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EL PERIÓDICO
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El aggiornamiento de los partidos conservadores españoles


  • Escrito por Javier García Fernández
  • Publicado en Opinión

La comparación que formuló hace días Pablo Casado entre la Segunda República y la dictadura franquista vuelve a mostrarnos que las derechas tienen un problema con la Historia contemporánea, un problema que consiste en que siguen sin asumir, ni identificarse, con el único periodo político español plenamente democrático, como fue la Segunda República. Es más, sin confesarlo, siguen identificándose con las fuerzas políticas que dieron el Golpe de Estado del 18 de julio y, en general, con el bando rebelde de la Guerra Civil. El tema es bastante serio, porque, sin reconocer la legitimidad y el honor del único régimen democrático que ha tenido España, la ideología y la práctica de la derecha les aproxima al franquismo y a entender la vida política lejos de los principios de convivencia que comporta la democracia (véase Javier García Fernández: “La derecha española ante la Guerra Civil y la Dictadura”, Temas para el debate, núm. 186, mayo, 2010, págs. 14-16).

Hace muchos meses que insisto en este lugar en como la deslegitimación destructiva que el Partido Popular aplica al Gobierno del Presidente Sánchez quiebra el principio democrático, porque sitúa extramuros del sistema político a la mitad de los ciudadanos y de los partidos españoles. Y ofende innecesariamente la sensibilidad política de las personas que se sitúan en la izquierda, como ocurrió hace unos meses con la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar los nombres de las calles a Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto.

Todos estamos de acuerdo en el daño que sufrieron todos los españoles con la Guerra Civil. Muchos, la mayoría, sabemos que se cometieron muchos hechos execrables en los dos bandos y que, por tanto, ninguno tiene superioridad moral por su comportamiento, porque los asesinatos, las persecuciones, las incautaciones de bienes se dieron por igual en ambas zonas. Desde ese punto de vista emotivo, es legítima la identificación con uno de ambos bandos. Pero, antes de que acabara la guerra, el Gobierno republicano publicó los llamados “trece puntos” del Presidente Negrín, que comportaban una primera propuesta de reconciliación de ambos bandos. Los rebeldes no sólo no respondieron, sino que al acabar la contienda, tras el golpe de Estado de Casado y Besteiro que pretendía adelantar el final de la guerra, se persiguió por igual a los que dieron el golpe y a los que se opusieron al mismo. La petición fiscal de pena de muerte contra Besteiro (que no tuvo otra intervención que encabezar el golpe dirigido a acabar la guerra) es un ejemplo de la crueldad y ganas de venganza de los vencedores.

Acabada la guerra, mientras Franco proseguía la política de exterminio del enemigo que había iniciado el 18 de julio (conforme a las instrucciones del General Mola), en el bando de los vencidos siguió pensándose en la necesidad de superar la gran división producida en 1936. Tardó algunos años en manifestarse, pero no demasiados. En 1948 se firmó el llamado pacto de San Juan de Luz que suscribieron, por un lado, Indalecio Prieto en nombre del PSOE, y el Conde de los Andes y José María Gil-Robles en representación de las fuerzas monárquicas, pacto que propició el Gobierno laborista británico y su Ministro de Asuntos Exteriores, Ernest Bevin. Aunque el pacto fracasó, porque tras su firma Juan de Borbón prefirió entenderse con Franco, lo más relevante del mismo es el hecho de que fuerzas políticas enfrentadas durante la Segunda República, y más aún en la Guerra Civil, fueran capaces de reconciliarse. Es paradójico que los monárquicos otorgaran legitimidad política al PSOE nueve años después de acabar la Guerra Civil, cuando durante la Segunda República los monárquicos de todos los matices deslegitimaron a todas las izquierdas. Por eso, el pacto de San Juan de Luz es el primer caso de reconciliación nacional de la España del siglo XX, a pesar de que lo boicoteó el que habría sido su primer beneficiado, Juan de Borbón.

Poco después, en 1956, el Partido Comunista de España (con una dirección joven que había desplazado a los dirigentes más próximos a Stalin) lanzó su política de reconciliación nacional. En una larga declaración del Comité Central del partido, que difundió Radio España Independiente, los comunistas propugnaron enterrar los odios, volver a los “trece puntos” de 1938 y superar la división entre “rojos” y “azules”, porque todos eran víctimas de la guerra y de la dictadura. Desde entonces, la política de reconciliación nacional fue uno de los ejes más continuos de la política del Partido Comunista de España.

