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La vivienda en el documento ‘España 2050’


En el documento de prospectiva ‘España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo’, publicado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, no hay un capítulo específico sobre vivienda, pero ésta es objeto de tratamiento en varios apartados del mismo. La vivienda se incluye entre las actuaciones destinadas a lograr un desarrollo territorial equilibrado. También se la considera como un instrumento que puede reducir las desigualdades existentes en la población española. Tales desigualdades habrían aumentado como consecuencia de la crisis financiera y de la deuda, que se extendió entre 2008 y 2013, y después por la fuerte recesión provocada por la pandemia de 2020-21, que afectó de forma desigual a los precios de los inmuebles.

Los recursos a destinar a la herencia pública universal podrían servir mejor para movilizar la construcción de un amplio parque de viviendas de alquiler

En el sexto de los “Desafíos de Futuro”, “Promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible”, el documento subraya los inconvenientes de la continuidad de los procesos de ‘turistificación’ y ‘gentrificación’ sufridos durante las últimas décadas en numerosas ciudades españolas. Tales procesos han acrecentado el número de pisos de alquiler vacacional (viviendas turísticas) y de establecimientos hoteleros. En los centros urbanos afectados por dichos procesos acaban residiendo hogares con elevado poder adquisitivo, mientras que los antiguos vecinos de dichos barrios céntricos han sido desplazados a viviendas de alquiler situadas en los barrios periféricos o en las ciudades del extrarradio.

Se podría conseguir un desarrollo territorial más equilibrado si se garantizase el acceso a la vivienda a los nuevos hogares. El documento considera que el número de hogares crecerá en España en 1.100.000 entre 2021 y 2035. El aumento será mayor en las zonas turísticas, destacando los crecimientos de Baleares, Canarias, Murcia, Madrid y Andalucía. En 2030, según el documento, la demanda potencial de viviendas sociales se duplicará en España, alcanzando los 2,6 millones, pues serán numerosas las personas que no podrán acceder a una vivienda digna y adecuada sin el apoyo del Estado (el documento no explica cómo se obtiene esta última estimación de la demanda potencial de vivienda social).

En ausencia de una corrección significativa de las actuales tendencias demográficas y territoriales, las ciudades se irían escorando hacia una realidad en la que destacarían dos estratos sociales profundamente desiguales en cuanto a niveles de renta y de riqueza. Por una parte estarían los hogares propietarios de viviendas, con amplia capacidad de ahorro, y por otro lado estarían los hogares que residirían en viviendas de alquiler o en pisos compartidos.

El documento considera que los denominados “objetivos 32 a 36” permitirían avanzar hacia un mayor equilibrio territorial. El objetivo 32 consiste en reducir progresivamente la proporción de hogares que realizan en España un sobreesfuerzo para acceder a la vivienda, con especial interés en la población que vive de alquiler, que es la que sufre la sobrecarga más elevada.

Según el documento, en el periodo 2015-19 un 9,5% de la población de España realiza tal sobreesfuerzo, proporción superior al 9,2% del conjunto de los 27 países de la Unión Europea (no se indica cómo se ha obtenido dicha proporción). La necesaria política de vivienda reduciría gradualmente la proporción de población que sufre tal sobreesfuerzo, de forma que en 2050 dicha proporción de hogares deberá haber descendido hasta el 4,5%.

Para reducir el alcance de la población que realiza sobreesfuerzo para acceder a la vivienda el documento recomienda, en primer lugar, incrementar la disponibilidad de vivienda pública y social. Esto se conseguiría por medio de la compra de viviendas en edificios ya consolidados, así como también por medio de la rehabilitación y la construcción de nuevas viviendas, procurando evitar nuevos procesos de segregación socioespacial.

Otros instrumentos para reducir la proporción de hogares con sobreesfuerzo serian el fomento del alquiler de la vivienda vacía, la creación de un marco fiscal favorable al aumento de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles, la protección del patrimonio público de vivienda y el establecimiento de mecanismos de protección del patrimonio público de vivienda. La rehabilitación de las viviendas seria la pieza más importante de la estrategia nacional de regeneración urbana integral.

En el octavo de los “Desafíos de futuro”, “Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social”, uno de las principales vías es la mejora de las dinámicas del mercado inmobiliario. El documento insiste en que la gran fractura está entre las familias que pueden acceder a una vivienda en propiedad (el 76% de los habitantes) y las que no lo consiguen, el 20%, que viven de alquiler en unos casos a precio de mercado y en otros a precios inferiores a los del mercado. El 43% de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza vive en alquiler. Los altos alquileres que se pagan en las grandes ciudades explican que la mayor parte de los desahucios correspondan a familias que no han podido pagar la renta mensual.

En los hogares que residen en viviendas en propiedad existe también una fuerte diferencia entre quienes han accedido a una vivienda a través de una herencia y los que han requerido de un préstamo hipotecario para adquirir la vivienda. Según el documento, las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España, proporción superior a la del entorno europeo. Los cambios en los precios de las viviendas afectan también a los niveles de riqueza, acentuando las desigualdades, como sucedió en la crisis de 2008.

La desigual distribución de las herencias afecta la equidad entre las generaciones jóvenes. El documento propone la creación de una “herencia publica universal”, dotación económica que todos los jóvenes recibirían alcanzada una cierta edad y que podría valer para adquirir la primera vivienda. Este mecanismo se considera que podría paliar las fuertes diferencias existentes en el momento de su puesta en marcha.

En el documento se asocia la vivienda de alquiler con los hogares con menos ingresos. Los recursos a destinar a la herencia pública universal podrían servir mejor para movilizar la construcción de un amplio parque de viviendas de alquiler. El documento no aporta detalles sobre el instrumento de más alcance, que es el de del necesario incremento en la disponibilidad de vivienda pública y social. La vivienda es un bien de primera necesidad y constituye un fin en sí mismo, y no tanto un instrumento para conseguir otros objetivos.

Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.