vigencia de la actual Constitución y por tanto de la consiguiente urgencia en la respuesta.

La frase en que uno de sus miembros alude a la coherencia de su posición con lo que había enseñado en la Facultad de Derecho, es una demostración de lo que ha significado la primacía de la coherencia interna, al margen de la realidad social y del contexto europeo. Un contexto en que tanto las medidas de restricción de la movilidad como las normas para adoptarlas, tales como los estados de epidemia, emergencia o calamidad, no se han diferenciado del confinamiento ni de nuestro estado de alarma, ahora considerado inconstitucional por el alto tribunal español.

No es casual tampoco que esta decisión se haya adoptado en el contexto de algunos tribunales de garantías europeos, en que primero el Tribunal Constitucional alemán y ahora el Tribunal Constitucional polaco han adoptado resoluciones que ha primado inicialmente una interpretación dogmática de sus textos constitucionales, aunque eso les haya llevado incluso a situarse en conflicto con el desarrollo y la evolución de la propia Unión Europea.

Se trata de una decisión tomada a instancias de la misma extrema derecha, que votó inicialmente su autorización en la Congreso de los diputados y que luego cambió de posición y se manifestó en las calles en pleno estado de alarma contra el confinamiento, abanderando con ello en España la postura negacionista.

En este sentido, el Tribunal no puede ser ajeno a las interpretaciones inmediatas y tampoco a las repercusiones políticas futuras de su resolución, que ya está siendo utilizada por la oposición, en el caso de la ultraderecha para rechazar las medidas restrictivas de salud pública como autoritarias, exigiendo paradójicamente una norma más restrictiva en materia de derechos fundamentales, o por el contrario en el caso del PP para recurrir una vez más al manido argumento de la carencia de una ley de pandemias, algo redundante con la legislación de salud pública actual y por tanto de dudosa utilidad, pero que en ningún caso evitaría la adopción de alguna de las medidas limitativas de derechos contempladas el la ley de estado de alarma, excepción y sitio, para restringir los derechos fundamentales.

No son menores tampoco las posibles repercusiones del recurso al estado de excepción frente a futuras pandemias en las que se requieran medidas como el confinamiento o la limitación de la movilidad, que no solo tienen que ver con el incremento de las dificultades para la agilidad en la respuesta, por la exigencia de aprobación parlamentaria previa del estado de excepción, sino también con la previsión legal del tiempo de vigencia de la medida, en este caso por un periodo no superior a dos plazos de treinta días, en el caso del estado de excepción.

Eso sí, la sentencia respalda como necesarias las medidas que afectan a la limitación de la movilidad y el derecho de residencia y reunión ante la extrema gravedad de la pandemia. Lo que por contra le reprocha el Tribunal al gobierno es que haya considerado que se trataba solo de limitaciones y no de una anulación de los derechos fundamentales, y por tanto cuestiona que la fórmula adecuada fuera el estado de alarma y no el estado de excepción, al menos en lo que respecta a tres apartados del artículo siete de la declaración del primer estado de alarma.

No parece haber importado que la decisión haya dividido por la mitad al tribunal de garantías constitucionales y que con ello agrave una dinámica de polarización interna que había venido manifestándose en la última época, sobre todo con la dimisión de uno de sus miembros incurso en una causa de malos tratos, que a la sazon había sido el redactor del primer informe que consideraba dentro de la Constitución.

Resulta sorprendente que tal circunstancia, junto al agotamiento del tiempo de vigencia del nombramiento de sus miembros, no hay llevado al tribunal, una vez sobrepasado con creces el tiempo desde el fin estado de alarma, a darse el plazo que fuera necesario para recomponer el consenso interno en torno a una sentencia más equilibrada aunque menos taxativa.

Tampoco parece haber importado el deterioro de la imagen de la institución en la opinión pública, ya debilitada a raíz de la polémica suscitada por su sentencia pasada sobre el Estatut y por las más recientes en relación a la libertad de expresión. En resumen, que a los alineamientos previsibles entre progresistas y conservadores alterados en favor de estos últimos, se han venido a añadir los habidos entre las posiciones dogmáticas y contextuales, junto a los de una institución que desde el Estatut no puede evitar considerarse depositaria de la razón de Estado frente a las veleidades de la política y en particular de la izquierda, y por supuesto los derivados del clima de maniqueísmo en pandemia. En definitiva, un pan como unas hostias.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.