El tercer hito de reconciliación entre españoles fue la celebración del IV Congreso del Movimiento Europeo, que tuvo lugar en Múnich en junio de 1962. A pesar de la reacción histérica y desproporcionada de la dictadura (que denominó “contubernio” a la reunión), no fue un acto de oposición directa contra Franco, sino un pacífico encuentro, donde por vez primera, de la oposición del exilio (Salvador de Madariaga, Rodolfo Llopis) y la del interior (Unión Español, el partido clandestino de los monárquicos de oposición, Gil-Robles, el PSOE del interior, Dionisio Ridruejo, nacionalistas vascos y catalanes), con la única excepción de los comunistas, se reunió para dialogar y las consecuencias del dialogo se expresaron en la frase final de Madariaga al cerrar el encuentro: “Hoy ha terminado la guerra civil”.

Es decir, a lo largo de la larga dictadura, las izquierdas participaron en tres momentos de reconciliación: entre dos grupos enfrentados durante la República y la Guerra Civil (pacto de San Juan de Luz), entre los dos bandos de la guerra (reconciliación nacional de los comunistas) y entre la oposición del exilio y la del interior, con inclusión de grupos conservadores (Congreso de Múnich). ¿Qué hizo la derecha franquista mientras tanto? NADA.

Tras la muerte de Franco, la transición puede considerarse un pacto de reconciliación entre derechas e izquierdas, entre el franquismo y el exilio, entre el pueblo y el Rey impuesto por el dictador, y es en ese contexto donde debemos enmarcar el acto de presentación de un libro de Santiago Carrillo (Eurocomunismo y Estado, Barcelona, 1977) por parte del Presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne. También tuvo ese significado reconciliador la renuncia del PSOE a sus enmiendas republicanas al proyecto de Constitución. En ese sentido, hay que reconocer que durante varias décadas ha funcionado el espíritu de reconciliación entre derechas (casi todas franquistas) e izquierdas. Pero…

La reconciliación en España ha funcionado aceptablemente sin mirar atrás en la Historia. No debe extrañarnos, pues es el supuesto de la democracia representativa forjada en Europa a partir de 1945, el juego político entre adversarios que se reconocen legitimidad mutuamente. Si democristianos, Liberales y Socialdemócratas no se hubieran reconocido legitimidad, el Estado social, constituido partir de 1945, no habría funcionado en Europa occidental. Por tanto, que la derecha española (Alianza Popular y Partido Popular) haya practicado (al menos hasta Pablo Casado) el juego constitucional que comporta la alternancia no debería extrañarnos. Pero la derecha española arrastra un problema, que es su rechazo a la experiencia democrática de la Segunda República y su alineamiento con el bando rebelde durante la Guerra Civil y con todo el régimen franquista.

En sentido subjetivo, individual, cada persona asume el pasado histórico a su manera. Una persona cuya familia sufrió la política de un bando durante la Guerra Civil es natural que se posicione contra ese bando. Pero, en sentido político, un partido como el Partido Popular, identificado con la actual democracia constitucional española, no puede disociarse y apostar por la Monarquía parlamentaria y, simultáneamente, en el pasado, por la dictadura. Porque, en términos constitucionales, hay una evidente continuidad entre la Constitución de 1931 y 1978. Por otra parte, no se exige a la derecha que aplauda con las orejas al régimen republicano y al bando republicano de la Guerra Civil. Sólo se le piden dos cosas, a saber: que admita la legitimidad jurídica y conceptual del régimen republicano y la ilegitimidad de la dictadura, más allá de los errores políticos y los daños humanos que se produjeron en aquellos años.

Mientras tanto, mientras no se dé ese paso, que supone desvincularse conceptualmente del franquismo, la derecha española (al menos el Partido Popular) deja caer una cierta sombra de duda que provoca la desconfianza de la izquierda, máxime cuando, como hemos comentado muchas veces, Pablo Casado parece querer encerrar al PSOE en una marginación inconstitucional. Si la Iglesia admitió el aggionamiento con el Concilio Vaticano II, si las izquierdas practicaron tres importantes momentos de reconciliación, lo mismo debe pedirse a la derecha democrática española.